Legisladores de distintas fuerzas exigieron investigaciones y sanciones tras revelarse supuestos cobros irregulares de Bs 2 por litro de diésel al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Ante este panorama, el vicepresidente Edmand Lara anunció la presentación de una denuncia penal para frenar la extorsión a gasolineras y productores.
La controversia surgió a raíz de un video difundido en redes sociales, donde un denunciante relató que funcionarios exigen pagos extra para priorizar la entrega del combustible. En consecuencia, la diputada Lissa Claros, de la alianza Libre, afirmó que autoridades de la estatal en el oriente boliviano “están empezando a hacer su carnaval ante la pasividad del señor Daroca”. Asimismo, el legislador Edgar Zegarra (Libre) pidió explicaciones formales al Gobierno sobre la situación, mientras la bancada de Unidad demandó aprehender a los involucrados de manera inmediata.
Además de impulsar una fiscalización, Lara cuestionó el manejo institucional y enfatizó que “no puede ser que con plata del Estado se estén aprovechando de la gente”. Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, calculó que este ilícito movería tres millones de dólares diarios en sobornos. Ante el hecho, sugirió que el Estado cese la importación de carburantes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, aseguró que el caso ya se encuentra en investigación y garantizó acciones contundentes para desbaratar a las bandas implicadas. Con información de Unitel