Daniela Durán Antezana, una abogada con trayectoria en el sector hidrocarburífero, pasó este lunes de ocupar cargos estratégicos dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a convertirse en una de las personas investigadas en el caso de la gasolina desestabilizada o “gasolina basura”.
La exdirectora jurídica de YPFB Corporación fue aprehendida en Santa Cruz y trasladada a dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en la zona del Plan Tres Mil. El fiscal Luis Alberto Hurtado confirmó la detención y señaló que se coordinará con la Fiscalía de La Paz para definir su traslado a la sede de Gobierno, donde radica la indagación.
La investigación apunta a su participación en la autorización y respaldo jurídico de contratos relacionados con la adquisición de combustible que posteriormente fue cuestionado por sus problemas de calidad. Los delitos que se investigan son: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Desde la estatal petrolera indicaron que respetan el proceso de investigación y que será la justicia la que determine la situación de Durán.
Una abogada especializada en hidrocarburos
Durán tiene una trayectoria profesional vinculada principalmente al derecho empresarial, contractual y al sector de hidrocarburos.
En su perfil profesional de LinkedIn se presenta como abogada y asesora legal especializada en la industria del petróleo y gas. Entre sus áreas de experiencia menciona la negociación de contratos comerciales, derecho corporativo, derecho tributario, propiedad, análisis financiero y estrategia de fijación de precios. El mismo perfil registra estudios de Finanzas en la Universidad de Santiago de Chile entre 2006 y 2007 y experiencia profesional en YPFB Corporación.
Su relación con la petrolera estatal no es reciente. Documentos institucionales de YPFB Andina muestran que Durán ya ocupaba responsabilidades en el área legal de la compañía años atrás.
La memoria anual de YPFB Andina correspondiente a 2019 la identifica como gerente de Asuntos Legales de la empresa. Además, un documento institucional de 2020 señala que fue incluida como apoderada alterna de la sociedad, junto con otros ejecutivos.
La trayectoria también aparece vinculada a la administración de Yussef Akly. En 2020, cuando Akly era gerente general de YPFB Andina, Durán figuraba entre los ejecutivos con poderes de representación de la sociedad.
El salto al área jurídica de YPFB
Durante la actual gestión de YPFB, Durán ocupó uno de los puestos con mayor peso dentro de la estructura legal de la estatal. En marzo de este año fue identificada públicamente como gerente nacional legal de YPFB, desde donde tenía entre sus responsabilidades la revisión jurídica de contratos vinculados a la adquisición de combustibles y otros insumos estratégicos.
Su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en la discusión pública sobre la crisis de los combustibles a partir de febrero, cuando se difundió un audio atribuido al gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos Cuéllar Pinto.
Posteriormente, su permanencia en un puesto estratégico de la estatal fue cuestionada públicamente. Medios reportaron que había trabajado anteriormente en YPFB durante el gobierno de Evo Morales, donde habría ejercido funciones como jefa de la Unidad Legal. Esos antecedentes, sin embargo, forman parte del debate político sobre las designaciones dentro de la estatal y no constituyen por sí mismos una imputación penal.
¿Por qué la investigan?
La investigación fiscal se concentra en la denominada gasolina desestabilizada, un combustible que comenzó a generar denuncias después de que se detectaran problemas de calidad y daños en vehículos.
De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la investigación, los contratos relacionados con la provisión del combustible son parte central del proceso. Entre las empresas mencionadas aparecen Vitol y Trafigura, dos de los proveedores internacionales con los que YPFB mantenía acuerdos.
El Gobierno suspendió el 31 de marzo los contratos y la recepción de gasolina de ambas compañías mientras avanzaban las investigaciones sobre la calidad del combustible.
En abril, la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, informó —según la versión difundida por el diputado Carlos Alarcón— que uno de los principales factores detrás del problema estaba relacionado con la compra de gasolina base a Vitol, producto que debía ser mezclado con etanol y que, además, había sido almacenado en tanques con residuos y sedimentos.
El informe de una comisión especial de la Cámara de Diputados posteriormente sostuvo que el ingreso, internación y comercialización de la gasolina desestabilizada no obedeció a un hecho aislado, sino a una cadena de decisiones, omisiones administrativas y deficiencias técnicas. El documento identificó posibles responsabilidades en distintos niveles de la administración pública y de YPFB.
Es en ese contexto que la Fiscalía amplió la investigación hacia funcionarios y exfuncionarios que tuvieron participación en las decisiones relacionadas con la compra y manejo del combustible.
De YPFB Corporación a una subsidiaria
Cuando a fines de julio se conoció la orden de aprehensión en su contra, Durán ya no ejercía la dirección jurídica de YPFB Corporación. Había pasado a desempeñar funciones en una empresa subsidiaria de la estatal.
Reportes publicados el 28 de julio señalaron que, después de dejar el cargo en YPFB Corporación, fue designada en el área jurídica de YPFB Chaco.
Además, documentos de YPFB Andina muestran que Durán también fue incorporada como suplente en el directorio de esa sociedad, junto al titular Sebastián Daroca Oller.
Este lunes, sin embargo, la Policía ejecutó la orden de aprehensión que había sido emitida semanas atrás. La investigación ahora deberá establecer cuál fue exactamente su participación en los contratos cuestionados y si las decisiones que adoptó o avaló jurídicamente derivaron en alguna responsabilidad penal.
Un caso que escala hacia los niveles de decisión
La aprehensión de Durán se produce después de que la investigación alcanzara a otras autoridades vinculadas a la cadena de decisiones sobre los combustibles.
Entre los investigados se encuentran el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, el gerente general de YPFB Logística, Eddy Rolando Torrico Ibáñez; el gerente comercial de YPFB, Nelson Alejandro Mendoza; y el gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Cuéllar Pinto.
Medinaceli fue aprehendido a fines de julio y posteriormente un juez cautelar de La Paz determinó que se defienda en libertad. La Fiscalía lo investiga también por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Con Durán, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de quienes participaron en la revisión, aprobación y ejecución de los contratos de abastecimiento de combustibles.
Por ahora, la aprehensión no equivale a una condena. La Fiscalía deberá sustentar ante la justicia los indicios que atribuye a la exdirectora jurídica y ella tendrá derecho a ejercer su defensa dentro del proceso.