Rolando Schrupp afirmó que Santa Cruz necesita alrededor de cuatro millones de litros de diésel para evitar que se frene la producción agrícola. Sostuvo que existe capacidad logística y proveedores, pero falta una “ingeniería legal” que permita al departamento participar en la cadena de importación y distribución de combustible
La Gobernación de Santa Cruz busca acelerar una alternativa para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles y garantizar, inicialmente, el diésel requerido por el sector agropecuario. Rolando Schrupp, vocero del Gobierno departamental, afirmó que el problema no solo es la falta de producto ni de capacidad de distribución, sino las trabas estatales que impiden que el combustible llegue a los consumidores.
“Tenemos una crisis energética, no debido a una falta de productos, no debido a una falta de capacidad de distribución y no debido a una falta de necesidad de mercado”, afirmó Schrupp durante una entrevista en el programa ON- Otra Noche con Sissi que se emite por EL DEBER.
El funcionario señaló que el sector agropecuario requiere actualmente unos cuatro millones de litros de diésel para mantener su campaña productiva y advirtió que una interrupción podría generar consecuencias sobre el abastecimiento de alimentos en el país.
“El agro necesita ahorita cuatro millones de litros de diésel para no parar la producción, que es la que nos da de comer a toditos nosotros”, sostuvo.
Schrupp explicó que la propuesta departamental busca utilizar las atribuciones establecidas en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz para que la Gobernación pueda convertirse en un actor público que facilite la importación, comercialización y distribución de combustibles mediante alianzas con empresas privadas.
La iniciativa se conoce después de que el gobernador Juan Pablo Velasco anunciara que la Gobernación trabaja en un convenio con una empresa privada internacional para importar, almacenar y comercializar gasolina y diésel sin subsidio y a precios internacionales.
Para Schrupp, la infraestructura necesaria ya existe. “La capacidad está instalada. Yo le aseguro que tienen toda la capacidad de comercialización al menudeo los surtidores. Lo que no tienen es el producto para ofrecerlo”, manifestó.
Según el vocero, el objetivo no sería que la Gobernación construya o administre nuevos surtidores, sino que actúe como garante público para facilitar la conexión entre importadores privados, distribuidores y consumidores.
Piden un Decreto Supremo
Uno de los principales obstáculos, según Schrupp, es la necesidad de contar con un instrumento jurídico de mayor jerarquía que permita aplicar las competencias autonómicas y evitar que nuevas regulaciones vuelvan a frenar el mecanismo.
En ese sentido, sostuvo que la decisión está en manos del Gobierno nacional y del presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien atribuyó la responsabilidad de emitir un decreto que permita “destrabar” la participación de la Gobernación.
“El presidente tiene que dar un decreto para liberar estas trancas centralistas. Tiene que decir que se aplique el estatuto, que se aplique la norma”, afirmó.
El vocero insistió en que la Gobernación no pretende sustituir al Gobierno nacional, sino participar como actor estatal departamental en una alianza con empresas privadas. “Podemos hacer una alianza estratégica, se llame alianza público-privada, se llame convenio de riesgos compartidos; eso es el detalle que tenemos que trabajar ya en una mesa específica”, explicó.
Schrupp también cuestionó la diferencia entre el precio oficial del combustible y el valor al que, según afirmó, se comercializa en determinados puntos fuera de los canales formales.
Puso como ejemplo que una persona puede adquirir diésel a un precio cercano a Bs 10 por litro en un surtidor y posteriormente encontrarlo en una comunidad a unos Bs 17, situación que, en su criterio, genera incentivos para el mercado ilegal. “Hay un incentivo perverso”, afirmó, al referirse a la diferencia entre el precio al consumidor y el precio en determinados mercados informales.
A su juicio, el exceso de controles también termina dificultando el acceso al combustible para pequeños productores y comunidades.
El vocero de la Gobernación pidió acelerar las gestiones y descartó que la propuesta pueda esperar hasta 2027. “Esto debería viabilizarse en las próximas semanas porque, de nuevo, la cosecha no va a esperar”, sostuvo.
Schrupp aseguró que la Gobernación ya trabaja en la estructura legal de la propuesta y que mantiene conversaciones con proveedores y propietarios de surtidores, mientras se busca socializar el proyecto con la ciudadanía y posteriormente avanzar con las autoridades nacionales.
El planteamiento departamental tiene como prioridad inicial al sector agropecuario, aunque Schrupp señaló que el impacto de una eventual solución alcanzaría a otros sectores de la economía. “Nuestro interés mayor es que el agro no pare”, remarcó.
El vocero advirtió que una paralización del campo no solo afectaría los ingresos de los productores, sino que podría comprometer la provisión de alimentos para el resto del país. “¿Qué pasa cuando el campo se pare y no produce? No es un tema de que los ricos no van a ganar plata, es un tema de que se pone en riesgo la alimentación del país”, afirmó.
La Gobernación sostiene que su propuesta podría ejecutarse mediante recursos privados, mientras el departamento asumiría el papel de articulador y garante público, siempre dentro del marco legal que deberá ser habilitado por el Gobierno nacional.
“El mercado está, la logística está, la infraestructura está. Está todo menos la voluntad estatal”, agregó Schrupp.