El acoso y la violencia política en Bolivia han obligado a dimitir a 10 mujeres electas durante la presente gestión, según un informe reciente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esta cifra evidencia la persistente desprotección y la presión sistemática que sufren las autoridades municipales femeninas, quienes se ven forzadas a abandonar sus cargos públicos pese a que las eleigieron democráticamente.
«En este periodo, que viene de mayo a la fecha, hemos debido recibir alrededor de unas, ya, prácticamente diez renuncias. Eso llamó la atención, cómo es posible que una mujer posesionada en mayo, que atravesó todo un proceso electoral, renuncie tan rápido”, cuestionó la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ximena Camacho.
La funcionaria detalló que existen diferentes motivos y que, entre ellos, se identificaron casos de acoso político que los remitieron al Ministerio Público para que inicie las acciones que correspondan.
LEY
Camacho explicó que el TSE atiende estos casos en el marco de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Se los recibe bajo los siguientes criterios: una vez que la mujer presenta su renuncia pasa por una entrevista. Luego, se analizan sus respuestas para determinar si la decisión es voluntaria o producto de un acto de acoso, violencia o presión.
Agregó que, una vez identificado el hecho, el Órgano Electoral remite el caso al Ministerio Público.
La autoridad indicó que, en lo que va del año, se remitieron entre 10 y 11 casos al Ministerio Público por acoso y violencia política.
“Las amenazan a nivel familiar, personal, o con actos como que no les dejan leer lo que tienen que firmar”, detalló, según ABI.
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Además, sostuvo que, en muchos de estos casos, las víctimas son desacreditadas, ninguneadas. No les dan su lugar como autoridades o son difamadas por canales digitales.
Ante este contexto, mencionó que el TSE impulsa capacitaciones sobre la prevención del acoso y la violencia política. El objetivo es poner fin a estas prácticas negativas.