Mientras dure el estado de excepción en Bolivia – del 19 de septiembre al 17 de diciembre – los legisladores instalarán mesas técnicas de trabajo para empezar a analizar los puntos que se pretenden cambiar de la actual Constitución Política del Estado (CPE). Se prevé que este trabajo, pre reforma constitucional, será desde noviembre hasta enero de 2027 cuando se activarán las comisiones y comités de ambas cámaras para el análisis y debate correspondiente.
El primer paso para este trabajo – que será alterno al tratamiento de otros proyectos de ley en cada cámara – será realizar un análisis jurídico y técnico con expertos jurídicos para marcar una ruta crítica concreta para no entrar en contravenciones con lo que establece la Constitución boliviana.
“Las mesas técnicas no se van a detener, hay que seguir trabajando, porque lo que nos va a faltar es tiempo. Primeramente, se tiene que hacer un análisis jurídico, un análisis técnico con los profesionales entendidos”, afirmó a EL DEBER el senador Freddy Castillo del PDC.
El debate entre los parlamentarios antes de que el Legislativo autorice ampliar por 90 días más el estado de excepción a pedido del Ejecutivo, es que la medida retrasaba el tratamiento urgente para modificar la CPE, sobre todo para establecer nuevas reglas para atraer inversiones.
No obstante, consientes de aquello, por votos de la mayoría absoluta se otorgó la ampliación, pero también se buscaron las rutas alternas para que ese paréntesis en la reforma constitucional no paralice por completo la meta, más cuando ya se habían presentado más de seis proyectos que plantean la modificación a la norma suprema.
El diputado Óscar García del PDC, agregó que la instalación de las mesas de trabajo será un trabajo coordinado entre los comités y las comisiones vinculadas al área. En este caso, las comisiones de Constitución y de Justicia del Senado y Diputados.
Se prevé que el trabajo de las mesas técnicas se desarrolle en todas las ciudades capitales del país, pero antes de aquello en octubre se definirá esa ruta crítica para ejecutar la tarea entre noviembre y diciembre. “En enero (de 2027) pensamos abrir el nuevo año con este trabajo de reforma a la Constitución”.
Las prioridades
La reforma constitucional se basa en cuatro grandes pilares: economía, justicia, autonomía y electoral. En el ámbito económico están las modificaciones a las leyes de inversiones, hidrocarburos y minería. En el ámbito judicial, cambiar el sistema de justicia y la elección de magistrados por voto popular. En las autonomías, descentralizar el Estado y en el cuarto pilar, modificar las tres leyes electorales: 018, 026 y 1069.
Son al menos seis iniciativas que se han presentado ante la Asamblea Legislativa para la reforma constitucional. Entre ellos están el proyecto de ley (PL) a la CPE en materia de Justicia, presentada por el diputado Juan Del Granado (Unidad), el PL de Reforma parcial a la CPE, del diputado Carlos Alarcón (unidad), el PL de reforma constitucional “Para salvar Bolivia”, de la bancada de Libre, el PL de reforma a la CPE “para el fortalecimiento de las autonomías y la descentralización de competencias” y el PL de reforma a la CPE para fortalecer las autonomías.
De la “ley que garantiza la libre protesta” a la ley de inversiones y la elección judicial complementaria
La agenda legislativa, además de la reforma constitucional, tiene varios proyectos de ley pendientes. Entre ellos, la “Ley de derecho para garantizar la libre protesta y la libre transitabilidad”, la nueva ley de inversiones, hidrocarburos, el nuevo Código Minero, planteamientos que surgen del Órgano Ejecutivo.
Asimismo, está en agenda la elección judicial complementaria, entre otros proyectos remitidos desde el Órgano Judicial.
Los legisladores preparan mesas técnicas previas a la reforma constitucional
En ese marco también surgieron distintas propuestas para completar las acefalías en el Tribunal Constitucional y en el Órgano Judicial. Una de ellas plantea de forma extraordinaria que las mismas sean llenadas por una elección interna que esté a cargo de la Asamblea Legislativa y del presidente del Estado, sin ir a elecciones.
La otra propuesta plantea que los magistrados suplentes asuman la titularidad para cubrir los vacíos los años que restan de la gestión de los actuales magistrados.
A esta agenda pendiente se suma el nuevo Pacto Fiscal o la distribución 50/50, la nueva Ley de educación, el proyecto de ley para el Presupuesto General del Estado 2027, la elección de un nuevo Contralor General del Estado, tema aplazado prácticamente por un año en la Asamblea Legislativa