La entrada en vigor de nuevas restricciones aduaneras en Argentina genera preocupación entre comerciantes y autoridades de las localidades fronterizas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, en Salta, y de Bermejo y Yacuiba, en Tarija, por su posible impacto en el intercambio comercial entre ambos países.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la Resolución General 5910/2026, estableció un límite de 150 dólares diarios por persona para la salida de mercaderías bajo el Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo.
Esta disposición comenzó a regir el sábado 10 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial el viernes 9.
La normativa alcanza a los residentes de localidades fronterizas de países vecinos que compran productos en territorio argentino para consumo personal, familiar o del hogar.
También incorpora restricciones sobre determinados alimentos y prohíbe la salida de trigo, soya y maíz en cualquiera de sus formas, así como de mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
Además, la disposición restringe la venta de combustibles a compradores bolivianos en bidones, tanques suplementarios y otros recipientes, según los alcances descritos en la normativa.
ARCA justificó los cambios en la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y evitar el fraccionamiento de operaciones, la repetición sistemática de movimientos y el desvío de productos hacia circuitos comerciales no autorizados.
Sin embargo, las nuevas condiciones provocaron cuestionamientos de autoridades locales y representantes del sector comercial, quienes advierten que las restricciones podrían afectar operaciones habituales y perjudicar a comerciantes que trabajan dentro de la legalidad.
Según un reporte de El País de Tarija, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, calificó la decisión de inconsulta y puso en duda su eficacia. Aunque consideró razonable impedir el transporte de combustible en bidones, sostuvo que la medida no evitaría que una persona cruce la frontera en su vehículo particular, cargue combustible y regrese a Bolivia, incluso de manera reiterada.
Zigarán también alertó sobre las posibles consecuencias económicas de las restricciones y señaló que algunas operaciones comerciales vinculadas al puesto de control inaugurado en Caraparí, en Salvador Mazza, podrían verse limitadas. A su juicio, si no se refuerza la vigilancia de los pasos clandestinos, parte de la actividad podría desviarse hacia circuitos ilegales.
En Salvador Mazza, la titular de la Cámara de Comercio local, Norma Gareca, cuestionó la aplicación de las nuevas disposiciones y pidió aclaraciones sobre su alcance. También señaló que existen mercaderías adquiridas con anticipación cuya entrega puede demorar entre 10 y 15 días.
Entre las principales dudas del sector figuran la interpretación de los límites de peso y volumen, el tratamiento de los productos líquidos y los mecanismos para controlar las cantidades permitidas.
Los comerciantes consideran que las particularidades del intercambio fronterizo requieren precisiones sobre la aplicación de la resolución. Mientras esperan respuestas de ARCA y de las autoridades políticas, no descartan recurrir a la vía judicial.
La medida abre interrogantes sobre su impacto en el comercio fronterizo entre ambos países. Mientras la autoridad aduanera argentina busca frenar las operaciones irregulares, los sectores afectados advierten que las restricciones podrían perjudicar a los comerciantes formales sin evitar que las actividades ilegales se desplacen hacia otras rutas.