Una prenda, un alimento o un detergente más barato puede resolver una cuenta inmediata en el hogar. Pero, para Gary Rodríguez, detrás de esa compra hay otra cuenta que no siempre se ve: la del productor que pierde mercado, el empleo formal que desaparece y los impuestos que no llegan al Estado.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) puso esa tensión sobre la mesa al presentar los resultados de un sondeo sobre el contrabando en Bolivia. El 90% de los participantes considera que estos productos se compran porque son más baratos, mientras que el 83% reconoce que esa actividad perjudica al país, afecta a las empresas formales y provoca pérdida de empleos.
“Hay un adagio que dice: lo barato cuesta caro”, afirmó Rodríguez en conferencia de prensa. Para el ejecutivo, el problema no se limita a las fronteras ni se resolverá únicamente con decomisos: también exige revisar la aceptación social de una actividad que, a su juicio, durante años fue presentada como fuente de trabajo y de productos accesibles.
El sondeo digital reunió 1.094 respuestas entre el 17 y el 30 de septiembre de 2026. Sus resultados forman parte de un estudio sobre contrabando y falsificación que el IBCE prevé presentar en noviembre, junto con propuestas de corto, mediano y largo plazo.
El precio que inclina la compra
La ropa y los alimentos encabezan la lista de productos que los participantes asocian con el contrabando. Ropa, confecciones y calzados reciben el 69% de las menciones, seguidos por alimentos y abarrotes, con el 65%.
También aparecen electrodomésticos, celulares y otros productos electrónicos, con el 56%; detergentes y artículos de limpieza, con el 55%; bebidas, con el 49%; medicamentos e insumos de salud, con el 35%, y muebles para el hogar o la oficina, con el 18%.
Son artículos que forman parte del consumo cotidiano. Para Rodríguez, su menor precio ayuda a explicar por qué encuentran compradores, pero esa ventaja tiene consecuencias para quienes producen, importan y venden dentro de la legalidad.
“El contrabando es un delito porque daña a la economía y daña a la sociedad boliviana, quita mercado a nuestros productores, nuestros comerciantes e importadores que operan dentro de la legalidad, destruye empleos en el sector formal, no tributa al Estado y provoca corrupción”, sostuvo.
El ejecutivo relacionó el crecimiento de esta actividad con factores como la variación de los tipos de cambio en los países vecinos y la necesidad de las personas de comprar a menor precio. A ello sumó la existencia de una demanda que mantiene activo el negocio.
“Cuando hay mercado, cuando hay demanda, por supuesto que la oferta se activa”, dijo. En su criterio, esa oferta puede expandirse con mayor o menor facilidad según la capacidad de vigilancia, prevención y sanción del Estado.
Una compra que continúa
Las respuestas muestran distintas frecuencias de compra: el 49% de los participantes dice que adquiere productos de contrabando rara vez; el 39%, ocasionalmente, y el 12%, frecuentemente.
En otra pregunta, el 69% está de acuerdo con que comprar contrabando, incluso para consumo personal, es ilegal. Por separado, el 67% responde afirmativamente cuando se le consulta si adquiere esos productos a propósito o porque no tiene alternativa.
Rodríguez interpretó estos resultados como una señal de que existe una compra consciente de mercancía ilegal. Su preocupación es que el reconocimiento del problema conviva con la aceptación de sus beneficios inmediatos.
“Se ha romantizado incluso el contrabando como que es generador de empleo y de ingresos para la población o que le permite acceder a la gente a productos a precios accesibles”, afirmó.
El gerente del IBCE cuestionó esa justificación y sostuvo que la actividad debe ser prevenida y sancionada. También llamó a educar a los consumidores sobre sus efectos económicos y sobre los riesgos que pueden enfrentar al adquirir productos falsificados.
El riesgo de los productos falsificados
Rodríguez advirtió que el contrabando puede cruzarse con la falsificación en mercancías como alimentos, detergentes, ropa y productos electrónicos. En esos casos, dijo, el perjuicio no se limita a la competencia con los negocios legales: también puede alcanzar la salud y la seguridad de las personas.
Al mencionar los medicamentos, planteó el riesgo de adquirir un producto a mitad de precio que no cumpla la función esperada. “No va a atacar el problema porque se trata de un producto trucho”, señaló.
Su advertencia apunta a una pregunta que, considera, debería acompañar la decisión de compra: qué controles y requisitos cumplió el artículo antes de llegar al consumidor. “No siempre lo barato es lo mejor que uno puede o debe adquirir”, sostuvo.
El costo de ser formal
El sondeo también refleja una preocupación extendida entre sus participantes. El 53% considera que el contrabando está descontrolado y el 40%, que es alto. Ambas respuestas suman el 93%. Además, el 91% cree que aumentó la presencia de mercancía de contrabando en mercados y ferias.
El reconocimiento de los efectos sobre los recursos públicos es igualmente amplio: el 83% coincide en que la falta de pago de impuestos reduce el dinero disponible para salud, educación y proyectos públicos.
Para enfrentar el problema, Rodríguez planteó combinar sanciones con incentivos a la formalidad. En su diagnóstico, quienes buscan operar legalmente también afrontan trámites, costos y controles que dificultan su actividad.
“No solamente se trata de tener una política de garrote para sancionar al que está delinquiendo, sino también una política de la zanahoria”, dijo, al proponer medidas que promuevan la formalidad y la legalidad.
“Hoy día ser legal, ser formal en muchos casos atemoriza a la gente porque es costoso, es moroso”, agregó. A su juicio, esa situación obliga a los negocios que cumplen las reglas a competir en desventaja con mercancías que ingresan ilegalmente.
El IBCE prevé presentar en noviembre un diagnóstico y propuestas dirigidas tanto a las autoridades como a la sociedad. Rodríguez sostiene que la respuesta debe ser integral: controlar las rutas de ingreso, prevenir y sancionar el delito, facilitar la actividad formal y explicar a los consumidores qué consecuencias puede tener la compra de esos productos.