En 2013 se revoc\u00f3 la autorizaci\u00f3n para explotaci\u00f3n forestal a la ex concesi\u00f3n Romano en el municipio de San Rafael. Entre 2015 y 2016, el INRA dio las resoluciones de asentamiento a nuevas comunidades en ese lugar, de acuerdo a los datos que el mismo INRA facilit\u00f3 a la Asociaci\u00f3n de Cabildos Ind\u00edgenas de San Rafael (Acisar).<\/p>\n
En 2019 y 2020, la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) autoriz\u00f3 desmontes a esas nuevas comunidades que hasta la fecha, casi seis a\u00f1os despu\u00e9s, no habitan ah\u00ed, aunque la norma manda revertir las resoluciones tras dos a\u00f1os de incumplimiento de la Funci\u00f3n Econ\u00f3mica y Social (FES).<\/p>\n
Entre agosto y octubre de 2021, durante el periodo de prohibici\u00f3n de quemas y desmontes de la ABT, se abri\u00f3 una brecha de 60 km, seg\u00fan lo que mostr\u00f3 un monitoreo satelital multitemporal al que accedi\u00f3 EL DEBER.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las 19 comunidades beneficiadas con parcelas dentro de la ex concesi\u00f3n Romano son campesinas, agr\u00edcolas y ganaderas. Sin embargo, el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento cruce\u00f1o establece que esa zona \u00fanicamente es Tierra de Producci\u00f3n Forestal Permanente (TPFP).<\/p>\n
Lo que pasa en San Rafael se repite en distintas zonas del departamento y del pa\u00eds. Los datos de la C\u00e1mara Forestal de Bolivia (CFB) indican que la superficie de 5,9 millones de hect\u00e1reas (ha), que estaba destinada a las ex concesiones forestales, hoy Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), se redujeron a dos millones en el pa\u00eds, y a casi 1,1 millones en Santa Cruz.<\/p>\n
\u201cNos preocupa todo proceso de deforestaci\u00f3n en suelos no aptos para deforestar. Hay un principio que nosotros como instituci\u00f3n hemos defendido desde el primer momento, y es que hay que respetar la capacidad de uso mayor del suelo. Si no respetamos eso, estamos precipitando un proceso de destrucci\u00f3n de la econom\u00eda y del medio ambiente\u201d, dijo Jorge \u00c1vila, gerente de la C\u00e1mara Forestal de Bolivia (CFB).<\/p>\n
Asegur\u00f3 que a la CFB no le importa qui\u00e9n tiene el derecho, pero dijo que si se tratara de un Estado responsable, nunca dotar\u00eda un predio para producci\u00f3n agr\u00edcola en suelo de vocaci\u00f3n forestal, y lamentablemente se est\u00e1 haciendo.<\/p>\n
El ejecutivo record\u00f3 que est\u00e1 previsto en la CPE, en los art\u00edculos 380 y 389, que si no se respeta la capacidad de uso mayor del suelo, no solo se viola la CPE y el PLUS, sino que adem\u00e1s se encamina a un desastre ecol\u00f3gico.<\/p>\n
En el pa\u00eds, dijo, hab\u00eda 87 concesiones, ahora hay 20 ATE. \u201cSe fueron con las casi 4 millones de ha que revirti\u00f3 el Estado y que fueron dotadas en m\u00e1s de 80% a comunidades interculturales y 20% a grandes empresas agropecuarias. O sea que hoy esas tierras, que son 100% de vocaci\u00f3n forestal, tienen otro uso\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
El gerente de la CFB dijo que se aprobaron varias normas que violan la CPE, una de ellas es la Ley 337, de reposici\u00f3n de bosques, la ley del perdonazo, que en una disposici\u00f3n transitoria final dice que podr\u00e1n otorgarse derechos para uso agropecuario en tierras de producci\u00f3n forestal permanente a comunidades ind\u00edgenas y campesinas y que pueden desboscar hasta el 20% de la superficie. \u201cEso es poner un tumor cancer\u00edgeno en un \u00f3rgano\u201d, alert\u00f3.<\/p>\n
Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundaci\u00f3n Tierra, asever\u00f3 que el INRA est\u00e1 cambiando el uso del suelo del departamento cruce\u00f1o sin tener esa competencia. Sobre la ABT, dijo que hace lo contrario a lo que es su atribuci\u00f3n, que es la de preservar la capacidad de uso mayor que tenga la tierra.<\/p>\n
Record\u00f3 que, en el caso de San Rafael, en 2004 la organizaci\u00f3n chiquitana Acisar hab\u00eda solicitado tierra al INRA para conformar la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Esecatato, petici\u00f3n que inicialmente fue aprobada.<\/p>\n
\u201cAcisar empez\u00f3 su tr\u00e1mite de saneamiento, que sin mayores explicaciones fue paralizado desde 2009, y luego se entregaron resoluciones a otras comunidades. Una parte de la demanda de Esecatato estaba dentro de la ex concesi\u00f3n Romano\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
La diputada de Creemos, Mar\u00eda Ren\u00e9 \u00c1lvarez, mand\u00f3 petici\u00f3n de informe escrito (PIE) al INRA y a la ABT para saber qui\u00e9nes son los beneficiarios de estas tierras y con qu\u00e9 autorizaciones cuentan. Seg\u00fan ella, deber\u00edan ser respondidas la siguiente semana.<\/p>\n
Denunci\u00f3 la presencia de maquinaria pesada en el \u00e1rea donde operaba Romano, la brecha y que aparentemente se est\u00e1 recurriendo a un mecanismo, desde el INRA, de permitir asentamientos ficticios que, tras incumplir con la FES, son revertidos, y de alg\u00fan modo esa tierra cae en manos de extranjeros, en este caso de brasile\u00f1os.<\/p>\n
\u00c1lvarez apunt\u00f3 a que en la gesti\u00f3n de Cl\u00edver Rocha en la ABT, entre 2010 y 2014, se iniciaron auditor\u00edas, en busca de encontrar incumplimiento que justificara la reversi\u00f3n.<\/p>\n
En lo que respecta al caso espec\u00edfico de la ex concesi\u00f3n Romano, Franz Valdez, responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UBT) San Ignacio de Velasco, que tambi\u00e9n abarca a San Miguel y San Rafael, explic\u00f3 que en la gesti\u00f3n 2011 se hizo una inspector\u00eda en Romano, ya que en 2008, diez a\u00f1os despu\u00e9s de beneficiarse con la concesi\u00f3n, debieron presentar la reformulaci\u00f3n de su plan de manejo, cosa que no hicieron.<\/p>\n
\u201cLa ABT entr\u00f3 y determin\u00f3 que deb\u00eda revocarse el derecho forestal. Debi\u00f3 ser muy negativo el informe, tenemos hasta la fecha cinco procesos administrativos contra la empresa Romano, por aprovechamiento ilegal, transporte ilegal, y tambi\u00e9n ten\u00edan un aserradero ah\u00ed, as\u00ed que tambi\u00e9n hubo almacenamiento ilegal. Todos esos malos manejos se acumulan para que se concluya y se revoque el derecho de manejo, como dicta la resoluci\u00f3n administrativa 153\/2013\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n
De las resoluciones de asentamiento se consult\u00f3 a Eulogio N\u00fa\u00f1ez, director nacional del INRA, que respondi\u00f3 que el tema de las concesiones forestales no es competencia del INRA, sino de la ABT.<\/p>\n
Valdez explic\u00f3 que para que el INRA entregue resoluciones de asentamiento se nutre tambi\u00e9n de la base de datos de la ABT, que muestra los derechos otorgados y revocados.<\/p>\n
\u201cAl no existir un derecho forestal ni nada que vulnere, tampoco hay un derecho de propiedad, por eso tal vez han comenzado a emitir resoluciones de asentamiento\u201d, dijo, pero tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que para entregar permisos de desmonte, la ABT tambi\u00e9n recurre a los datos del INRA.<\/p>\n
\u201cVemos si su resoluci\u00f3n de asentamiento es legal, la lista de beneficiarios, y que cumpla con todos los requisitos t\u00e9cnicos y legales, si se sobrepone con un manejo, y si el manejo est\u00e1 revocado\u201d, describi\u00f3.<\/p>\n
Al estar revocado el derecho, hay una normativa, la resoluci\u00f3n administrativa 02\/2017 de la ABT, para revocar manejos forestales y que puedan autorizarse nuevos derechos, explic\u00f3 Valdez.<\/p>\n
Asimismo, confirm\u00f3 que la ABT emiti\u00f3 23 autorizaciones de PDM20, es decir para desmontar 460 ha, para las comunidades nuevas en mayo de 2020, as\u00ed como tambi\u00e9n 1 PGMFp (Plan de Manejo Forestal en superficie menor a 200 hect\u00e1reas) de 169,98, en febrero de la gesti\u00f3n 2020.<\/p>\n
Sin embargo, Valdez no mencion\u00f3 que en agosto de 2019 se emitieron 11 permisos de desmonte PDM20 para una sola comunidad, Pantanal.<\/p>\n
De la brecha de 60 km, Valdez dijo que el \u00faltimo aprovechamiento de Romano fue en 2009, y que por tanto todav\u00eda podr\u00edan notarse unas brechas. Sin embargo, la revisi\u00f3n satelital hist\u00f3rica mostr\u00f3 que es de reciente data, de agosto de 2021, durante la prohibici\u00f3n de las quemas y los desmontes.<\/p>\n
Valdez asegur\u00f3 que se impusieron algunas sanciones en la zona, sin detallar espec\u00edficamente a qu\u00e9 actividades y a qui\u00e9nes. Asegur\u00f3 que la ABT est\u00e1 conformando una comisi\u00f3n para ingresar al \u00e1rea en cuesti\u00f3n.<\/p>\n
La brecha de 60 km de la ex concesi\u00f3n Romano fue abierta en plena prohibici\u00f3n de desmonte de 2021<\/p>\n
La \u2018jugada\u2019<\/p>\n
Una de las grandes preocupaciones de la C\u00e1mara Forestal de Bolivia tiene que ver con la microcaracterizaci\u00f3n del PLUS, que podr\u00eda abrirse para justificar cambios en el uso de la tierra.<\/p>\n
\u201cHay un aspecto en la Ley INRA, que dice que pueden hacerse los estudios de microcaracterizaci\u00f3n. Desde mi punto de vista est\u00e1 la trampa\u201d, alert\u00f3 \u00c1vila.<\/p>\n
Para el gerente de la CFB, el problema es que el PLUS est\u00e1 hecho en una escala demasiado alta, mientras que el estudio de microcaracterizaci\u00f3n es in situ, mucho m\u00e1s perfecto.<\/p>\n
Dijo que el 33% del territorio de Santa Cruz est\u00e1 declarado como de vocaci\u00f3n forestal, y que la intenci\u00f3n es achicarlo y disponer de mayor superficie de tierra, para conversi\u00f3n a uso agropecuario. \u201cPara eso tambi\u00e9n fue el proyecto de ley de suelos\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Vadillo coincidi\u00f3, cree que es lo que est\u00e1 haciendo la ABT en este momento, que los planes de ordenamiento predial, sin cambiar que un \u00e1rea siga siendo forestal, van a demostrar t\u00e9cnicamente que hay espacios donde no hay capacidad forestal y que por lo tanto ah\u00ed pueden hacer otra cosa, como ganader\u00eda, agricultura o lo que sea. \u201cO sea, sin cambiar lo grande, van cambiando desde abajo\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n
Se consult\u00f3 a Eulogio N\u00fa\u00f1ez sobre las razones para autorizar asentamientos de comunidades agropecuarias en tierra forestal y con respecto al incumplimiento de la FES de parte de estas, pero ambas preguntas no fueron resueltas desde el INRA.<\/p>\n
DATOS<\/p>\n
NO EST\u00c1N EN LOS DATOS DEL INRA<\/p>\n
Las 19 comunidades con resoluci\u00f3n de asentamiento del INRA en el \u00e1rea de Romano no figuran en los datos oficiales del INRA, pero fueron informadas en reuni\u00f3n con Acisar. De las 78 nuevas comunidades autorizadas en todo el municipio de San Rafael, 13 son de la Cidob, 40 de la Csutcb, y 25 de Interculturales.<\/p>\n
MEDIDA DE GARC\u00cdA LINERA<\/p>\n
El 6 de diciembre de 2010, \u00c1lvaro Garc\u00eda Linera, presidente en ejercicio entonces, lanz\u00f3 el Decreto Supremo 726, que en su art\u00edculo \u00fanico cambiaba la figura de las concesiones sobre recursos naturales, que permanec\u00edan por 20 o 40 a\u00f1os, a las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), de m\u00e1s f\u00e1cil disoluci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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