El informe llega a Ginebra. All\u00ed, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego Garc\u00eda-Say\u00e1n, plante\u00f3 21 observaciones y expuso el caso de la expresidenta Jeanine \u00c1\u00f1ez como una muestra para comprender la \u201ccrisis estructural\u201d por la que atraviesa la justicia en Bolivia. El Gobierno boliviano responder\u00e1 hoy, luego de la exposici\u00f3n del alto personero de la ONU.<\/p>\n
\u00c1\u00f1ez fue condenada a 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel por delitos como \u201cincumplimiento de deberes\u201d, una tipificaci\u00f3n que fue calificada de ambigua por expertos y organismos internacionales. Adem\u00e1s, el informe de Garc\u00eda-Sayan puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial y elevado n\u00famero de jueces provisionales que est\u00e1n a merced de las presiones pol\u00edticas, hace varios a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cDicho caso (el juicio ordinario contra \u00c1\u00f1ez) pone de manifiesto problemas estructurales de la administraci\u00f3n de justicia, como la generalizaci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva\u201d, apunta el informe que est\u00e1, desde el pasado mes, en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, en el contexto del 50 periodo de sesiones de la Comisi\u00f3n de los Derechos Humanos que comenz\u00f3 el 13 de junio y que se prolongar\u00e1 hasta el pr\u00f3ximo 8 de julio.<\/p>\n
El reporte de Garc\u00eda-Say\u00e1n se redact\u00f3 antes de que \u00c1\u00f1ez fuese condenada. \u201cEl relator especial fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garant\u00edas procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana\u201d, puntualiza el escrito.<\/p>\n
Siguiendo este principio, Garc\u00eda-Say\u00e1n expuso luego y separado de su informe varios criterios sobre esa sentencia. Se prev\u00e9 que esas anotaciones formen parte de su exposici\u00f3n prevista para las 4:00 de hoy en Ginebra, Suiza.<\/p>\n
Expres\u00f3 as\u00ed su preocupaci\u00f3n por la \u201creuni\u00f3n pol\u00edtica entre l\u00edderes del Gobierno y del MAS, en que se habr\u00eda acordado que la se\u00f1ora \u00c1\u00f1ez sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades\u201d. Este criterio se conecta con una declaraci\u00f3n del expresidente Evo Morales que hizo la revelaci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que la justicia \u201cno se pronunci\u00f3 sobre hechos graves\u201d, como las muertes en Sacaba y Senkata en el contexto de la crisis de 2019 y que instituciones como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indentificaron como graves violaciones a los Derechos Humanos. Sostuvo as\u00ed que Jeanine \u00c1\u00f1ez tiene derecho a un \u201cjuicio de responsabilidades\u201d, un mecanismo legal que est\u00e1 en el Legislativo y donde el MAS necesita lograr acuerdos con Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, las dos bancadas de la oposici\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
El jefe del MAS, Evo Morales, cuestion\u00f3 a Garc\u00eda-Say\u00e1n por estos criterios. En mayo, cuando se conoci\u00f3 el reporte, el expresidente los hab\u00eda destacado. El ministro de Justicia, Iv\u00e1n Lima, inform\u00f3 que ser\u00e1 \u201crespetuoso\u201d a la hora de presentar sus observaciones al informe y lo har\u00e1 siguiendo la normativa internacional que aplica Naciones Unidas para estos casos.<\/p>\n
Por su lado, el viceministro de Justicia, C\u00e9sar Siles, anticip\u00f3 ayer una de las explicaciones que brindar\u00e1 el Gobierno con relaci\u00f3n a las observaciones planteadas, adem\u00e1s, por la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.<\/p>\n
\u201cNo somos la parte de un proceso, no somos dirigentes pol\u00edticos o, en este caso, el presidente del MAS, para decir si corresponde juicio ordinario o juicio de responsabilidades. Esa es una decisi\u00f3n jurisdiccional. Ni siquiera es una decisi\u00f3n de la justicia ordinaria, sino de la justicia constitucional\u201d, afirm\u00f3 Siles a EL DEBER.<\/p>\n
El informe de Garc\u00eda-Say\u00e1n tambi\u00e9n expresa sus observaciones respecto a la responsabilidad del Estado para \u201cgarantizar la integridad y salud\u201d de \u00c1\u00f1ez mientras est\u00e9 en prisi\u00f3n. El relator especial record\u00f3 as\u00ed que, en el caso de la huelga de hambre que la expresidenta cumpli\u00f3 en febrero, \u201cesa obligaci\u00f3n estatal se ten\u00eda que respetar escrupulosamente\u201d.<\/p>\n
Siles, al respecto, destac\u00f3, la apertura del Gobierno para permitir que la oficina de la Alta Comisionada siga de cerca el proceso legal, \u201chasta los alegatos\u201d, en funci\u00f3n de un acuerdo firmado en febrero de este a\u00f1o. Eso s\u00ed, admiti\u00f3 que la existencia de \u201cun debate jur\u00eddico\u201d respecto al delito de incumplimiento de deberes que fue la base de la sentencia y que ni Garc\u00eda-Say\u00e1n ni los expertos del GIEI lo validan por ser una tipificaci\u00f3n que se presta a favor de la injerencia y persecuci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
Siles record\u00f3 que en 2021 ese delito fue erradicado de la normativa nacional, precisamente, siguiendo las recomendaciones internacionales. \u201cEn ese momento (cuando comenz\u00f3 el juicio) el delito estaba vigente y es m\u00e1s favorable a la se\u00f1ora \u00c1\u00f1ez y los otros condenados. Es un criterio, discutible, cierto, y por eso van a presentar las apelaciones\u201d, dijo.<\/p>\n
La condena contra \u00c1\u00f1ez ha despertado cr\u00edticas jur\u00eddicas y pol\u00edticas, incluida la petici\u00f3n del expresidente Carlos Mesa, l\u00edder de CC, de anular la sentencia.<\/p>\n
\u201cEn Bolivia, incumplir un reglamento de debates es m\u00e1s grave que incumplir un mandato popular, como el refer\u00e9ndum del 21 de febrero de 2021 y generar las condiciones necesarias y suficientes para cometer irregularidades en un proceso electoral. Ah\u00ed la vemos a Jeanine presa y sufrida, pero a Evo Morales libre. Paradojas de la democracia\u201d, dijo el polit\u00f3logo Jos\u00e9 Orlando Peralta, sobre la sentencia y la crisis de 2019.<\/p>\n
El abogado y acad\u00e9mico Luis Alberto Ruiz afirm\u00f3 que \u201caunque el Gobierno presente el caso como t\u00e9cnico y jur\u00eddico, \u00e9ste responde a una estrategia pol\u00edtica del escarmiento y deja en verg\u00fcenza internacional a Bolivia\u201d. Considero que con este caso, \u201cel Gobierno est\u00e1 dejando en suspenso la aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, tal como lo hizo Evo Morales cuando se pas\u00f3 por alto el art\u00edculo siete de esa norma\u201d, explic\u00f3 el jurista.<\/p>\n
Con m\u00e1s de 125 p\u00e1rrafo, el informe revela los resultados de la visita que hizo relator especial en febrero pa\u00eds\u201d y plantea acciones de cooperaci\u00f3n en favor del pa\u00eds.<\/p>\n
Lima y el canciller Rogelio Mayta se pronunciar\u00e1n una vez que el reporte sea conocido por el foro internacional en Ginebra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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