Legisladores de oposici\u00f3n piden la destituci\u00f3n del procurador Wilfredo Ch\u00e1vez, debido al fallo arbitral dictado en contra de Bolivia por el atraso en la nacionalizaci\u00f3n del sistema de pensiones. Desde el Ejecutivo se anunci\u00f3 que se acelerar\u00e1 el inicio de operaciones de la Gestora y se tomar\u00e1n las acciones de defensa necesarias. Hasta la fecha ya son 12 los arbitrajes perdidos, que le cuestan al pa\u00eds 714 millones de d\u00f3lares en indemnizaciones.<\/p>\n
\u201cEl Procurador debe dar un paso al costado. El Gobierno debe colocar a una persona m\u00e1s eficiente que, planifique los juicios internacionales en este puesto\u201d, manifest\u00f3 el diputado de CC, Alberto Astorga.<\/p>\n
El 12 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dict\u00f3 un laudo arbitral que ordena a Bolivia indemnizar con 105 millones de d\u00f3lares (730,8 millones de bolivianos) al banco espa\u00f1ol Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el \u201cretraso injustificado\u201d en el proceso de nacionalizaci\u00f3n del sistema de pensiones, que oblig\u00f3 a la AFP previsi\u00f3n salir del pa\u00eds.<\/p>\n
Ante el dictamen, el Gobierno dio a conocer su posici\u00f3n por medio de un comunicado de cuatro puntos. En el tercero se\u00f1ala: \u201cNuestro gobierno ha dispuesto dar continuidad al contrato con la empresa Heinsohn Business Technology (HBT), permitiendo a la Gestora P\u00fablica iniciar operaciones con el respaldo t\u00e9cnico necesario en el menor tiempo posible\u201d.<\/p>\n
La empresa a la que hace referencia es la proveedora del softwar que la entidad requiere para funcionar. Desde la creaci\u00f3n de la Gestora ya se contrat\u00f3 dos empresas para esta labor.<\/p>\n
Nacionalizaci\u00f3n y software<\/p>\n
En 2009, con la aprobaci\u00f3n de la nueva Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado, el Gobierno decidi\u00f3 nacionalizar el sistema de pensiones, que entonces era manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Previsi\u00f3n y Futuro. La nueva Carta Magna estableci\u00f3 que este fondo no deb\u00eda ser manejado por un ente privado. Es decir que ambas AFP deber\u00edan dejar de operar en el pa\u00eds para que el sistema de pensiones pase a manos de, por as\u00ed decirlo, una AFP estatal.<\/p>\n
Para ello, en 2010 se promulg\u00f3 la Ley N\u00b0 065 de Pensiones. Si bien la norma ya mencionaba la creaci\u00f3n de la Gestora para la administraci\u00f3n el fondo, no fue hasta 2015 cuando mediante el Decreto 2248 se aprobaron los estatutos de la instituci\u00f3n y se contrat\u00f3 a un gerente general para que empiece sus operaciones.<\/p>\n
La estatal deb\u00eda entrar en pleno funcionamiento en junio de 2016; sin embargo, al llegar la fecha se promulg\u00f3 el decreto 2802, que recorr\u00eda el plazo hasta septiembre de 2017. Llegado el d\u00eda, se volvi\u00f3 a retrasar la puesta en marcha hasta el 20 de marzo de 2019. Pero este plazo tampoco se cumpli\u00f3 y se recorri\u00f3 hasta septiembre de 2021. Hoy, casi un a\u00f1o despu\u00e9s de esa \u00faltimo disposici\u00f3n, la Gestora a\u00fan no opera.<\/p>\n
Cada plazo vencido deriv\u00f3 en una crisis distinta y diferentes denuncias sobre sueldos altos, contratos incumplidos, arbitrajes, etc. En todas esas oportunidades se prometi\u00f3 acelerar la puesta en marcha de la Gestora.<\/p>\n
En 2019, Luis Arce, entonces ministro de Econom\u00eda, apunt\u00f3 al software como el principal problema. Dijo que \u00e9ste deb\u00eda efectuar 890 adecuaciones normativas pero s\u00f3lo present\u00f3 75, es decir el 8%. \u201cContrariamente, la migraci\u00f3n de datos ya ha alcanzando a m\u00e1s del 90%\u201d.<\/p>\n
De acuerdo al Sicoes, en todos estos a\u00f1os se han contratado dos empresas para proveer a la Gestora del software. En febrero de 2017 se adjudic\u00f3 el servicio, de forma directa, a la empresa paname\u00f1a Sysde Internacional INC, por un monto de 5,1 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El producto deb\u00eda ser entregado en dos fases, la primera en septiembre de ese a\u00f1o y la segunda en enero de 2018. Sin embargo no hubo los resultados esperados y en 2019 se procedi\u00f3 a rescindir el contrato por incumplimiento.<\/p>\n
Sin el software y con la necesidad de uno, se procedi\u00f3 a buscar a un nuevo proveedor. Es as\u00ed que el 23 de octubre de 2019, en medio de la crisis electoral por las elecciones fallidas, se firm\u00f3 un contrato (por 10,9 millones de d\u00f3lares) con la colombiana HBT, empresa a la que el Gobierno hace referencia en su reciente comunicado sobre el laudo arbitral.<\/p>\n
A los d\u00edas de la firma del contrato, \u00e9ste se suspendi\u00f3 por presuntas irregularidades, situaci\u00f3n que tres meses despu\u00e9s fue ampliada con el aviso de la intenci\u00f3n de rescindir el acuerdo. En mayo de 2020, el gobierno transitorio dio por resuelto el contrato, por lo que el proveedor solicit\u00f3 un arbitraje, negando toda irregularidad y denunciando que el Gobierno nunca le mostr\u00f3 la auditor\u00eda con la que lo denunciaba.<\/p>\n
En la gesti\u00f3n 2021, ambas partes iniciaron un proceso de conciliaci\u00f3n, que -a finales de ese a\u00f1o- concluy\u00f3 con el reconocimiento del contrato firmado en 2019 y la actual ratificaci\u00f3n del mismo mediante un comunicado gubernamental.<\/p>\n
$us 714 millones en 12 arbitrajes por la nacionalizaci\u00f3n, perdidos<\/p>\n
12 arbitrajes por la \u201cnacionaliazci\u00f3n\u201d de diferentes empresas, en los que Bolivia perdi\u00f3, le costaron al pa\u00eds alrededor de $us 714 millones, seg\u00fan un informe que la Procuradur\u00eda, present\u00f3 por petici\u00f3n del diputado de CC Marcelo Pedrazas.<\/p>\n
El documento, al que Br\u00fajula Digital tuvo acceso, detalla indemnizaciones a: la Red El\u00e9ctrica Internacional SAU, $us 65.268.000; Pan American Energy LLC, $us 357.023.360; Inversiones Econergy Bolivia SA (GDF Suez SA), $us 18.425.000 y Carlson Dividend Facility SA, $us 240.000.<\/p>\n
Los fallos tambi\u00e9n dispusieron este tipo de pagos a The Bolivian Generating Group LLC, $us 10.245.627; Iberdrola SA e Iberdrola Energ\u00eda SAU, $us 34.175.648; Paz Holdings Ltd, $us 19.505.531; RurelecPLc, $us 36.023.114; South American Silver Limited (SAS), $us 25.588.525; Quiborax SA y Non MetallicMinerals SA, $us 42.676.730 y Banco Bilbao Vizcaya SA, $us. 105.000.000. Asimismo, figura una indemnizaci\u00f3n a Jindal Steel Bolivia, pero no precisa el monto.<\/p>\n
En caso del laudo perdido ante el Banco Bilbao Vizcaya SA, que fue conocido el fin de semana, desde la oposici\u00f3n se lament\u00f3 y critic\u00f3 que el pa\u00eds no haya tenido una defensa \u201ceficiente\u201d. Desde el Gobierno se argument\u00f3 que las pruebas no fueron valoradas y que se continuar\u00e1 la defensa en la siguiente etapa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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