El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado boliviano por la nacionalizaci\u00f3n de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA puso otra vez en el mira el papel del Gobierno en el sistema de pensiones.<\/p>\n
De acuerdo con los datos de la Autoridad de Fiscalizaci\u00f3n y Control de Pensiones y Seguros (APS), el patrimonio del Fondo de Ahorro Previsional (FAP) acumulado hasta junio de 2022 y que es administrado por AFP BBVA Previsi\u00f3n y AFP Futuro de Bolivia asciende a unos $us 23.000 millones. De ese monto y seg\u00fan la estructura de inversi\u00f3n de cada una de las AFP, casi un 60% de los $us 23.000 millones est\u00e1n invertidos en Dep\u00f3sitos a Plazos Fijos y en bonos de las entidades financieras, mientras que alrededor de un 30% ($us 7.000 millones), corresponden a las inversiones realizadas por el Estado, en busca de liquidez, mediante Bonos Soberanos y Cupones del Tesoro General de la Naci\u00f3n (TGN).<\/p>\n
En este contexto, el economista Alberto Bonadona, precis\u00f3 que el monto de emisiones de bonos realizados por el Estado, hasta diciembre de 2021, tiene un valor cercano a los $us 6.000 millones y que corresponde a los fondos administrados por las AFP.<\/p>\n
Aclar\u00f3 que el Estado no le debe a las AFP como administradores, sino a los fondos que ellas administran y precis\u00f3 que es legal que el Estado recurra a estos fondos con la condici\u00f3n de que emita documentos de deuda que deben establecer un plazo de devoluci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEstos pagos han sido honrados en las condiciones establecidas hasta la fecha y se espera que contin\u00faen de la misma forma. No es posible que el Estado utilice estos recursos sin la debida emisi\u00f3n de los instrumentos de deuda\u201d, sostuvo Bonadona que hizo notar que este tipo de inversiones que realiza el Estado tienen un impacto positivo en los aportes jubilatorios siempre y cuando se realice el pago de intereses por los dineros recibidos.<\/p>\n
A su vez, Jaime Dunn, analista financiero, coincidi\u00f3 con Bonadona en que a diciembre de 2021 el TGN le debe, a precios de mercado, aproximadamente $us 6.000 millones a los fondos de pensiones que administran la AFP, un monto que se ha ido acumulado durante varios a\u00f1os.<\/p>\n
\u201cSe debe recalcar que los bonos y las letras del Tesoro se los considera de alt\u00edsima calidad crediticia y tambi\u00e9n que las AFP busquen invertir en estos t\u00edtulos porque el Tesoro tiene una buena calificaci\u00f3n y adem\u00e1s ofrece tasas de inter\u00e9s muy atractivas y de ah\u00ed viene la competencia con el sector privado\u201d, detall\u00f3 Dunn.<\/p>\n
Sobre la presencia del Estado, el economista dijo que es un tema que no se debe sobredimensionar, porque es habitual que el TGN coloque bonos y letras y que unos de los grandes compradores sean las AFP que deben invertir en el mercado de valores realizando transacciones con entidades privadas o con el TGN.<\/p>\n
Dunn indic\u00f3 que del 100% de los recursos administrados por las AFP, cerca del 30% est\u00e1 destinado a la inversi\u00f3n p\u00fablica mediante bonos y cupones y que este tipo de transacciones son normales, a tiempo de hacer notar que en a\u00f1os pasados la presencia del Estado era de un 70% y con el tiempo fue bajando para dar m\u00e1s espacio a la inversi\u00f3n privada.<\/p>\n
Seg\u00fan el analista, lo que debe preguntarse uno es qu\u00e9 hace el Estado con el dinero que obtiene, que por lo general se destinaba para inversi\u00f3n p\u00fablica, pero de acuerdo con su criterio \u00faltimamente estos recursos se usan para cubrir diferentes gastos.<\/p>\n
En este sentido, en 2021, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, denunci\u00f3 que el Gobierno nacional dispuso Bs 3.600 millones de la deuda que contrajo con las AFP para destinarlos al gasto corriente.<\/p>\n
\u201cSabemos que el Gobierno se ha sacado m\u00e1s de 3.600 millones de bolivianos de nuestros ahorros de las AFP para prest\u00e1rselos al Tesoro General de la Naci\u00f3n (TGN) para pagar sueldos, para pagar sus despilfarros, sus viajes, sus lujos a los masistas\u201d, observ\u00f3 en su momento el legislador.<\/p>\n
El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas P\u00fablicas remarc\u00f3 que ni el Gobierno ni nadie puede usar los aportes que los trabajadores realizan a las AFP para cualquier fin ajeno a lo dispuesto en dicha norma, a tiempo de subrayar que estos recursos no se usan para cubrir ning\u00fan tipo de gasto corriente.
\nSobre las inversiones realizadas por las AFP en Bonos del Tesoro, de acuerdo con datos de la APS, al 28 de febrero de 2021, de acuerdo con el Ministerio de Econom\u00eda \u00e9stas llegaron a un total de $us 170 millones (Bs 1.166 millones), cifra que no alcanza a los Bs 3.600 millones se\u00f1alados por el diputado Roca en su reclamo.<\/p>\n
La Gestora y sus desaf\u00edos<\/p>\n
Luego de ocho a\u00f1os, una vez constituida la Gestora P\u00fablica de la Seguridad Social de Largo Plazo, mediante el Decreto Supremo 2248 del 14 de enero de 2015, desde el Gobierno se han puesto como fecha tope, para que la instituci\u00f3n opere en un 100%, mayo de 2023.<\/p>\n
As\u00ed lo confirm\u00f3 Jaime Dur\u00e1n Chuquimia, gerente general de la Gestora P\u00fablica de la Seguridad Social de Largo Plazo, que remarc\u00f3 que para esa fecha la entidad estatal administrar\u00e1 los recursos de 3,6 millones de beneficiarios que conforman el r\u00e9gimen contributivo, el semicontributivo y el no contributivo, que en su conjunto corresponden al Sistema Integral de Pensionas (SIP).<\/p>\n
Sobre la tardanza en lograr el pleno funcionamiento de la Gestora, Gustavo Marcelo Rodr\u00edguez, experto en seguridad social a corto y largo plazo, de la empresa Soluciones de Jubilaci\u00f3n, remarc\u00f3 que si bien la Ley de Pensiones 065 se promulg\u00f3 el 10 de diciembre de 2010, la Gestora P\u00fablica reci\u00e9n fue constituida en 2015. Tambi\u00e9n agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n de contratar a una empresa para el desarrollo de un software propio provoc\u00f3 demoras, no cumpli\u00f3 con el contrato establecido y en 2019 se dej\u00f3 sin efecto.<\/p>\n
\u201cTodo este retraso y desconfianza de los aportantes, podr\u00eda haber sido evitado si adquir\u00edan el software a alguna de las AFP, lo cual hubiera sido ideal logrando as\u00ed una migraci\u00f3n de los datos de manera \u00f3ptima, pero sobre todo segura\u201d, sostuvo Rodr\u00edguez.
\nAdem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que los aspectos que la Gestora debe tomar en cuenta son contar con una adecuada tecnolog\u00eda y personal capacitado que conozca en detalle la normativa vigente y entre los objetivos que debe cumplir la empresa estatal est\u00e1 mejorar las inversiones y la rentabilidad de los aportes, hacer un nuevo estudio actuarial, para tener nuevas tablas de esperanza de vida, incorporar a mayores sectores, principalmente independientes, mantener un Sistema de Pensiones sostenible y transparente, sobre todo en lo referido a las inversiones y principalmente evitar la injerencia pol\u00edtica.<\/p>\n
Mientras que el economista Germ\u00e1n Molina sostuvo que el cambio de la gesti\u00f3n privada en los aportes de la jubilaci\u00f3n, inversiones de los fondos y el pago a los jubilados, a una gesti\u00f3n estatal no deber\u00eda verse afectada y se deber\u00eda mantener el sistema eficiente y eficaz de las AFP.<\/p>\n
Molina precis\u00f3 que los objetivos de la Gestora P\u00fablica no tendr\u00edan que ser diferentes a los establecidos en la Ley de Pensiones, precautelando los recursos de los aportaciones, inversiones y pago de pensiones, para no repetir los errores cometidos en otros pa\u00edses como Chile y la Argentina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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