El Decreto Supremo (DS) 4757 pone al Ministerio de Justicia, presidido por Iv\u00e1n Lima, a la par de jueces, fiscales y el \u00d3rgano Judicial, puesto que lo instituye como una de las entidades competentes para \u201crecibir, evaluar y determinar\u201d el alcance de la informaci\u00f3n que pueda otorgar el \u201ccolaborador eficaz\u201d, que es una persona involucrada en delitos de corrupci\u00f3n que delata a sus c\u00f3mplices.<\/p>\n
Abogados alertan que la norma rompe la independencia del \u00d3rgano Judicial y permite, adem\u00e1s, una mayor intromisi\u00f3n pol\u00edtica. En cambio, desde el despacho de Justicia se rechaz\u00f3 los que llamaron como \u201can\u00e1lisis distorsionados y pol\u00edticos\u201d del alcance del decreto supremo.<\/p>\n
\u201cLos procesos de colaboraci\u00f3n eficaz s\u00f3lo ser\u00e1 de conocimiento del fiscal, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el colaborador eficaz y su defensor, el agraviado y juez (sic)\u201d, detalla el art\u00edculo 4, inciso d. En el inciso f, del mismo apartado, se agrega que \u201cpodr\u00e1n trabajar de manera conjunta\u201d la Fiscal\u00eda, el \u00d3rgano Judicial, el Ministerio de Justicia, la v\u00edctima o querellante.<\/p>\n
La norma indica que el \u201ccolaborador eficaz\u201d es alguien involucrado en corrupci\u00f3n, que se puede \u201cfavorecer con beneficios procesales\u201d, con la entrega de \u201cinformaci\u00f3n veraz\u201d. El art\u00edculo 8 del decreto establece como entidades competentes para recibir, evaluar y determinar los alcances del acuerdo de colaboraci\u00f3n eficaz a la Fiscal\u00eda y al Ministerio de Justicia, a trav\u00e9s del Viceministerio de Transparencia Institucional.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en el decreto tambi\u00e9n se establece que el \u201csindicado presentar\u00e1 ante el Ministerio Justicia y Transparencia Institucional su solicitud mediante memorial o nota dirigida hasta antes de dictarse la sentencia\u201d.<\/p>\n
El decreto 4757 es un reglamento de la Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupci\u00f3n. En su art\u00edculo 5 se especifica que la informaci\u00f3n que brinde el colaborador eficaz debe ayudar a esclarecer los delitos, revelar la identidad de autores, impedir futuros da\u00f1os que podr\u00edan realizar asociaciones delictivas, y desarticular organizaciones criminales a trav\u00e9s de la identificaci\u00f3n de los integrantes de la organizaci\u00f3n, entre otros objetivos.<\/p>\n
El abogado Williams Bascop\u00e9 manifest\u00f3 que el DS 4757 vulnera siete art\u00edculos de la Constituci\u00f3n (12, 21, 22, 115, 116, 117 y 119), puesto que rompe la independencia de poderes y no respeta el debido proceso. A\u00f1adi\u00f3 que la norma pone a Lima como parte del sistema judicial, lo cual conlleva a una mayor injerencia del Ejecutivo sobre la justicia, con fines pol\u00edticos.<\/p>\n
\u201cEl ministro de Justicia va a ser investigador, porque tomar\u00e1 las declaraciones del colaborador eficaz, adem\u00e1s va a evaluar la informaci\u00f3n y eso lo hace un juez. Se le da al ministro de Justicia atribuciones que no le competen, Lima se convierte en un ministro todopoderoso, que har\u00e1 de polic\u00eda, fiscal y juez. Con el colaborador se puede perseguir a quien el gobierno considere opositor\u201d, sostuvo Bascop\u00e9.<\/p>\n
El jurista Gonzalo Hidalgo enfatiz\u00f3 que la normativa dar\u00e1 lugar a una inquisici\u00f3n judicial, porque bajo presi\u00f3n el \u201ccolaborador eficaz\u201d puede delatar a quien el poder pol\u00edtico vea conveniente. Asegur\u00f3 que por esa raz\u00f3n el decreto vulnera la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y las leyes nacionales.<\/p>\n
\u201cEl ministro de Justicia se va a convertir en suprafiscal, estar\u00e1 por encima de fiscales y jueces. El decreto rompe la institucionalidad, la separaci\u00f3n de poderes. Se ve una intromisi\u00f3n arbitraria, inconstitucional, ilegal e inconvencional que va en contra del orden jur\u00eddico nacional e internacional. Este decreto vulnera el debido proceso, la defensa, la transparencia, el derecho a la inocencia, el principio de publicidad\u201d, manifest\u00f3.<\/p>\n
P\u00e1gina Siete se comunic\u00f3 con la unidad de comunicaci\u00f3n del Ministerio de Justicia para tener una contraparte. La respuesta fue mediante una nota de prensa, en la cual esa cartera de Estado rechaza los \u201can\u00e1lisis distorsionados\u201d y \u201cpol\u00edticos\u201d del decreto.<\/p>\n
Asimismo, sostiene que los Estados optan por aplicar estos est\u00e1ndares de normas \u201cen raz\u00f3n a que los hechos de corrupci\u00f3n incluyen maniobras complejas que son dif\u00edciles de dilucidar en plazos razonables de tiempo por parte de los operadores de justicia, los investigadores y las entidades que representan al Estado en los procesos penales\u201d.<\/p>\n
El abogado Julio Veizaga subray\u00f3 que con el sistema judicial, manejado pol\u00edticamente, no habr\u00e1 certeza si la informaci\u00f3n del \u201ccolaborador eficaz\u201d es real. Alert\u00f3 que la norma es una mala se\u00f1al para la reforma judicial anunciada por Lima.<\/p>\n
\u201cLa justicia no es confiable, el decreto podr\u00eda aumentar la manera de instrumentalizar al colaborador eficaz para sacarle ventaja, bajo los beneficios que le ofrece. La informaci\u00f3n ser\u00e1 confidencial hasta que sea homologado por un juez, y en el proceso muchas cosas pueden pasar (…). El decreto no es una buena se\u00f1al para contribuir al problema estructural que tiene la justicia\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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