Al menos tres irregularidades fueron observadas por el presidente Luis Arce en los 63 contratos mineros sancionados \u2014en cinco leyes\u2014 por los legisladores de Evo Morales.<\/p>\n
Entre las anomal\u00edas se advirti\u00f3 que las empresas a las que se les dio los contratos pertenec\u00edan a otro rubro, se dedican a la explotaci\u00f3n de \u00e1ridos que corresponde a municipios y pueblos ind\u00edgenas o que los tr\u00e1mites fueron iniciados en vigencia de otra ley.<\/p>\n
Los acuerdos, remitidos al Ejecutivo en cinco leyes, fueron rechazados en noviembre de 2020, pero no fue hasta el martes pasado (un a\u00f1o y nueve meses despu\u00e9s) que las observaciones fueron tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).<\/p>\n
\u201cNos han ocultado informaci\u00f3n. Hemos tratado de ver a detalle los contratos, pero solamente nos han dado el informe de las observaciones con los datos abstractos. Quisimos tener acceso para ver de qu\u00e9 empresas se trata. Estamos preparando una petici\u00f3n de informe para que nos den toda la documentaci\u00f3n del caso\u201d, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarc\u00f3n.<\/p>\n
$!Arce observa 63 contratos irregulares aprobados por los legisladores de Evo
\nEl martes 23 de agosto, en el orden del d\u00eda de la sesi\u00f3n de la ALP se anot\u00f3 el \u201cTratamiento de las observaciones del \u00d3rgano Ejecutivo a cinco leyes sancionadas sobre contratos mineros\u201d.<\/p>\n
Aunque son s\u00f3lo cinco leyes, \u00e9stas abarcan 63 contratos administrativos mineros que comprometen un total de 790 cuadr\u00edculas. Al tener en cuenta que cada cuadr\u00edcula minera equivale a 25 hect\u00e1reas, el \u00e1rea comprometida, en total, asciende a 19.750 hect\u00e1reas en las regiones de Beni, La Paz, Chuquisaca, Potos\u00ed, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.<\/p>\n
Extra\u00f1amente, estas normas fueron sancionadas por el rodillo parlamentario de la anterior gesti\u00f3n del MAS, el 20 de octubre de 2020, d\u00edas antes de dejar sus curules. La observaci\u00f3n data del 11 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, tres d\u00edas despu\u00e9s de la posesi\u00f3n de los nuevos legisladores y de Luis Arce en la Presidencia.<\/p>\n
1. Empresas de otros rubros<\/p>\n
Un contrato administrativo minero es un acuerdo por el que el Estado, en representaci\u00f3n de los bolivianos y por medio de la AJAM, otorga a una empresa (p\u00fablica, privada o cooperativa) la facultad de realizar actividades de exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n, concentraci\u00f3n, fundici\u00f3n, comercializaci\u00f3n e industrializaci\u00f3n de minerales. Para ello las empresas deben cumplir ciertos requisitos, uno de los m\u00e1s importantes es la experiencia en el sector.<\/p>\n
El informe remitido por Arce dice que esta fue la primera anomal\u00eda. \u201cSe identific\u00f3 que varias de las empresas suscribientes no guardan relaci\u00f3n con el objeto de contrato, consecuentemente tampoco al desarrollo de las mencionadas actividades mineras\u201d, dice.<\/p>\n
P\u00e1gina Siete accedi\u00f3 a las cinco leyes y a la lista de las empresas que lograron tener un contrato. La revisi\u00f3n evidenci\u00f3 que existen empresas dedicadas a servicios de movimientos de tierras, demoliciones o a la comercializaci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n, de tejas, pintura y otros materiales.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se identific\u00f3 empresas que se dedican a la edificaci\u00f3n de puentes, caminos y otras obras civiles, pero no a la miner\u00eda.<\/p>\n
\u201cVarias de estas empresas no corresponden al rubro de la miner\u00eda, situaci\u00f3n que genera confusi\u00f3n\u201d, advierten las observaciones del Presidente.<\/p>\n
2. Contratos sin tuici\u00f3n<\/p>\n
Lamentablemente, los contratos como tales no son de acceso p\u00fablico y sus detalles tampoco se encuentran dentro de las cinco leyes sancionadas. Sin embargo, el informe enviado por el mandatario a la ALP se\u00f1ala que los acuerdos fueron suscritos por las direcciones departamentales y regionales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) con distintos actores productivos mineros.<\/p>\n
$!La AJAM tiene varias denuncias por irregularidades.
\nLa AJAM tiene varias denuncias por irregularidades. AJAM
\nLa segunda irregularidad tiene que ver con que algunas de las empresas se dedican a la explotaci\u00f3n, transporte y comercializaci\u00f3n de \u00e1ridos y agregados.<\/p>\n
La regulaci\u00f3n de esta actividad, de acuerdo con el art\u00edculo 4 de la Ley 535 de Miner\u00eda y Metal\u00fargica, no es de competencia del nivel central del Estado, sino de los gobiernos municipales, \u201cen coordinaci\u00f3n\u201d con los pueblos ind\u00edgenas originarios campesinos. Por lo tanto, tampoco es una tuici\u00f3n de la AJAM.<\/p>\n
Una de estas empresas observadas obtuvo de la AJAM un contrato de intervenci\u00f3n en 67 cuadriculas en Santa Cruz.<\/p>\n
\u201cPor la revisi\u00f3n de los documentos que hacen a la personalidad jur\u00eddica de las empresas, vemos que en su objeto detalla una finalidad gen\u00e9rica, que en muchos casos es ajena a la actividad minera. Este hecho desnaturaliza el objeto de la empresa constituida y a futuro podr\u00eda generar confusi\u00f3n al momento de determinar las obligaciones tributarias u otras formalidades a cumplir\u201d, observ\u00f3 Arce.<\/p>\n
3. Bajo diferentes leyes<\/p>\n
Otra de las observaciones es que varios contratos fueron iniciados previos a la aprobaci\u00f3n de la Ley 535, en mayo de 2014.<\/p>\n
Algunos tr\u00e1mites tuvieron su origen en el Decreto Supremo 29117, del 1 de mayo de 2007 o en la Ley 368 de autorizaci\u00f3n de suscripci\u00f3n de contratos mineros, que data de 2013.<\/p>\n
Este punto genera un problema porque la Ley 535 derog\u00f3 al mencionado decreto supremo y varias disposiciones de la Ley 368. Es decir que la esencia de estos tr\u00e1mites, que luego se convierten en anteproyectos de ley, ya no es la misma porque la normativa cambi\u00f3 y gener\u00f3 una variaci\u00f3n en relaci\u00f3n a la concesi\u00f3n.<\/p>\n
La data antigua de estos contratos tambi\u00e9n afecta a la valoraci\u00f3n econ\u00f3mica del contrato que tuvo en un inicio y que ahora puede ser diferente.<\/p>\n
\u201cEs menester hacer una serie de observaciones, el pueblo boliviano tiene que saber que se estaba a punto de entregar concesiones mineras a empresas que no tienen la especialidad, la experiencia o la raz\u00f3n social adecuada. Se iba a cometer una ilegalidad y cuando esta ocurre seguramente es porque alguien se est\u00e1 beneficiando\u201d, sostuvo el diputado de Creemos Erwin Baz\u00e1n.<\/p>\n
Indic\u00f3 que se debe investigar qu\u00e9 pas\u00f3 para que estos contratos pasen el filtro de las comisiones de la ALP y sean sancionados en una Asamblea que ten\u00eda los dos tercios del MAS.<\/p>\n
\u201c\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 para que los contratos, hasta fraudulentos, pasen los filtros de la ALP y sean sancionados cuando el MAS ten\u00eda dos tercios?\u201d.
\nErwin Baz\u00e1n, Creemos
\nSin informaci\u00f3n casi dos a\u00f1os despu\u00e9s<\/p>\n
\u201cHemos solicitado esta informaci\u00f3n, pero la respuesta ha sido negativa bajo el argumento de que es una informaci\u00f3n con bastante volumen. No entendemos cu\u00e1l es la raz\u00f3n de ocultar estos contratos si est\u00e1n siendo observados\u201d, indic\u00f3 el diputado Carlos Alarc\u00f3n (CC).<\/p>\n
El legislador cuestion\u00f3 que se haya demorado un a\u00f1o y nueve meses para el tratamiento de las observaciones, que el martes fueron aprobadas por unanimidad en la ALP. Aclar\u00f3 que si bien no hay un plazo, la tardanza prueba la falta de coordinaci\u00f3n entre el Legislativo y el Ejecutivo.<\/p>\n
Manifest\u00f3 que hay indicios de falta de transparencia y de manejos irregulares en la suscripci\u00f3n de los contratos y la aprobaci\u00f3n de los mismos por la anterior Asamblea.<\/p>\n
Los 63 contratos est\u00e1n distribuidos en cinco leyes, de acuerdo con las direcciones regionales de la AJAM que los suscribieron. Cada una forma un solo cuerpo.<\/p>\n
La direcci\u00f3n departamental de Cochabamba emiti\u00f3 dos contratos administrativos; la de Tupiza-Tarija, 16; la departamental de La Paz, 27; la departamental de Santa Cruz, 11; y la regional de Potos\u00ed-Chuquisaca, siete.<\/p>\n
Las leyes sancionadas est\u00e1n firmadas por los presidentes de senadores y diputados, Milton Bar\u00f3n (en lugar de Eva Copa) y Sergio Choque.<\/p>\n
El presidente de la ALP, David Choquehuanca, indic\u00f3 que la tardanza se debi\u00f3 a que se tuvo que revisar cada uno de los documentos. Afirm\u00f3 que toda la documentaci\u00f3n fue remitida a ambas c\u00e1maras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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