La disposici\u00f3n final quinta del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 busca obligar a las empresas el\u00e9ctricas a transferir el 5% de sus ventas para la Renta Dignidad. Expertos advierten que el Gobierno recurre a estas empresas estatales para financiar el pago de este beneficio ante la ca\u00edda del IDH y las utilidades de las empresas estatales.<\/p>\n
\u201cLas Empresas El\u00e9ctricas del Sistema Interconectado Nacional de Transmisi\u00f3n de la cadena del Sector de la Industria El\u00e9ctrica deber\u00e1n transferir mensualmente al Tesoro General de la Naci\u00f3n (TGN) el 5% de los recursos percibidos por las ventas de servicios de transmisi\u00f3n, para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de la Vejez (FRUV)\u201d, detalla el proyecto.<\/p>\n
El FRUV recibe recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), dividendos de las empresas capitalizadas y nacionalizadas, y los rendimientos de sus inversiones con los cuales deber\u00eda garantizar el pago de la Renta Dignidad.<\/p>\n
Este pago naci\u00f3 en 2008 con 752 mil beneficiarios y 1.615 millones de bolivianos. Ese a\u00f1o, los mayores de 60 a\u00f1os recib\u00edan 1.800 bolivianos al a\u00f1o si eran rentistas y 2.400 si no percib\u00edan ning\u00fan tipo de jubilaci\u00f3n. En 14 a\u00f1os, el Gobierno del MAS aprob\u00f3 cuatro leyes que subieron los montos a 4.550 bolivianos a los no rentistas y 3.900 a los rentistas.<\/p>\n
Seg\u00fan datos de la Autoridad de Pensiones, el monto a pagar se multiplic\u00f3 por tres en la \u00faltima d\u00e9cada. El a\u00f1o pasado se erog\u00f3 4.238 millones de bolivianos. Seg\u00fan el PGE 2022, este a\u00f1o subir\u00e1 a 5.834 millones y el 2023 a 6.424 millones para 1,2 millones de beneficiarios.<\/p>\n
Mientras las cifras y montos de los beneficiarios de la Renta Dignidad van en aumento, las recaudaciones por el IDH no se recuperan. En 2018, seg\u00fan el PGE 2023, este impuesto lleg\u00f3 a 7.636 millones de bolivianos y continu\u00f3 bajando hasta que en 2021 alcanz\u00f3 a 5.445 millones. El Gobierno espera una recuperaci\u00f3n para el siguiente a\u00f1o y llegar a 6.275 millones.<\/p>\n
El economista Julio Linares advirti\u00f3 que las empresas estatales \u201cnunca\u201d tuvieron las utilidades para hacer sostenibles estos bonos. \u201cCrearon bonos sociales sin financiamiento sostenible. Por ello, a empresas que fueron hist\u00f3ricamente deficitarias, como Mi Telef\u00e9rico, se les oblig\u00f3 a dar 400 millones de bolivianos para el Juancito Pinto\u201d. Incluso advirti\u00f3 que esta medida podr\u00eda afectar a las empresas de electricidad porque les obliga a pagar el 5% de sus ventas y no utilidades.<\/p>\n
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Jos\u00e9 Luis Porcel calific\u00f3 la medida como \u201cdesesperada\u201d porque el Gobierno no tiene dinero. \u201cLas empresas no est\u00e1n generando recursos como suced\u00eda antes, la poblaci\u00f3n beneficiaria fue incrementando y hay que atender este tipo de necesidades. Esto se convierte en un estrangulamiento en las finanzas del Estado\u201d.<\/p>\n
El legislador, adem\u00e1s, advirti\u00f3 que los ingresos del Gobierno en el PGE 2023 se sustentan en subir la presi\u00f3n tributaria. \u201cLos impuestos representan el 21% de los ingresos de la administraci\u00f3n p\u00fablica y es una cifra elevada. Tenemos una econom\u00eda altamente informal y esta presi\u00f3n tributaria va a recaer en la econom\u00eda formal que est\u00e1 siendo atacada por el contrabando. Ello va a derivar en la reducci\u00f3n de personal y mayor desempleo\u201d.<\/p>\n
Gabriel Espinoza, experto en econom\u00eda, advirti\u00f3 que esta medida tiene que ver con la necesidad de financiar estos bonos \u201csin un respaldo adecuado\u201d. \u201cUsualmente, estos bonos cuando son recurrentes y est\u00e1n correctamente dise\u00f1ados tienen una fuente de financiamiento sostenible. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os el Gobierno recurri\u00f3 a cr\u00e9ditos y utilidades no ejecutadas. Salt\u00f3 de empresa a empresa y este a\u00f1o deben recurrir a ENDE\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, advirti\u00f3 que la Renta Dignidad deber\u00eda ser financiada con las utilidades de las empresas estatales y del IDH, pero estas cayeron o no tuvieron utilidades en los pasados a\u00f1os. \u201cIncluso, hay varias firmas que tienen d\u00e9ficit operativos. Ahora buscan que se haga una transferencia directa enmarcada en la ley y ENDE es una de las empresas estatales m\u00e1s rentables\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, teme que este impuesto pueda encarecer a\u00fan m\u00e1s el costo de la energ\u00eda el\u00e9ctrica. \u201cEn Tarija, por ejemplo, la energ\u00eda nos la venden muy cara y buscan alternativas no convencionales para seguir dotando de recursos a sus pol\u00edticas sociales. Adem\u00e1s, esta medida la aplican ante la imposibilidad de incrementar la deuda p\u00fablica y en un escenario que las RIN est\u00e1n en niveles bajos\u201d.<\/p>\n
6.424
\nMILLONES
\nde Bs deben ser pagados en 2023 por la Renta Dignidad, cuatro veces m\u00e1s que 2008.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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