El Gobierno sigue ampliando las fuentes de financiamiento para cumplir con el pago de la Renta Dignidad. Desde este a\u00f1o, las empresas de transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica aportar\u00e1n un 5% de sus ingresos al fondo que permite la cobertura de este beneficio.<\/p>\n
\u201cLas empresas el\u00e9ctricas del sistema interconectado nacional de transmisi\u00f3n de la cadena del sector de la industria el\u00e9ctrica deber\u00e1n transferir mensualmente al Tesoro General de la Naci\u00f3n (TGN) el 5% de los recursos percibidos por las ventas de servicios de transmisi\u00f3n para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de la Vejez (FRUV)\u201d, indica la Disposici\u00f3n Final Quinta del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.<\/p>\n
El analista Oswaldo Irusta explic\u00f3 que al momento las generadoras el\u00e9ctricas Guarachi y Valle Hermoso, dos de las empresas estatales que aportan parte de sus utilidades a la Renta Dignidad, no est\u00e1n produciendo energ\u00eda debido a su bajo margen de eficiencia (33%) y alto costo de producci\u00f3n con base a gas natural.<\/p>\n
\u201cComo no tienen producci\u00f3n no venden energ\u00eda, como no venden energ\u00eda no tienen utilidades, por lo tanto no pueden aportar a la Renta Dignidad y ese hueco hay que llenarlo con los ingresos de otras empresas\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n
Tendencia de los ingresos<\/p>\n
La disposici\u00f3n del PGE 2023 se conoce luego de que las principales fuentes de financiamiento del FRUV, el Impuesto Directo a los Hidrocaburos (IDH) y las utilidades de las empresas p\u00fablicas, reportaran un descenso en los \u00faltimos a\u00f1os y que el Gobierno iniciara acciones para ampliar el financiamiento de ese fondo.<\/p>\n
El 11 de mayo de 2022, por ejemplo, se aprob\u00f3 el Decreto 4716, que dispone que una parte de las utilidades que genere la Gestora por las actividades de administraci\u00f3n ser\u00e1n destinadas al Fondo de la Renta Universal de Vejez.<\/p>\n
\u201cEs el fracaso de la pol\u00edtica hidrocarbur\u00edfera del pa\u00eds y de las empresas estatizadas. Est\u00e1 claro que el Gobierno ya est\u00e1 raspando la olla para poder pagar lo que en teor\u00eda se debi\u00f3 pagar con los ingresos de las empresas estatizadas y de YPFB\u201d, asever\u00f3 Juan Pablo Su\u00e1rez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n \u201cno es sostenible, porque los beneficiarios de la Renta Dignidad siguen creciendo, la esperanza de vida es mayor y las fuentes de ingresos se est\u00e1n reduciendo\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n
Entre 2008 y 2021, el n\u00famero de beneficiarios aument\u00f3 de 752.338 a 1,12 millones en 2021, mientras el monto mensual se increment\u00f3 en 2013, 2014, 2017 y 2019.<\/p>\n
El pago de la Renta Dignidad es el que m\u00e1s recursos demanda entre los bonos sociales que otorga el Estado. En 2022 se precisaron para ese pago Bs 5.834 millones y para la pr\u00f3xima gesti\u00f3n ser\u00e1n unos Bs 6.424 millones, seg\u00fan la Ley Financial de 2023.<\/p>\n
\u201cSeguramente ya no alcanza\u201d para cubrir esos montos y \u201cpor eso ahora est\u00e1n tomando utilidades de la empresa el\u00e9ctrica de transmisi\u00f3n (…) que debe estar generando los recursos necesarios\u201d, dijo Irusta.<\/p>\n
El economista Julio Linares advirti\u00f3 que las empresas estatales \u201cnunca\u201d tuvieron las utilidades para hacer sostenibles estos bonos. \u201cCrearon bonos sociales sin financiamiento sostenible. Por ello, a empresas que fueron hist\u00f3ricamente deficitarias, como Mi Telef\u00e9rico, se les oblig\u00f3 a dar 400 millones de bolivianos para el Juancito Pinto\u201d. Incluso advirti\u00f3 que esta medida podr\u00eda afectar a las empresas de electricidad porque les obliga a pagar el 5% de sus ventas y no utilidades.<\/p>\n
En el mercado hay cuatro empresas en ese sector: ENDE Transmisi\u00f3n, que tiene un 80% del sistema; San Crist\u00f3bal TESA, ISA Bolivia y ENDE Corporaci\u00f3n, detall\u00f3 el experto. Tras haber alcanzado un pico de Bs 15.602 millones en 2014, las recaudaciones por el IDH comenzaron a caer hasta llegar en 2020 a Bs 5.762 millones.<\/p>\n
Ya en el primer semestre de 2021, lo recolectado por ese tributo sum\u00f3 Bs 2.489 millones, un 28% menos que en similar periodo de 2020 (3.463 millones). Estos ingresos (el 30% de ellos) son esenciales para alimentar el Fondo de Renta Universal de Vejez, con el que se paga la Renta Dignidad.<\/p>\n
Otras fuentes de financiamiento son recursos de gobernaciones, municipios, Fondo Ind\u00edgena, Tesoro General de la Naci\u00f3n y empresas p\u00fablicas.<\/p>\n
El PGE garantiza los recursos econ\u00f3micos para mantener las pol\u00edticas sociales como el pago de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y para las personas discapacitadas, as\u00ed como la cobertura de la Renta Dignidad, inform\u00f3 en una nota de prensa el Ministerio de Econom\u00eda.<\/p>\n
\u201cNuestras pol\u00edticas sociales est\u00e1n incorporadas en el Presupuesto y est\u00e1n plenamente garantizadas\u201d, remarc\u00f3 el titular de esa cartera de Estado, Marcelo Montenegro.<\/p>\n
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