La propuesta de llevar adelante un \u201ccabildo nacional\u201d para promover una reforma judicial gener\u00f3 ayer adhesiones en las regiones, mientras desde el MAS hubo cuestionamientos. As\u00ed, el partido azul elev\u00f3 la presi\u00f3n para reemplazar a Luis Fernando Camacho en la Gobernaci\u00f3n de Santa Cruz.<\/p>\n
En medio del debate sobre el cambio de gobernador, la justicia posterg\u00f3 el tratamiento de dos recursos planteados por la defensa de Camacho, que est\u00e1 recluido desde el 30 de diciembre en el penal de m\u00e1xima seguridad de Chonchocoro.<\/p>\n
Por una parte, el tambi\u00e9n l\u00edder de Creemos, una de las dos alianzas de oposici\u00f3n con representaci\u00f3n Legislativa, enfrenta cargos de \u201cterrorismo\u201d relacionados con lo que el Gobierno y los operadores de justicia llaman el caso \u201cgolpe de Estado I\u201d que investiga supuestas vulneraciones contra la investidura de Evo Morales durante la crisis pol\u00edtica de 2019.<\/p>\n
Adem\u00e1s, Camacho fue demandado por Marcelo Mayta, dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, una entidad alineada al MAS, por \u201calzamiento armado y terrorismo\u201d, entre otros cargos, debido el paro de los 36 d\u00edas que se realiz\u00f3 en Santa Cruz para exigir el censo y la aplicaci\u00f3n oportuna de todos sus resultados antes de las elecciones de 2025.<\/p>\n
Camacho, a trav\u00e9s de sus abogados, solicit\u00f3 su \u201clibertad pura y simple\u201d. En contrapartida, el Gobierno pidi\u00f3 que su detenci\u00f3n preventiva, fijada en cuatro meses, sea ampliada a seis. A la denuncia, planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), se sum\u00f3 el Ministerio de Gobierno y otras entidades del Estado.<\/p>\n
Este recurso legal lleg\u00f3 hasta la vocal Rosmery Pab\u00f3n, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La autoridad instal\u00f3 la audiencia, pero opt\u00f3 por cancelarla porque la Procuradur\u00eda General del Estado, que ayer se adscribi\u00f3 al bando acusador, no acredit\u00f3 correctamente a su representante para este proceso.<\/p>\n
La defensa, a trav\u00e9s del jurista Juan Carlos Camacho, objet\u00f3 la decisi\u00f3n porque la observaci\u00f3n de la vocal no afectaba el tratamiento de recurso de libertad. Aun as\u00ed, Pab\u00f3n se ratific\u00f3 y remiti\u00f3 obrados al juzgado de origen para que resuelva las observaciones.<\/p>\n
Adem\u00e1s, cerca del mediod\u00eda, el juzgado Primero de Instrucci\u00f3n Anticorrupci\u00f3n de La Paz posterg\u00f3, hasta el 19 de enero, la audiencia en la que deb\u00eda haberse considerado la solicitud de llevar a Santa Cruz el caso del paro de los 36 d\u00edas.<\/p>\n
En la acusaci\u00f3n, la COR tambi\u00e9n sindic\u00f3 al presidente del Comit\u00e9 pro Santa Cruz, R\u00f3mulo Calvo, quien ya enfrenta otros procesos legales; al rector y vicerrector de la Universidad Aut\u00f3noma Gabriel Ren\u00e9 Moreno (Uagrm), Vicente Cu\u00e9llar y Reinerio Vargas; adem\u00e1s de asesor legal del Comit\u00e9 Interinstitucional del Censo, Jos\u00e9 Luis Santistevan.<\/p>\n
La querella data del 11 de noviembre y, hasta el momento, la Fiscal\u00eda no solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de los denunciados ni remiti\u00f3 al juzgado los datos de los encausados. Esa fue la causa de la postergaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEste proceso debe remitirse a Santa Cruz, donde ocurrieron los supuestos hechos denunciados. Que el caso est\u00e9 en La Paz genera incompetencia territorial\u201d, explic\u00f3 el abogado Juan Carlos Camacho.<\/p>\n
El 10 de noviembre, Mayta plante\u00f3 una primera denuncia contra los l\u00edderes cruce\u00f1os por \u201cresoluciones contrarias a la Constituci\u00f3n, atentando contra el Presidente y otros dignatarios, violencia pol\u00edtica contra las mujeres, racismo y discriminaci\u00f3n, adem\u00e1s de atentado contra la libertad de trabajo\u201d, delitos que se pudieron cometer en el contexto del paro que reclam\u00f3 por el censo.<\/p>\n
Un d\u00eda despu\u00e9s, el 11 de noviembre, la querella fue ampliada a los tipos penales de \u201cterrorismo y alzamiento armado\u201d. La acci\u00f3n, incluida en una extensa fundamentaci\u00f3n legal, se plante\u00f3 en La Paz, mientras en Santa Cruz ten\u00edan lugar varios disturbios que comenzaron con una marcha de gremialistas alineados al MAS.<\/p>\n
La denuncia, admitida con el expediente CUD 201102012208950, acusa a los l\u00edderes de \u201ctomar instituciones\u201d, como la sede de la Federaci\u00f3n de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. Tambi\u00e9n califica de \u201cpac\u00edfica\u201d la protesta que tuvo lugar el 1 de noviembre en la doble v\u00eda a La Guardia. Ese d\u00eda, un periodista de la red Unitel fue agredido por un grupo de ciudadanos que manten\u00eda el llamado \u201ccerco a Santa Cruz\u201d como respuesta contra el paro.<\/p>\n
\u201cHemos visto en el pasado c\u00f3mo el delito de terrorismo ha sido utilizado por gobiernos de derecha e izquierda en Bolivia como un instrumento para perseguir a los opositores\u201d, dijo C\u00e9sar Mu\u00f1oz, director asociado para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch, con sede en Washington. El organismo presentar\u00e1 hoy su informe anual en el que se incluir\u00e1 un apartado especial sobre el pa\u00eds.<\/p>\n
En ese contexto, el \u00edndice del Estado de derecho de 2022 de la organizaci\u00f3n no gubernamental World Justice Project clasific\u00f3 a Bolivia en el puesto 130 entre 140 pa\u00edses. En el cap\u00edtulo de \u201ccorrupci\u00f3n judicial\u201d, puso al pa\u00eds en el pelda\u00f1o 135 (131 en 2021) y en el puesto 139 (138 en 2021) en \u201cjusticia penal\u201d, solo por delante de Venezuela, el \u00faltimo de la tabla.<\/p>\n
El martes, Calvo revel\u00f3 que trabaja en la convocatoria a \u201cun cabildo nacional\u201d y, en ese contexto, comprometi\u00f3 su apoyo en favor de una reforma judicial que se promueve, el grupo de juristas independientes que recolecta firmas para promover un ajuste en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado.<\/p>\n
Rub\u00e9n Radio Cu\u00e9llar es uno de estos letrados. Ayer explic\u00f3 que se trata de una reforma de \u201c14 art\u00edculos de la Carta Magna\u201d y la \u201cincorporaci\u00f3n de otros dos\u201d que modificar\u00e1n los criterios de la selecci\u00f3n de jueces y magistrados por la v\u00eda de los m\u00e9ritos profesionales y no de criterios pol\u00edticos.<\/p>\n
El ministro de Justicia, Iv\u00e1n Lima, defendi\u00f3 los actuados de la Justicia en la aprehensi\u00f3n y detenci\u00f3n de Camacho. Asegur\u00f3 que el tema no se resolver\u00e1 en las calles, sino en los tribunales. Esto en alusi\u00f3n a las protestas que tienen lugar en Santa Cruz. Pero, organizaciones afines al MAS, que se identifican como \u201cponchos rojos\u201d, mantienen vigilias en Chonchocoro. Adem\u00e1s, la ruta de acceso al penal est\u00e1 obstruida por zanjas.<\/p>\n
Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarc\u00f3n anunci\u00f3 que se har\u00e1n los esfuerzos necesarios para llevar adelante un cabildo nacional por la justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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