Hasta el lunes, el MAS fren\u00f3 y plante\u00f3 modificaciones a tres proyectos de ley considerados \u201catentatorios\u201d contra la libertad de expresi\u00f3n, la protesta social y la Ley de Imprenta. Sin embargo, las decisiones legislativas y gubernamentales no lograron evitar las movilizaciones que iniciaron este martes en todo el pa\u00eds, ya que los sectores sociales piden el archivo total de las normas y la derogaci\u00f3n de tres decretos.<\/p>\n
Los anteproyectos de ley cuestionados son: el 280 sobre lucha contra el lavado de dinero; el 304 sobre uso \u201cindebido\u201d de redes sociales que fue retirado la anterior semana por el diputado proyectista Juan Jos\u00e9 Huanca, y el 305 \u201cde cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos\u201d.<\/p>\n
Sobre el \u00faltimo, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de la C\u00e1mara de Diputados anunci\u00f3 que retirar\u00e1 \u201cin extenso\u201d el art\u00edculo 281 que afecta al rubro period\u00edstico y que vulnera la Ley de Imprenta al imponer una pena carcelaria de tres a siete a\u00f1os contra las personas que difundan por cualquier medio \u201cideas basadas en la superioridad racial\u201d.<\/p>\n
\u201cReiteramos la firme defensa de los derechos humanos, en ese sentido la supresi\u00f3n del Art\u00edculo 281 In Extenso del Proyecto de Ley 305\/2023, ante el di\u00e1logo y coincidencia con los diferentes sectores y, de esta manera, atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garant\u00edas constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia\u201d, se\u00f1ala el comunicado de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos difundido ayer por la diputada presidenta de Comisi\u00f3n, Magaly G\u00f3mez (MAS).<\/p>\n
La viceministra de Comunicaci\u00f3n, Gabriela Alc\u00f3n, confirm\u00f3 que el proyecto de ley 305 continuar\u00e1 en su fase de divulgaci\u00f3n para despu\u00e9s iniciar su tratamiento. Ratific\u00f3 que la intenci\u00f3n del Gobierno \u201cnunca ha sido afectar la libertad de expresi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Las asociaciones departamentales y nacionales de periodistas saludaron la decisi\u00f3n legislativa de anular el art\u00edculo \u201cmordaza\u201d, pero anunciaron que se mantendr\u00e1n en estado de alerta hasta que la determinaci\u00f3n sea enviada por escrito a la prensa.<\/p>\n
\u201cNosotros saludamos el anuncio, pero mantenemos el estado de emergencia por cuanto no hemos recibido la resoluci\u00f3n del pleno de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de la C\u00e1mara de Diputados\u201d, enfatiz\u00f3 la presidenta de la presidenta de la Asociaci\u00f3n Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.<\/p>\n
Aclar\u00f3 que en la reuni\u00f3n que sostuvieron la semana pasada, junto con diputados y autoridades del Ejecutivo, les explicaron que deb\u00edan llegar a consensos entre los miembros de la Comisi\u00f3n antes de tomar una determinaci\u00f3n. A la fecha, no se program\u00f3 sesi\u00f3n ni se trat\u00f3 el asunto.
\nLos comunicadores, antes de conocer el anuncio del MAS sobre el proyecto 305, tambi\u00e9n solicitaron a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer un an\u00e1lisis de \u201ccompatibilidad\u201d del art\u00edculo 281 y de la Ley 045 con los est\u00e1ndares internacionales sobre derechos humanos.<\/p>\n
El segundo proyecto observado es el de \u201cfortalecimiento a la lucha contra la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas\u201d que plantea elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n y que, seg\u00fan los sectores sociales y opositores, \u201ccriminaliza\u201d la protesta social.<\/p>\n
El dirigente nacional de los gremiales Rodolfo Mancilla, cercano al MAS, inform\u00f3 que el proceso de divulgaci\u00f3n y explicaci\u00f3n de los alcances del proyecto por parte del Ejecutivo avanz\u00f3 en El Alto y que continu\u00f3 ayer en La Paz. Sin embargo, la postura de este sector coincide con la de los opositores que piden el archivo de la norma.<\/p>\n
\u201cHubo una molestia del sector transporte y gremiales porque se quiere criminalizar y prohibir las movilizaciones y llevarlos detenidos entre a 20 y 25 a\u00f1os. Y se habla de decomisos, hemos estado en contra. Se ha planteado que si bien van a perseguir al narcotr\u00e1fico y terroristas, ellos no creo que vayan a marchar. Nosotros hemos rechazado y planteamos que lo tengan archivado de manera indefinida y que no se toque\u201d, asegur\u00f3 el dirigente y confirm\u00f3 a este medio que no protestar\u00e1n esta jornada.<\/p>\n
El ministro de Econom\u00eda, Marcelo Montenegro, ratific\u00f3 que el proyecto de ley 280 no est\u00e1 en tratamiento en la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados y estar\u00e1 \u201cparalizado\u201d hasta que se termine el proceso de difusi\u00f3n. Acus\u00f3 al gremial alte\u00f1o Antonio Si\u00f1ani de desinformar e incluso de defender los interese de \u201cgrandes contrabandistas\u201d.<\/p>\n
Antes de la llegada del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), el Gobierno insisti\u00f3 que el proyecto en cuesti\u00f3n era para cumplir las recomendaciones de este organismo internacional y ahora el ministro Montenegro se\u00f1al\u00f3 que la norma \u201cno ser\u00e1 objeto de la evaluaci\u00f3n\u201d y que impulsar\u00e1n las reglamentaciones independientemente de la visita de los expertos.<\/p>\n
Gustavo Vega, ejecutivo adjunto del Gafilat, se\u00f1al\u00f3 que si bien las evaluaciones tienen que ver con la tipificaci\u00f3n del terrorismo, \u201cno es una materia espec\u00edfica de evaluaci\u00f3n. Lo que venimos a evaluar es c\u00f3mo y si el Estado est\u00e1 siendo o puede ser vulnerado para financiar al terrorismo y c\u00f3mo el Estado boliviano est\u00e1 haciendo para mitigar esos riesgos\u201d, aclar\u00f3.<\/p>\n
Las protestas de esta jornada no solo pretenden cuestionar los tres proyecto de ley sino buscan anular los Decretos Supremos 4905, 4906 y 4907, referidos a: la asignaci\u00f3n presupuestaria de recursos adicionales para la protecci\u00f3n de la producci\u00f3n agr\u00edcola; el congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo, y que las sociedades comerciales que cuenten con acciones al portador, remitan informaci\u00f3n a la Autoridad de Fiscalizaci\u00f3n de Empresas (AEMP), respectivamente.<\/p>\n
La marcha en Santa Cruz iniciar\u00e1 a las 8:00. Partir\u00e1 de la antigua terminal de buses del mercado La Ramada. En La Paz, algunos activistas partir\u00e1n a las 9:00 desde la avenida Montes.<\/p>\n
El Gobierno volvi\u00f3 a considerar que las marchas son un nuevo intento de desestabilizaci\u00f3n y que responden a intereses pol\u00edticos y de sectores de la derecha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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