En un conversatorio organizado por la instituci\u00f3n, representantes de los productores de soya de Santa Cruz y analistas coincidieron y plantearon algunas propuestas de soluci\u00f3n definitiva para garantizar la seguridad jur\u00eddica para las tierras productivas en el pa\u00eds.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) llama a concertar una agenda agraria entre los actores del sector productivo y del Gobierno, para dar soluciones conjuntas que brinden seguridad jur\u00eddica a las tierras que producen alimentos para el pa\u00eds.<\/p>\n
En el conversatorio \u201cLos desaf\u00edos para la seguridad jur\u00eddica sobre la tenencia de la tierra\u201d, realizado por la instituci\u00f3n la pasada semana, su presidente, Fernando Romero, apel\u00f3 a la fe del Estado, al cumplimiento de la ley y al compromiso del Presidente Luis Arce de no tolerar ning\u00fan tipo de avasallamiento.<\/p>\n
El evento cont\u00f3 con las ponencias de tres expertos en el \u00e1rea: Gonzalo Flores, Gustavo Pedraza y Fernando Asturizaga, ante la concurrencia presencial de productores, representantes de instituciones del sector agroproductivo y de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz; y virtual de l\u00edderes del sector privado de otros departamentos.<\/p>\n
Entre sus conclusiones, en tono abierto al di\u00e1logo, Romero enfatiz\u00f3 que Anapo es una \u201cinstituci\u00f3n que busca encontrar soluciones y generar mejores condiciones para lo que mejor saben hacer los productores: producir alimentos para Bolivia, que es probablemente la actividad m\u00e1s noble\u201d. Y pidi\u00f3 al Gobierno \u201cque d\u00e9 cumplimiento a las leyes vigentes y sancione de forma contundente los actos delictivos en la toma ilegal de tierras productivas\u201d.<\/p>\n
Durante el debate, los expertos expusieron algunas ideas de soluci\u00f3n para garantizar la propiedad de la tierra y frenar los avasallamientos que ponen en riesgo la soberan\u00eda alimentaria del pa\u00eds. Fernando Asturizaga, Gustavo Pedraza y Gonzalo Flores coincidieron en la importancia de recuperar la institucionalidad de las entidades agrarias, de concluir con el proceso de saneamiento de las tierras, de promover cambios en la justicia para terminar con la impunidad y proteger el derecho propietario, y de exigir el cumplimento de la ley a los \u00f3rganos competentes del Estado.<\/p>\n
Pedraza apunt\u00f3 que el Estado ha fallado en su rol de proteger la propiedad productiva privada, al no haber consolidado instituciones firmes en su labor por encima de intereses pol\u00edticos y dejar de velar por la seguridad jur\u00eddica de quienes tienen t\u00edtulos de propiedad y est\u00e1n trabajando en las tierras.<\/p>\n
\u201cSe tienen que cumplir las leyes y normas que sancionan los avasallamientos; hay cambios en las normas jur\u00eddicas que se convierten en instrumentos para satisfacer objetivos pol\u00edticos de poder\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n
En su intervenci\u00f3n, Asturizaga mencion\u00f3 que existe una irregular distribuci\u00f3n de tierras, sin el control social pertinente, debido a la falta de funcionamiento de las comisiones agrarias a nivel nacional y departamental. Adem\u00e1s, que los t\u00edtulos saneados tienen menor validez y vigencia que un contrato de usufructo.<\/p>\n
\u201cEsto causa que el productor propietario quede en total incertidumbre e indefensi\u00f3n jur\u00eddica\u201d, apunt\u00f3 el abogado experto en derecho agrario, ambiental y desarrollo rural.<\/p>\n
Expuso que -seg\u00fan datos del INRA de finales de 2022- la tenencia de la tierra saneada entre la peque\u00f1a propiedad y la propiedad comunitaria es de 26,1 millones de hect\u00e1reas (28%), los Territorios Ind\u00edgena Originario Campesinos en tierras altas y bajas con 25,6 millones de hect\u00e1reas (27%), las tierras fiscales en manos del Estado son 26,8 millones de hect\u00e1reas (29%) y la mediana propiedad y empresa agropecuaria con 14,9 millones de hect\u00e1reas (16%).<\/p>\n
Dijo que esto demuestra que la distribuci\u00f3n de la tierra destinada a sectores ind\u00edgena originario campesinos puede llegar a beneficiarlos con el 84% del \u00e1rea rural del pa\u00eds, considerando que -de acuerdo con la Ley 3545- las tierras fiscales deben ser entregadas en exclusividad a comunidades.<\/p>\n
En ese sentido, Asturizaga opin\u00f3 que el papel de las entidades agrarias dentro de los \u00d3rganos Ejecutivo y Judicial no generan seguridad jur\u00eddica para los productores debido a varios factores, entre ellos la aplicaci\u00f3n retroactiva de la Constituci\u00f3n, el manejo discrecional de la normativa agraria y un evidente rechazo de las autoridades hacia el sector productivo; lo cual genera incertidumbre para orientar mayores inversiones en la tierra y una evidente desconfianza en las entidades que debieran proteger a quien cumple con la funci\u00f3n econ\u00f3mica social.<\/p>\n
\u201cLos hechos ocurridos en Las Londras han mostrado un mont\u00f3n de delitos cometidos por los avasalladores, como alzamiento armado, terrorismo, lesiones, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento, desmonte ilegal y robo entre otros, con la particularidad de que solo se detuvo a dos personas y ambas actualmente se encuentran libres\u201d, asever\u00f3. En ese sentido, propuso que a la culminaci\u00f3n del saneamiento de tierras, se d\u00e9 fin al proceso de reforma agraria y se modifiquen las formas de acceder a la tierra fiscal en Santa Cruz, bajo la modalidad de titulaci\u00f3n individual.<\/p>\n
El soci\u00f3logo Gonzalo Flores indic\u00f3 que el rol fundamental del Gobierno debe ser generar condiciones adecuadas y reglas claras para promover la producci\u00f3n de alimentos, garantizando seguridad para las inversiones. Esto es fundamental porque los productores agropecuarios bolivianos tienen la posibilidad de apoyar a la reducci\u00f3n de la pobreza, crear riqueza y garantizar la alimentaci\u00f3n para el pa\u00eds.<\/p>\n
Sin embargo \u201clas intervenciones de un Estado que quiere planificar la econom\u00eda y controlar los mercados, reducen las libertades comerciales, les quitan potencial y generan grandes perjuicios por el desincentivo para aumentar la producci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Manifest\u00f3 que como est\u00e1 la pol\u00edtica agraria, los productores no son realmente due\u00f1os de sus tierras, principalmente en las tierras altas del pa\u00eds. \u201cEl Gobierno se niega y pone excusas al productor y con eso impide a la gente a disponer de algo que es suyo\u201d, enfatiz\u00f3 Flores.<\/p>\n
Para finalizar, Fernando Romero Presidente de Anapo, enfatizo en que como sector productivo tienen el potencial para aumentar de forma significativa la producci\u00f3n de alimentos, garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando mayores excedentes para las exportaciones, que significan divisas para el pa\u00eds.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que es importante que el Gobierno garantice la seguridad jur\u00eddica de las tierras productivas para incentivar la inversi\u00f3n de los productores y una se\u00f1al clara debe iniciar con acciones contundentes contra los avasalladores, desalojando de los predios tomados y sancionando de acuerdo a la ley vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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