Concluir el proceso de saneamiento de tierras que se inici\u00f3 hace d\u00e9cadas, impulsar un di\u00e1logo multisectorial que no necesariamente pase por el Gobierno y apoyarse en la legislaci\u00f3n departamental y en instituciones p\u00fablicas que no dependan del Gobierno central son acciones que se pueden trabajar para mitigar la inseguridad jur\u00eddica que se cierne sobre la propiedad de la tierra, seg\u00fan expertos en la materia.<\/p>\n
\u201cLa reforma agraria debe tener un fin (…). El saneamiento se encarg\u00f3 de cercenar una buena cantidad de tierra (a medianos y grandes productores) y finalmente quedan unos 14,9 millones de hect\u00e1reas (ha) del territorio nacional para sustentar la actividad agropecuaria y la alimentaci\u00f3n del pa\u00eds\u201d, afirm\u00f3 Fernando Asturizaga, especialista en derecho agrario y desarrollo rural.<\/p>\n
Datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) muestran que hasta el 2022 el 28% de la tierra saneada del pa\u00eds estaba en manos de comunidades y peque\u00f1os propietarios (26,1 millones de ha); el 27% es territorio ind\u00edgena originario campesino (25,6 millones de ha), el 26,8% son tierras fiscales (26,8 millones de ha) y el 16% est\u00e1 a cargo de medianas y grandes empresas.<\/p>\n
Esto demuestra, apunt\u00f3, que la distribuci\u00f3n de la tierra destinada a sectores ind\u00edgena originario campesinos puede llegar a beneficiarlos con el 84% del \u00e1rea rural del pa\u00eds, considerando que -de acuerdo con la Ley 3545- las tierras fiscales deben ser entregadas en exclusividad a comunidades.<\/p>\n
A\u00fan as\u00ed, \u201csiguen busc\u00e1ndole el pelo en la leche para quitarles la tierra\u201d. Por ello, hay que ponerle \u201cfin a la reforma agraria redistributiva y pol\u00edtica\u201d, sostuvo Asturizaga, asesor legal de la Asociaci\u00f3n de Productores y Oleaginosas y Trigo (Anapo), quien apunt\u00f3 que el proceso \u201clleva m\u00e1s de 50 a\u00f1os, 27 de ellos con el actual INRA\u201d.<\/p>\n
Este proceso \u201ctiene que concluir porque sigue con un elemento que requiere de un cambio judicial y constitucional. El t\u00edtulo de propiedad tiene que ser eso, un t\u00edtulo de propiedad, porque en este momento no es m\u00e1s que un derecho de uso absolutamente general que no garantiza ni al peque\u00f1o,mediano o grande poder producir e invertir con tranquilidad\u201d, afirm\u00f3 el especialista.<\/p>\n
Gustavo Pedraza, experto en administraci\u00f3n p\u00fablica, dijo que la cohesi\u00f3n del sector productivo es fundamental para mantener los derechos b\u00e1sicos y \u201csalvaguardar en lo que se pueda, porque el Estado est\u00e1 funcionando para favorecer intereses de poder y no para proteger a la ciudadan\u00eda\u201d.<\/p>\n
\u201cEl ideal es la ley, pero si no est\u00e1 funcionando en coyunturas como esta tenemos que dialogar (…), no con el que est\u00e1 pateando periodistas o te est\u00e1 apuntando con una escopeta, si no con los actores principales: ganaderos, maiceros, soyeros\u201d y otros, indic\u00f3 el excandidato a la Vicepresidencia.<\/p>\n
\u201cA corto plazo, la seguridad jur\u00eddica es una condici\u00f3n que no va a poder ser alcanzada por los productores agropecuarios\u201d, sentenci\u00f3 Gustavo Flores, soci\u00f3logo experto en desarrollo agrario. Ante esta situaci\u00f3n, apunt\u00f3, \u201chay espacios donde se puede intentar avanzar, como las leyes departamentales y los organismos desconcentrados y descentralizados\u201d.<\/p>\n
Estas propuestas fueron lanzadas durante el conversatorio \u201cLos desaf\u00edos para la seguridad jur\u00eddica sobre la tenencia de la tierra\u201d, organizada por Anapo.Los expertos expusieron tambi\u00e9n otras ideas de soluci\u00f3n para garantizar la propiedad de la tierra y frenar los avasallamientos, como recuperar la institucionalidad de las entidades agrarias, promover cambios en la Justicia para terminar con la impunidad y proteger el derecho propietario, y exigir el cumplimento de la ley a los \u00f3rganos competentes del Estado.<\/p>\n
En esta l\u00ednea, Fernando Romero, presidente de Anapo, apel\u00f3 al compromiso del presidente Luis Arce de no tolerar ning\u00fan tipo de avasallamiento.
\nEn abril, el jefe de Estado remarc\u00f3: \u201cEs importante que, de manera conjunta, todos asumamos un compromiso de no tolerar avasallamientos ni tr\u00e1fico de tierras, vengan de donde vengan\u201d.<\/p>\n
\u201cLa tierra no debe ser traficada, si no trabajada y debemos dar seguridad a todos quienes la producen, sean nuestros hermanos campesinos, ind\u00edgenas, originarios o nuestros hermanos productores y agropecuarios\u201d, afirm\u00f3.
\nPese a este compromiso, los avasallamientos contin\u00faan.<\/p>\n
Asturizaga consider\u00f3 que el papel de las entidades agrarias dentro de los \u00d3rganos Ejecutivo y Judicial no generan seguridad jur\u00eddica para los productores debido a varios factores, entre ellos la aplicaci\u00f3n retroactiva de la Constituci\u00f3n, el manejo discrecional de la normativa agraria y un evidente rechazo de las autoridades hacia el sector productivo.<\/p>\n
\u201cLos hechos ocurridos en Las Londras han mostrado un mont\u00f3n de delitos cometidos por los avasalladores, como alzamiento armado, terrorismo, lesiones, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento, desmonte ilegal y robo entre otros, con la particularidad de que solo se detuvo a dos personas y ambas actualmente se encuentran libres\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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