Al menos 50 causas penales vinculadas con protestas sociales y movilizaciones pol\u00edticas contra l\u00edderes y activistas de Santa Cruz est\u00e1n concentradas en seis administradores de justicia -tres fiscales y tres jueces- seg\u00fan una revisi\u00f3n de requerimientos del \u00faltimo a\u00f1o que hizo EL DEBER; adem\u00e1s de las percepciones de litigantes y protagonistas de varios procesos.<\/p>\n
Seg\u00fan datos del Consejo de la Magistratura, en el departamento existen 197 administradores de justicia de los que 126 trabajan en la ciudad capital, mientras que el Ministerio P\u00fablico reporta 116 fiscales de materia en Santa Cruz.<\/p>\n
Los procesos contra este grupo de personas est\u00e1n divididos en dos grupos. Por una parte, van las investigaciones por delitos comunes y, por otra, por cargos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Para los efectos del primer bloque el fiscal Oswaldo Tejerina est\u00e1 presente en al menos 15 procesos que han sido planteados contra dirigentes y, especialmente, contra militantes de la Uni\u00f3n Juvenil Cruce\u00f1ista (UJC), una organizaci\u00f3n sobre la que tambi\u00e9n pesan acusaciones del Gobierno por supuestos actos de violencia.<\/p>\n
Adem\u00e1s, fue el principal acusador de R\u00f3mulo Calvo, el exl\u00edder c\u00edvico sentenciado a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n por la vulneraci\u00f3n de s\u00edmbolos patrios, como la wiphala. El proceso fue pol\u00e9mico porque Calvo fue condenado por una declaraci\u00f3n y no por haber estado presente en el momento de la agresi\u00f3n del emblema nacional durante la efem\u00e9ride cruce\u00f1a del 24 de Septiembre del pasado a\u00f1o.<\/p>\n
Por otra parte, Oswaldo Erwin S\u00e1nchez, el vicepresidente de UJC del Plan Tres Mil fue acusado de \u201cdelitos de instigaci\u00f3n p\u00fablica a delinquir, incendio, robo agravado y asociaci\u00f3n delictuosa\u201d por la quema de una cl\u00ednica odontol\u00f3gica ocurrida el 3 de enero, durante las protestas posteriores a la captura del gobernador Luis Fernando Camacho. El dirigente acus\u00f3 a Tejerina de obligarlo a inculparse y ante esa evidencia fue enviado a prisi\u00f3n domiciliaria a fines de mayo.<\/p>\n
El fiscal Tejerina est\u00e1 a cargo de las acusaciones por los 36 d\u00edas de paro por el censo que apunta al rector de la Universidad Aut\u00f3noma Gabriel Ren\u00e9 Moreno (Uagrm), Vicente Cu\u00e9llar, el vicerrector de esa casa de estudios superiores y otros dirigentes. Antes de llegar a la Fiscal\u00eda, Tejerina fue parte de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Santa Cruz de la Sierra.<\/p>\n
La lista sigue con los fiscales anticorrupci\u00f3n Alberto Zeballos y Alexander Mendoza, quienes han sido asignados a unas 12 causas penales en la Gobernaci\u00f3n de Santa Cruz. Estos profesionales han redactado las imputaciones contra el gobernador Camacho con la figura recurrente de \u201cincumplimiento de deberes\u201d que se aplica a funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
En una informaci\u00f3n divulgada en mayo de este a\u00f1o, el desaparecido diario pace\u00f1o P\u00e1gina Siete se\u00f1al\u00f3 que el fiscal Zeballos es hijo del juez Alberto Zeballos, que en 2019 fue sometido a un proceso por haber admitido una acci\u00f3n de cumplimiento en contra de la repostulaci\u00f3n del entonces presidente Evo Morales.<\/p>\n
En cuanto a los jueces, de acuerdo con requerimientos revisados por EL DEBER, aparecen especialmente dos autoridades jurisdiccionales: Primo Flores y Manuel Bautista. Ambos atendieron los juicios en la etapa preparatoria por el supuesto sobreprecio en la adquisici\u00f3n de un carro bombero para el gobierno departamental, las acusaciones contra Calvo por supuesta defraudaci\u00f3n en la Caja Petrolera de Salud, adem\u00e1s de la afectaci\u00f3n a los acu\u00edferos. Tambi\u00e9n procesaron a otros dirigentes.<\/p>\n
Para el desarrollo de los procesos legales, el jurista Alberto Moreira fue designado este a\u00f1o para atender los casos contra l\u00edderes cruce\u00f1os. No obstante, en marzo de 2022 estuvo en la lista de los 11 jueces de Ejecuci\u00f3n Penal que fueron suspendidos por \u201cla liberaci\u00f3n irregular de sentenciados\u201d.<\/p>\n
Por su lado, entre marzo y abril de 2022, Baptista estuvo en prisi\u00f3n por delito de prevaricato. Dej\u00f3 en libertad al ciudadano Abram Peters Dick, un menonita acusado en su comunidad de violar a150 mujeres.<\/p>\n
Previamente, su colega Primo Flores autoriz\u00f3 que se defienda en libertad, pero el vocal de la sala penal primera, Ever \u00c1lvarez, revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n. Tras recuperar su libertad atendi\u00f3 un el caso de la quema de la sede campesina de Santa Cruz que se dio en el contexto de una protesta de grupos afines al MAS en contra del paro de los 36 d\u00edas por el censo. Hace tres semanas, qued\u00f3 aprehendido en medio del caso \u201cNarcovuelo\u201d por liberar a una de las acusadas. Fue liberado y a los pocos d\u00edas atendi\u00f3 el caso de la agresi\u00f3n a la asamble\u00edsta Muriel Cruz (MAS). Envi\u00f3 a 13 personas a prisi\u00f3n, pero las principales agresoras a\u00fan est\u00e1n libres.<\/p>\n
El abogado Mart\u00edn Camacho es uno de los que ha estado m\u00e1s cerca de estos procesos. Explic\u00f3 que \u201chay muchas se\u00f1ales o s\u00edntomas de asignaciones direccionadas de fiscales y jueces para que vean las causas con motivaciones pol\u00edticas\u201d.<\/p>\n
Mencion\u00f3 que existen dos sistemas para el sorteo de causas que no siempre son transparentes. Record\u00f3 que en 2020 hubo protestas en Sucre para que se transparenten estos procedimiento \u201cque en teor\u00eda son totalmente digitales\u201d.<\/p>\n
Precis\u00f3 que en algunos procesos evit\u00f3 firmar directamente los requerimientos \u201cy tuvimos mejores resultados\u201d. Eso s\u00ed, en varias oportunidades el Ministerio P\u00fablico form\u00f3 comisiones de investigadores sin que sea necesario \u201cy ah\u00ed se apuntaba alguno de ellos que siempre llegan para ver los casos\u201d.<\/p>\n
Ante este escenario, el rector Cu\u00e9llar declar\u00f3 necesaria la aplicaci\u00f3n de \u201cauditor\u00edas\u201d, especialmente al caso por el que fue sentenciado R\u00f3mulo Calvo. \u201cNo es que la universidad vaya a defender un caso espec\u00edfico por tratarse del gobernador o un l\u00edder c\u00edvico, sino que est\u00e1 comprometida en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, y en el caso de Santa Cruz sentimos que hay persecuci\u00f3n pol\u00edtica en contra de quienes pesamos diferente\u201d, remarc\u00f3.<\/p>\n
El Consejo de la Magistratura en 2022 ten\u00eda un registro de 1.138 jueces en despacho, de esos, poco m\u00e1s de 600 ejerc\u00edan sus funciones sobre la base de contratos \u201ctransitorios\u201d que culminan cada cierto tiempo y que deben renovarse en funci\u00f3n de las disposiciones legales en vigencia, pero tambi\u00e9n gracias a los contactos que el jurista tenga entre las autoridades del poder pol\u00edtico. EL DEBER convers\u00f3 con una jueza y un vocal de Santa Cruz y ellos perciben que en el caso de estas autoridades existen presiones por parte del poder pol\u00edtico y \u201cdesde varios ministerios\u201d.<\/p>\n
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torrez, sin hacer ninguna particularizaci\u00f3n, dijo que se est\u00e1n buscando jueces que deban su formaci\u00f3n, m\u00e9ritos y cargo a una carrera judicial donde ser\u00e1n evaluados y capacitados. Se\u00f1al\u00f3 que un juez que debe su cargo a \u201cuna carrera institucionalizada sus fallos reflejar\u00e1n transparencia como reclama la sociedad\u201d.<\/p>\n
\u201cHay una cr\u00edtica que siempre se ha hecho en el pa\u00eds: que los jueces van cambiando de camiseta, primero eran evistas, luego pasaron a ser del equipo de la se\u00f1ora (Jeanine) \u00c1\u00f1ez y ahora pareciera que se quiere resaltar que hay ese tercer cambio de camisetas, pero eso no concuerda con la realidad\u201d, apunt\u00f3 el ministro de Justicia, Iv\u00e1n Lima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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