El caso del alcalde Manfred Reyes Villa ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de los juicios de responsabilidades. Hay 20 que esperan la autorizaci\u00f3n de la Asamblea Legislativa, incluso desde 2004, con dos expresidentes y 12 exprefectos en la mira.<\/p>\n
A fines de junio se conoci\u00f3 que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvi\u00f3 que se anulen ocho procesos y cuatro sentencias contra el burgomaestre de Cochabamba, por ser casos de cuando fue prefecto de ese departamento (2006-2008). Y se abri\u00f3 las puertas para que se activen juicios de privilegio en su contra.<\/p>\n
Pero la historia del avance de estos procesos no brinda buenas se\u00f1ales a la hora de la evaluaci\u00f3n. Seg\u00fan una lista prove\u00edda a LA RAZ\u00d3N por el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, C\u00e9sar Siles, hay al menos 20 juicios de responsabilidades que se encuentran estancados en la Asamblea Legislativa, incluso desde 2004.<\/p>\n
Todos cuentan con el requerimiento acusatorio de la Fiscal\u00eda General y pasaron el informe de la Comisi\u00f3n Mixta de Justicia Plural, Ministerio P\u00fablico y Defensa Legal del Estado. O sea, ahora requieren el aval de dos tercios del Legislativo para su aceptaci\u00f3n o rechazo. Si es lo primero, los juicios se ventilar\u00e1n en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).<\/p>\n
Uno de los dos procesos que duerme el \u201csue\u00f1o de los justos\u201d en la Asamblea durante 19 a\u00f1os implica al expresidente Gonzalo S\u00e1nchez de Lozada y su gabinete (19 exministros), que en su segunda gesti\u00f3n (2002-2003), durante la \u201cguerra del gas\u201d en octubre de 2003, mediante un decreto cambi\u00f3 el Presupuesto General del Estado.<\/p>\n
MILLONES<\/p>\n
El ajuste alcanza a m\u00e1s de $us 2.000 millones. En plena crisis y sin una ley del antiguo Congreso, S\u00e1nchez de Lozada engord\u00f3 la billetera de los ministerios de Gobierno, de Defensa y de Relaciones Exteriores, y exprimi\u00f3 al Tesoro General de la Naci\u00f3n. Recursos por los cuales no brind\u00f3 informe, porque huy\u00f3 del pa\u00eds.<\/p>\n
De las dos decenas de juicios de la n\u00f3mina, hay cuatro que involucran a expresidentes, l\u00e9ase S\u00e1nchez de Lozada y Carlos Mesa (2003-2005); uno al exvicepresidente V\u00edctor Hugo C\u00e1rdenas; otros mencionan a 35 exministros y 12 est\u00e1n relacionados con exprefectos departamentales (revisar cuadros de la parte superior).<\/p>\n
Existe un antes y un despu\u00e9s para este tipo de procesos de privilegio. El punto de quiebre es la nueva Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estdo, vigente desde 2009. Esto llev\u00f3 a que un a\u00f1o despu\u00e9s, el entonces presidente Evo Morales promulgue la Ley 044, que dict\u00f3 un nuevo \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed, los juicios de responsabilidades abarcan al Presidente, el Vicepresidente y las altas autoridades del TCP, el TSJ, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio P\u00fablico. La antigua Ley 2445, firmada por S\u00e1nchez de Lozada en 2003, no tomaba en cuenta al \u00d3rgano Judicial, solo al Presidente, Vicepresidente, ministros y prefectos.<\/p>\n
Alicia Mu\u00f1oz, ministra de Gobierno en el primer mandato presidencial de Morales, tiene dos requerimientos acusatorios de 2007. Uno por las muertes en enfrentamientos entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni, en 2006; y otro por el conflicto en Cochabamba del 11 de enero de 2007, que se sald\u00f3 con tres decesos.<\/p>\n
Para el viceministro Siles, el tiempo transcurrido para que estos 20 procesos avancen en su definici\u00f3n por parte de los legisladores es \u201calarmante y preocupante\u201d. \u201cNo se han llegado a considerar por la Asamblea, deber\u00eda hac\u00e9rselo independientemente de las personas acusadas, es una responsabilidad constitucional\u201d.<\/p>\n
Prev\u00e9 que la lista se engrosar\u00e1 con los 12 procesos de Reyes Villa que seguramente remitir\u00e1 la Fiscal\u00eda General, lo que aumentar\u00e1 \u201cla retardaci\u00f3n de justicia en la Asamblea\u2026 Si bien su principal misi\u00f3n es legislar, deber\u00eda tambi\u00e9n preocuparse de cumplir sus otras funciones\u201d: fiscalizar y sustanciar juicios de responsabilidades.<\/p>\n
ENRON<\/p>\n
El segundo caso que implica al exmandatario S\u00e1nchez de Lozada \u2014quien fug\u00f3 a Estados Unidos despu\u00e9s de la masacre con m\u00e1s de 60 fallecidos en octubre de 2003 en la denominada \u201cguerra del gas\u2014, data de su primera gesti\u00f3n presidencial (1993-1997) y el requerimiento acusatorio se remonta a 2008.<\/p>\n
Tiene que ver con una empresa estadounidense que dej\u00f3 su impronta por lo oscuro de sus negocios, la estadounidense Enron. S\u00e1nchez de Lozada, su exvicepresidente C\u00e1rdenas y al menos cinco exministros son sindicados de impulsar contratos gas\u00edferos irregulares de Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con compa\u00f1\u00edas transnacionales.<\/p>\n
Aparte, entre los exministros en la mira por estas solicitudes de juicios de responsabilidades y que cuentan con casos espec\u00edficos, se encuentran, adem\u00e1s de Mu\u00f1oz, F\u00e9lix Patzi, W\u00e1lter Villarroel, Hugo Salvatierra y Alfredo Rada, de la era presidencial de Morales (2006- 2019); adem\u00e1s de Silvio Comboni, Javier Cuevas y Jorge Berindoague,<\/p>\n
Sobre los exprefectos, de los 12 requerimientos acusatorios, cinco corresponden a exautoridades de Chuquisaca, l\u00e9ase David S\u00e1nchez, Ariel Iriarte, Marcelo Arana, Savina Cu\u00e9llar y Carlos Cortez; dos a exprefectos de Tarija, Mario Coss\u00edo y Adel Cortez. Con un caso cada uno est\u00e1n exautoridades de Potos\u00ed, Cochabamba, Oruro, Pando y La Paz.<\/p>\n
La senadora Andrea Barrientos, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) e integrante de la Comisi\u00f3n Mixta de Justicia Plural, se\u00f1ala que estos requerimientos acusatorios est\u00e1n parados por voluntad del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a que ya fueron avalados en el primer a\u00f1o de legislatura por esa instancia.<\/p>\n
Lamenta el retraso en el tratamiento, ya que hay exautoridades acusadas que ya fallecieron y porque hay \u201cjuicios raros\u201d que se deben evaluar, e incluso \u201creincidentes\u201d, como un caso del exprefecto Reyes Villa. Eso s\u00ed, subraya que el debate de estos juicios est\u00e1 en manos del presidente de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca.<\/p>\n
Mientras que el presidente de esta comisi\u00f3n, el senador Luis Adolfo Flores (MAS), indica que todos los requerimientos acusatorios de la lista prove\u00edda por el Viceministerio de Justicia ya fueron aprobados y remitidos a Choquehuanca, quien tiene que decidir cu\u00e1ndo se discutir\u00e1 la aceptaci\u00f3n o no de estos procesos en la Asamblea. Flores busca una explicaci\u00f3n para que estas solicitudes de procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia no se hayan viabilizado por parte del oficialismo, ya que hasta 2020 el MAS ten\u00eda los dos tercios necesarios en el Legislativo para que sea as\u00ed, cuando el presidente de la Asamblea era el vicepresidente \u00c1lvaro Garc\u00eda Linera.<\/p>\n
Y en todo esto, en qu\u00e9 quedan los requerimientos acusatorios contra la expresidenta transitoria Jeanine \u00c1\u00f1ez (2019-2020). Siles recuerda que la Fiscal\u00eda General present\u00f3 ante la Asamblea cuatro solicitudes de juicios de responsabilidades contra la exsenadora, las cuales fueron \u201cdeclinadas\u201d para un juzgamiento en la v\u00eda ordinaria.<\/p>\n
El sustento es que, seg\u00fan el Gobierno, \u00c1\u00f1ez se poclam\u00f3 mandataria, en noviembre de 2019, incumpliendo los procedimientos legales y constitucionales, por lo cual no puede tener derecho a juicios de privilegio. En ese marco, ya tiene una sentencia, en primera instancia, de 10 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
\u00c1\u00f1ez se encuentra en el penal pace\u00f1o de Miraflores. Su condena es en el caso Golpe de Estado II. De acuerdo con la Fiscal\u00eda, tom\u00f3 el poder en una sesi\u00f3n legislativa sin el qu\u00f3rum respectivo y sin cumplir el reglamento de la C\u00e1mara de Senadores. Tambi\u00e9n es investigada en el caso Golpe de Estado I, sobre el derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.<\/p>\n
PENDIENTES<\/p>\n
El senador Flores informa que los cuatro requerimientos acusatorios contra \u00c1\u00f1ez fueron devueltos por la Comisi\u00f3n Mixta de Justicia Plural al Tribunal Supremo de Justicia porque no hab\u00eda suficiente prueba documental sobre que ella \u201cejerci\u00f3 como presidenta\u201d, o sea, los requerimientos \u201ceran insuficientes\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, revela que tres les fueron devueltos. Uno sobre delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo; otro sobre un cr\u00e9dito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que caus\u00f3 un da\u00f1o de $us 24,3 millones; y el \u00faltimo sobre la ampliaci\u00f3n \u201cirregular\u201d de la concesi\u00f3n del Registro de Comercio.<\/p>\n
Ante esto, Flores adelanta que la comisi\u00f3n conocer\u00e1 nuevamente los requerimientos acusatorios y elevar\u00e1 un informe al pleno de la Asamblea \u201csi hay suficientes pruebas de que \u00c1\u00f1ez haya asumido la presidencia conforme a la Constituci\u00f3n o las pruebas del Ministerio P\u00fablico\u201d. Un debate que puede ser previsto para la siguiente semana.<\/p>\n
Aparte de S\u00e1nchez de Lozada, el otro exmandatario en la lista de proposiciones acusatorias para un juicio de responsabilidades es Carlos Mesa, quien est\u00e1 implicado en la firma de un decreto de 2004 que anul\u00f3 concesiones mineras de la empresa Non-Metallic Minerals.<\/p>\n
Ello deriv\u00f3 en una \u201creclamaci\u00f3n internacional\u201d, con una demanda contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), los que provoc\u00f3 un \u201cda\u00f1o econ\u00f3mico al Estado\u201d. Fue as\u00ed que otros recursos, el fallo negativo para el pa\u00eds tom\u00f3 calidad de cosa juzgada en septiembre de 2015.<\/p>\n
Es uno m\u00e1s de los casos que figuran entre los juicios de privilegio que est\u00e1n congelados en la Asamblea. El viceministro Siles insiste en que es hora de dar certeza sobre estos 20 procesos en agenda. Y el senador Flores respalda que se tome de una vez la \u201cdecisi\u00f3n pol\u00edtica\u201d. Por ahora, est\u00e1 en manos de los asamble\u00edstas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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