{"id":5431,"date":"2021-04-19T06:36:56","date_gmt":"2021-04-19T10:36:56","guid":{"rendered":"http:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/?p=5431"},"modified":"2021-04-19T06:36:56","modified_gmt":"2021-04-19T10:36:56","slug":"trafico-de-tierras-involucra-la-gestion-de-4-ministros-y-deja-al-menos-100-procesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/2021\/04\/19\/trafico-de-tierras-involucra-la-gestion-de-4-ministros-y-deja-al-menos-100-procesos\/","title":{"rendered":"Tr\u00e1fico de tierras involucra la gesti\u00f3n de 4 ministros y deja al menos 100 procesos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El tr\u00e1fico de tierras fiscales involucra la gesti\u00f3n de cuatro exministros y ha dejado al menos 100 procesos entre administrativos y penales a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con la Fundaci\u00f3n Tierra, los casos de corrupci\u00f3n relacionados a la dotaci\u00f3n de tierras fiscales, si bien siempre han existido, adquieren una importancia mayor desde 2010, cuando Nemesia Achacollo ocupaba la cartera de Desarrollo Rural.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cA partir de 2010 se marca muy visiblemente el tema de la corrupci\u00f3n en el manejo de tierras fiscales. A partir de ese a\u00f1o la institucionalidad p\u00fablica del INRA se pierde y entra el manejo pol\u00edtico. El INRA pierde su condici\u00f3n t\u00e9cnica y se convierte en una instrumento pol\u00edtico, operativo, partidario en favor de intereses concretos y esto genera mecanismos ligados a la extorsi\u00f3n y el tr\u00e1fico de tierras\u201d, se\u00f1ala el director de la Fundaci\u00f3n Tierra Regional Oriente, Alcides Vadillo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con reportes de prensa, en 2010 Juan Carlos Rojas, exdirector del INRA, denunci\u00f3 la existencia de una oficina que fraguaba documentos y que blanque\u00f3 antecedentes y extorsion\u00f3 a funcionarios para beneficiar a ciertas personas y entregarles tierras fiscales por un precio, que seg\u00fan report\u00f3 el peri\u00f3dico La Prensa en 2011, oscilaba entre los 23.000 y 50.000 d\u00f3lares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con los documentos del caso \u201cINRA paralelo\u201d, los implicados en el caso \u201cproced\u00edan a contactarse con empleados del INRA de Santa Cruz con el objetivo de obtener la informaci\u00f3n de la base de datos oficial. Fraguaban la documentaci\u00f3n, introduc\u00edan datos falsos y los utilizaban para cumplir sus compromisos econ\u00f3micos por un monto aproximado de 23.000 d\u00f3lares americanos por cada contrato, aunque hubo casos en los que el monto exigido alcanzaba los 50.000 d\u00f3lares\u201d, se\u00f1ala el reporte de La Prensa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nEl INRA \u201cchuto\u201d operaba en el pasaje Cu\u00e9llar N 3135 y en la calle Pozo N 448 de Santa Cruz, y se dedicaba a \u201chacer seguimiento\u201d de tr\u00e1mites en el INRA y en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), confes\u00f3 el responsable de la oficina clandestina Marcelo Salas Viruez en su declaraci\u00f3n formal ante la Fiscal\u00eda de Distrito de Santa Cruz el 17 de marzo de 2011.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cAqu\u00ed es donde aparece lo que en ese momento se llam\u00f3 el \u2018INRA Paralelo\u2019. En ese momento la ministra de Desarrollo Rural era Nemesia Achacollo y el director del INRA era Juan Carlos Rojas y es esta persona quien denuncia la existencia de esta oficina, que estaba armando expedientes paralelos, extorsionando a unos y beneficiando a otros y la consecuencia de esta denuncia es que el denunciante es separado del INRA y se le inicia un proceso del cual no se sabe cu\u00e1l fue su conclusi\u00f3n\u201d, agreg\u00f3 Vadillo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rojas, luego de realizar la denuncia, fue reemplazado por Julio Urapotina, quien, seg\u00fan notas de prensa, fue uno de los responsables de los asentamientos humanos impulsados en Pando por el exministro de la Presidencia Juan Ram\u00f3n Quintana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rojas, en su momento, no descart\u00f3 que su destituci\u00f3n obedezca a las denuncias presentadas ante el Ministerio P\u00fablico por la presunta existencia de una red nacional de traficantes de documentos e informaci\u00f3n de saneamiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los reportes de la prensa en ese entonces se\u00f1alan que uno de los integrantes de la organizaci\u00f3n asegur\u00f3 ser asesor personal de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, e intent\u00f3 acudir a ella por tel\u00e9fono en el momento en que fue arrestado en su oficina, de acuerdo con las autoridades del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscal\u00eda, en las mencionadas oficinas se encontr\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada al saneamiento de tierras en Santa Cruz y Montero, y que, adem\u00e1s, fueron visitadas por la exministra Achacollo en dos ocasiones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En abril de 2011, ante las acusaciones contra la exministra, el entonces presidente Evo Morales la defendi\u00f3: \u201cLa compa\u00f1era Nemesia es de mucha confianza, la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran luchadora; no creo para nada en la acusaci\u00f3n contra la ministra, pero a veces es dif\u00edcil dar la cabeza por todos y todas\u2026\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nepotismo y clanes<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durante la gesti\u00f3n del exministro C\u00e9sar Cocarico (2015-2019) se presentaron tambi\u00e9n denuncias de corrupci\u00f3n, nepotismo y tr\u00e1fico de tierras, apuntando directamente a la ex autoridad y sus familiares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El hermano del exministro, Rogelio Cocarico Yana, fue detenido en 2018, acusado de estafar a una comunidad menonita con el cobro de 600 mil d\u00f3lares a cambio de sanear tierras ilegales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El 24 de octubre de 2018, el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz envi\u00f3 a Rogelio Cocarico al penal de Palmasola acusado de estafa agravada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan la denuncia, el hermano de Cocarico -junto con cinco que se presentaron como funcionarios de la empresa Mato Grande- \u201csonsac\u00f3\u201d a los pobladores de la colonia R\u00edo Negro (Beni) 200 mil d\u00f3lares para sanear un desmonte ilegal. \u00c9se era s\u00f3lo un adelanto del pago de 600 mil d\u00f3lares exigido para arreglar el \u201cl\u00edo de tierras\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan documentaci\u00f3n de la Contralor\u00eda y las planillas de personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el exministro C\u00e9sar Cocarico tuvo a dos de sus primos trabajando dentro de la cartera de Estado que \u00e9l dirig\u00eda. Los dos presuntos familiares son Orlando Achu Cocarico, exJefe de Unidad de Producci\u00f3n Agropecuaria, Agroforestal y Pesca; y \u00c9dgar Yana Chambi, que trabaj\u00f3 en el INRA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En enero de 2020, el entonces viceministro de tierras, Gustavo Terrazas, asegur\u00f3 que Cocarico estaba implicado con un clan familiar vinculado al tr\u00e1fico de tierras en Santa Cruz y la Chiquitania, denominado \u201cclan Le\u00f3n\u201d, junto con Juan Carlos Le\u00f3n, exdirector del INRA.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En enero de 2020, el INRA present\u00f3 una demanda penal ante el Ministerio P\u00fablico contra Cocarico por el nombramiento ilegal justamente de Juan Carlos Le\u00f3n Rodas, como director de esa entidad sin que cuente con un t\u00edtulo profesional que respalde esa designaci\u00f3n y que fue refrendado mediante Resoluci\u00f3n Suprema N\u00ba 24721 por el entonces presidente Evo Morales, establece un comunicado del Viceministerio de Tierras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cDe acuerdo con la hip\u00f3tesis que estamos pudiendo manejar desde el Viceministerio de Tierras, vemos que hay un enlace directo, quienes nombran a Le\u00f3n son Evo Morales y C\u00e9sar Cocarico. Qui\u00e9n es Juan Carlos le\u00f3n, parte del clan de los Le\u00f3n, habr\u00eda una relaci\u00f3n directa entre estas autoridades para atentar contra la Chiquitania y ver con el tr\u00e1fico de tierras\u201d, acus\u00f3 Terrazas en rueda de prensa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cocarico se defendi\u00f3 en su momento, se\u00f1alando que \u00e9l mismo hab\u00eda denunciado los hechos de corrupci\u00f3n y que en el caso de su hermano, \u00e9l no pod\u00eda hacer nada para defenderlo. \u201cAunque seamos hermanos nada puedo hacer\u201d, expres\u00f3 entonces el exgobernador de La Paz.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Denuncias a la gesti\u00f3n de A\u00f1ez<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En noviembre de 2020, d\u00edas antes del cambio de gobierno, durante la gesti\u00f3n de la exministra Eliane Capobianco, la Fundaci\u00f3n Tierra denunci\u00f3 el \u201cmanejo arbitrario\u201d del INRA en el gobierno transitorio de Jeanine A\u00f1ez y denunci\u00f3 la entrega de \u201cmiles\u201d de t\u00edtulos agrarios en el departamento de Santa Cruz.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cAl igual que hemos cuestionado la actuaci\u00f3n del gobierno del MAS por el tr\u00e1fico de tierras, expresamos nuestra preocupaci\u00f3n por el manejo arbitrario del INRA durante el gobierno transitorio de Jeanine A\u00f1ez. Entreg\u00f3 miles de t\u00edtulos agrarios en el departamento de Santa Cruz, bajo el argumento de que los tr\u00e1mites se hab\u00edan paralizado sin motivo alguno. Varias de estas propiedades, en especial las medianas y grandes, ten\u00edan observaciones jur\u00eddicas de fondo por tratarse de tentativas de apropiaci\u00f3n ilegal de tierras fiscales y de latifundios que no cumplen la Funci\u00f3n Econ\u00f3mico Social (FES)\u201d, se\u00f1al\u00f3 la Fundaci\u00f3n Tierra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fundaci\u00f3n tambi\u00e9n denunci\u00f3 la consolidaci\u00f3n de dos propiedades agrarias: Empresa Agropecuaria Laguna Coraz\u00f3n, de 12.480 hect\u00e1reas, en la provincia Guarayos; y la Empresa Agropecuaria Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hect\u00e1reas, en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hect\u00e1reas en favor de la familia del entonces ministro de Econom\u00eda, Branko Marinkovic.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al respecto, la familia Marinkovic, mediante un comunicado, neg\u00f3 que el exministro se haya beneficiado de la titularizaci\u00f3n de las tierras, ya que \u00e9stas pertenecen a la Empresa Agropecuaria Laguna Coraz\u00f3n, \u201centre cuyos accionistas \u00e9l no figura\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nota agrega que la titularizaci\u00f3n de estas tierras se realiz\u00f3 producto de un tr\u00e1mite que dur\u00f3 m\u00e1s de 10 a\u00f1os y se consolid\u00f3 luego de un proceso legal \u201cdebidamente sustanciado en los tribunales e instancias respectivas\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al respecto, Vadillo apunta que con el gobierno de transici\u00f3n no se hace una revisi\u00f3n de los procesos cuestionados durante el gobierno del MAS, sino que las pr\u00e1cticas irregulares se reforzaron, cambiando a los beneficiarios de interculturales y dirigentes asociados al MAS a medianos y grandes propietarios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSi durante la gesti\u00f3n del MAS los beneficiarios eran interculturales y gente del partido, durante la gesti\u00f3n de A\u00f1ez la gente que se benefici\u00f3 principalmente de la dotaci\u00f3n de tierras fueron grandes propietarios, con propiedades mayores a 5.000 hect\u00e1reas que en el gobierno del MAS no pudieron consolidar derechos sobre la tierra. Cuando entra A\u00f1ez al poder, estas tierras son legalizadas en gran medida; lastimosamente no hay proceso de revisi\u00f3n de lo que se hizo\u201d, agreg\u00f3 el director de la Fundaci\u00f3n Tierra Regional Oriente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atrapado por un soborno<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El pasado martes, Edwin Characayo, entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, fue detenido luego de ser descubierto in fraganti mientras recib\u00eda un soborno de 20.000 d\u00f3lares, entregados con el objetivo de sanear el predio denominado El Triunfo II, de 1.350 hect\u00e1reas, ubicado en el municipio de San Juli\u00e1n del departamento de Santa Cruz, clasificado como tierra fiscal, seg\u00fan el INRA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEse predio (El Triunfo II) data desde hace tiempo y est\u00e1 en proceso de saneamiento, y el INRA, antes de mi gesti\u00f3n, ya hab\u00eda emitido una resoluci\u00f3n de reversi\u00f3n de esa propiedad y ah\u00ed termin\u00f3 el trabajo. El ministerio (de Desarrollo Rural), a trav\u00e9s del Viceministerio de Tierras, en su calidad de fiscalizador, solicita informaci\u00f3n (al INRA) y seguramente iba a emitir alguna resoluci\u00f3n\u201d, respondi\u00f3 a P\u00e1gina Siete el director nacional del INRA, Eulogio N\u00fa\u00f1ez.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El director del INRA afirm\u00f3 que es el Ministerio P\u00fablico el que debe aclarar esos detalles y las investigaciones desvelar\u00e1n c\u00f3mo se realizaron esos contactos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Procesos<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan declaraciones del exdirector del INRA, Juan Carlos Le\u00f3n, entre 2018 y 2019, se presentaron al menos 100 denuncias contra funcionarios de la instituci\u00f3n por irregularidades y corrupci\u00f3n en la dotaci\u00f3n de tierras, lo que dio inicio a procesos penales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cTenemos m\u00e1s de 100 procesos penales que se est\u00e1n dando no s\u00f3lo a funcionarios p\u00fablicos que falsificaban documentos y extorsionaban, sino tambi\u00e9n a particulares. Se ha despedido a esa gente\u201d, se\u00f1al\u00f3 Le\u00f3n en 2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por su parte, la Fundaci\u00f3n Tierra se\u00f1ala que no cuenta con un registro de denuncias y procesos; sin embargo, observa que la mayor parte de los casos denunciados han tenido muy poco avance o han quedado en nada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLamentablemente no tenemos un registro de las denuncias que se han realizado. A 2019 hab\u00edan cerca de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, se abri\u00f3 un proceso contra el exministro Cocarico, se le abri\u00f3 un juicio al exdirector del INRA Juan Carlos Le\u00f3n, se inici\u00f3 un juicio al exdirector del INRA en Santa Cruz, Sergio Abrahan Imana, pero todos estos juicios quedan en nada. La influencia pol\u00edtica es m\u00e1s fuerte y trata de cerrar estos espacios de discusi\u00f3n e incluso de aplicaci\u00f3n de justicia, de sanci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vadillo agreg\u00f3 que es un hecho muy positivo el caso del exministro Characayo; sin embargo, advierte que las experiencias pasadas muestran que estos procesos muchas veces se quedan en nada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEs importante que haya una decisi\u00f3n de iniciar un proceso; sin embargo, la experiencia nos muestra que luego de dos semanas esto pasa al olvido y los procesos quedan en el aire\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fundaci\u00f3n Tierra pide intervenci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En una carta abierta presentada el pasado jueves, la Fundaci\u00f3n Tierra urgi\u00f3 al Gobierno a intervenir el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y devolverle su institucionalidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEl tr\u00e1fico de tierras es uno de los peores fen\u00f3menos de corrupci\u00f3n en Bolivia. Por eso, entre las medidas que deben tomarse de forma urgente y de fondo, est\u00e1n: La intervenci\u00f3n inmediata del INRA para iniciar una auditor\u00eda de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tr\u00e1fico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fundaci\u00f3n tambi\u00e9n pidi\u00f3 proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del Gobierno nacional a usar incluso la fuerza p\u00fablica para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En otro punto se solicita al Gobierno \u201cparalizar todos los tr\u00e1mites de autorizaci\u00f3n de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tr\u00e1fico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el l\u00edmite de 5.000 hect\u00e1reas\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fundaci\u00f3n hace un llamado p\u00fablico a \u201clas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que se\u00f1ala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la C\u00e1mara de Diputados\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan Tierra, en 10 a\u00f1os, el INRA ha tenido ocho directores interinos, en su mayor\u00eda propuestos por los movimientos sociales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dotaci\u00f3n se aceler\u00f3 a partir de 2011<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Fundaci\u00f3n Tierra se\u00f1ala que, a partir de 2011, el gobierno del entonces presidente Evo Morales aceler\u00f3 el proceso de saneamiento y dotaci\u00f3n de tierras fiscales, sobre todo en el oriente, llegando a otorgar autorizaciones de asentamiento a, al menos, 1.400 comunidades s\u00f3lo en la Chiquitania entre 2011 y 2019. Sin embargo, la Fundaci\u00f3n advierte que esta distribuci\u00f3n de tierras se hace de manera poco transparente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cA partir de 2011 hay un cambio en la pol\u00edtica de distribuci\u00f3n de las tierras fiscales. Hasta ese a\u00f1o, el proceso de saneamiento hab\u00eda avanzado, se hab\u00eda identificado un volumen de tierras fiscales pero los procesos de asentamiento y de distribuci\u00f3n de estas tierras eran muy limitados\u201d, indica el director de la Regional Oriente de la Fundaci\u00f3n, Alcides Vadillo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vadillo agrega que, revisando las memorias del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), desde 1996 hasta 2010 pr\u00e1cticamente s\u00f3lo se hab\u00edan distribuido 200 mil hect\u00e1reas, en 14 a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPero a partir del 2011 empieza un proceso de distribuci\u00f3n de tierras que es cada vez m\u00e1s creciente y ya desde el 2011 hasta el 2019, s\u00f3lo en la Chiquitania, la Fundaci\u00f3n Tierra identifica la existencia de 1.400 comunidades con autorizaci\u00f3n de asentamiento de parte del INRA\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El tr\u00e1fico de tierras fiscales involucra la gesti\u00f3n de cuatro exministros y ha dejado al menos 100 procesos entre administrativos y penales a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). 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