La Liga de Usuarios de Servicios P\u00fablicos del Caribe expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la advertencia de la Contralor\u00eda sobre el posible riesgo de racionamiento debido al impago de subsidios a las empresas de energ\u00eda, de acuerdo con informaci\u00f3n conocida por la emisora colombiana W Radio. Esta situaci\u00f3n, seg\u00fan la organizaci\u00f3n, tiene dos componentes distintos: la deuda de subsidios y la relacionada con la opci\u00f3n tarifaria.<\/p>\n
En cuanto a los subsidios, que benefician a los estratos 1, 2 y 3, se financian a trav\u00e9s de dos fuentes principales: el Fondo de Redistribuci\u00f3n de Solidaridad e Ingresos, alimentado por una contribuci\u00f3n del 20% sobre el consumo de energ\u00eda de los estratos 5 y 6 y del sector comercial, y los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n, cuando los fondos recaudados no son suficientes.<\/p>\n
En este sentido, los faltantes para cubrir estos subsidios provienen de los impuestos pagados por todos los colombianos.<\/p>\n
Por otro lado, la deuda de la opci\u00f3n tarifaria surge de la congelaci\u00f3n de cobros durante la pandemia, medida implementada para aliviar la carga financiera de los usuarios. Sin embargo, gran parte de los usuarios ya ha cubierto estos costos.<\/p>\n
Seg\u00fan las cifras, la empresa Afinia tiene una deuda de 1.7 billones de pesos por esta opci\u00f3n tarifaria, mientras que AIR-E reclama 850.000 millones de pesos, de los cuales ya ha recaudado 715.000 millones de los usuarios en Atl\u00e1ntico, Magdalena y La Guajira.<\/p>\n
La Liga tambi\u00e9n record\u00f3 que el Gobierno Nacional, en una visita del presidente Petro en mayo, se comprometi\u00f3 a pagar la opci\u00f3n tarifaria para los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, hasta el momento, este compromiso no se ha cumplido, ya que requiere la aprobaci\u00f3n de un proyecto de ley en el Congreso.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n calific\u00f3 la situaci\u00f3n como cr\u00edtica, ya que la poblaci\u00f3n en la regi\u00f3n Caribe sigue enfrentando altas tarifas, producto de un r\u00e9gimen especial tarifario que incluye costos por hurtos y fraudes, adem\u00e1s de una sobretasa del 20% a la comercializaci\u00f3n de energ\u00eda en esta zona. Los usuarios reclamaron tambi\u00e9n las elevadas rentabilidades de las empresas del sector el\u00e9ctrico y exigieron tarifas m\u00e1s justas para la regi\u00f3n.<\/p>\n
Finalmente, se inform\u00f3 que el Gobierno debe 1.3 billones de pesos a las empresas por concepto de subsidios del servicio el\u00e9ctrico, y que para el pr\u00f3ximo a\u00f1o faltan por apropiarse 700.000 millones de pesos, sumando un total de 2 billones de pesos en deudas.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n afecta directamente a 2.16 millones de hogares en la Costa Caribe, que representan a 8.64 millones de personas que dependen de estos subsidios para acceder a la energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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