En el a\u00f1o 2024 se registr\u00f3 un total de 915 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia \u2013entre libertades de expresi\u00f3n, prensa, libre asociaci\u00f3n, reuni\u00f3n pac\u00edfica, protesta y defensa de derechos- y a la institucionalidad democr\u00e1tica, seg\u00fan un \u00faltimo informe de la Uni\u00f3n Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acci\u00f3n Social (Unitas) publicado hoy.<\/p>\n
\u201cLa fragilidad de las instituciones del Estado, el incumplimiento a las normas, los reiterados casos de corrupci\u00f3n de m\u00e1ximas autoridades ejecutivas en los distintos niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), entre otros casos, son la muestra de un creciente y preocupante nivel de debilitamiento de la institucionalidad democr\u00e1tica en el pa\u00eds, que va en incremento a\u00f1o a a\u00f1o y afianz\u00e1ndose por encima de las violaciones a las libertades fundamentales y el derecho a defender derechos\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/p>\n
El an\u00e1lisis tambi\u00e9n revela que la Polic\u00eda Nacional es la instituci\u00f3n responsable de la mayor cantidad de vulneraciones, con 212 (23%) del total de casos, sobre todo de hechos y declaraciones que atentaron contra la institucionalidad democr\u00e1tica, as\u00ed como las libertades de reuni\u00f3n y protesta.<\/p>\n
Del total de vulneraciones registradas, el 57% (525 casos) fueron a la institucionalidad democr\u00e1tica, mientras que un 17% (150 casos) est\u00e1n relacionados con vulneraciones a la libertad de prensa, posicion\u00e1ndose como las dos categor\u00edas con mayor incidencia de casos por segundo y tercer a\u00f1o consecutivo, respectivamente.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe, tambi\u00e9n hubo 95 vulneraciones a la libertad de reuni\u00f3n y protesta, 93 a derechos de defensores de derechos, 34 registros relacionados con vulneraciones a la libertad de expresi\u00f3n y 18 con la libertad de asociaci\u00f3n. De acuerdo con Unitas, estas violaciones evidencian que el gremio period\u00edstico vive en riesgo constante.<\/p>\n
\u201cPor otro lado, los registros contrarios a la libertad de prensa confirman el permanente estado de alerta y riesgo en el que se ven involucrados los trabajadores de medios comunicaci\u00f3n, afectados no solo por agresiones directas de parte de organizaciones o personas particulares, sino tambi\u00e9n por una ausencia de protecci\u00f3n y garant\u00edas para el ejercicio period\u00edstico de parte del Estado\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/p>\n
El informe, a cargo del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, revela un \u201cincremento sustancial\u201d de las vulneraciones registradas en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os: en 2021 hubo 666 casos, en 2022 hubo 768 y en 2023 la cifra baj\u00f3 a 743 registros, con lo que la cifra del a\u00f1o pasado signific\u00f3 un incremento del 19%, es decir, 172 casos m\u00e1s.<\/p>\n
Como uno de los factores que explican este incremento no habitual de registros, Unitas se\u00f1ala que hubo al menos 53 casos, durante enero de 2024, relacionadas con denuncias de acoso pol\u00edtico por gesti\u00f3n compartida contra concejalas de varios municipios del pa\u00eds, situaciones en la que se coart\u00f3 a mujeres electas como autoridades para que renuncien a su mandato para que un var\u00f3n la reemplace en el cargo. Estos hechos tambi\u00e9n constituyen un detrimento de los derechos pol\u00edticos de las mujeres bolivianas.<\/p>\n
Otros dos eventos detonantes de casos en 2024 fueron vulneraciones cometidas en relaci\u00f3n a los incendios forestales entre el tercer y cuarto trimestre del a\u00f1o, como el incumplimiento de funciones de autoridades, y casos de agresiones a periodistas y otras violaciones en torno al bloqueo de caminos de sectores simpatizantes con el expresidente, Evo Morales, entre septiembre y noviembre de 2024.<\/p>\n
INSTITUCIONALIDAD DEMOCR\u00c1TICA<\/p>\n
Con 525 casos, las vulneraciones a la institucionalidad democr\u00e1tica incrementaron un 28% desde 2023, a\u00f1o en el que se registr\u00f3 379 casos. Del total, 282 estuvieron relacionadas con actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (actos contrarios a la presunci\u00f3n de inocencia, expresiones y arbitrariedades de autoridades, etc.), 70 fueron casos de acoso pol\u00edtico, 48 procedimientos no basados en la norma y 48 casos de corrupci\u00f3n de autoridades p\u00fablicas.<\/p>\n
Asimismo, en 2024 hubo 27 registros de incumplimiento de procesos adecuados en elecci\u00f3n de autoridades, 24 casos de incumplimiento de normas relativas a la duraci\u00f3n de autoridades y funcionarios, 12 casos de falta de independencia de \u00f3rganos del Estado, ocho relacionados a condicionamientos en el servicio p\u00fablico y seis a la falta de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
LIBERTAD DE PRENSA<\/p>\n
De las 150 vulneraciones registradas en esta categor\u00eda, 42 fueron agresiones f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas o sexuales a periodistas. En tanto, hubo 30 impedimentos de acceso a informaci\u00f3n, 24 casos de amenaza o amedrentamiento a periodistas, 11 casos de criminalizaci\u00f3n a periodistas -cifra que tambi\u00e9n aument\u00f3 respecto a gestiones previas-, 11 casos de estigmatizaci\u00f3n, ocho de censura y siete ataques a medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se registr\u00f3 seis casos de incumplimiento al deber de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n, cuatro de violaci\u00f3n a la reserva de fuentes, tres de impunidad en casos de periodistas, tres de incumplimiento al deber de protecci\u00f3n de trabajadores de la prensa y un caso de incumplimiento al debido proceso.<\/p>\n
\u201cAutoridades de diferentes niveles de gobierno, el Ministerio P\u00fablico, organizaciones sociales como el sector gremial o el transporte p\u00fablico, adem\u00e1s de la Polic\u00eda y otros, se encuentran como los principales actores que obstruyeron o se negaron a brindar informaci\u00f3n a periodistas y medios de comunicaci\u00f3n\u201d, destaca Unitas.<\/p>\n
El informe enfatiza que \u201cla violencia ocurrida en octubre en Parotani, Puente Ichilo y otros sectores de Cochabamba, en contra de periodistas que fueron a cubrir bloqueos y protestas por la inhabilitaci\u00f3n de Evo Morales, reflejan c\u00f3mo, en ciertos contextos de conflictividad, las movilizaciones pueden derivar en acciones violentas que afectan no s\u00f3lo al Estado de Derecho, sino tambi\u00e9n a la prensa, limitando el ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n y el acceso a la informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
DERECHO A PROTESTA Y REUNI\u00d3N PAC\u00cdFICA<\/p>\n
En esta categor\u00eda tambi\u00e9n se vio un incremento de cifras, de 68 casos en 2023 a 95 el a\u00f1o pasado, aunque representa una disminuci\u00f3n sustancial respecto a 2022, gesti\u00f3n que registr\u00f3 202 vulneraciones. Del total, los tipos de vulneraci\u00f3n con mayor incidencia son personas heridas en el uso desproporcional de la fuerza p\u00fablica, con 50 casos, y la represi\u00f3n de protestas, con 18 registros.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hubo cuatro registros de criminalizaci\u00f3n de protestas, cuatro impedimentos de protesta, dos detenciones indebidas, una obstaculizaci\u00f3n de reuniones pac\u00edficas temporales y un caso de amenaza a la realizaci\u00f3n de una protesta.<\/p>\n
Este incremento, refleja el informe, se debi\u00f3 en parte a un mayor uso desproporcional de la fuerza en manifestaciones sociales, como las acciones militares del 26J y los conflictos internos de la Federaci\u00f3n Departamental de Campesinos Tupac Katari.<\/p>\n
Como segundo factor, la entidad inform\u00f3 que incorpor\u00f3 dos nuevos tipos de vulneraci\u00f3n en el \u00faltimo estudio tras identificar nuevos patrones: incumplimiento de deber de garant\u00eda de protestas pac\u00edficas y estigmatizaci\u00f3n de protestas, en los cuales se registr\u00f3 ocho y siete casos respectivamente. Como ejemplos de estos casos, se mencion\u00f3 las protestas del sector de transporte pesado por la crisis econ\u00f3mica, los conflictos partidarios y la marcha \u201cevista\u201d de 24 d\u00edas.<\/p>\n
LIBERTAD DE EXPRESI\u00d3N<\/p>\n
De los 34 casos registrados de vulneraciones a la libertad de expresi\u00f3n en 2024, 14 fueron por estigmatizaci\u00f3n -cifra que disminuy\u00f3 respecto a a\u00f1os pasados-, diez por criminalizaci\u00f3n, cuatro por agresi\u00f3n f\u00edsica, psicol\u00f3gica o sexual, dos por censura previa, presi\u00f3n o interferencia, dos por condicionamientos previos, uno relacionado con sistemas de vigilancia y otro por amenaza o amedrentamiento.<\/p>\n
\u201cSe nota un incremento inusual de los casos de criminalizaci\u00f3n, de dos en 2022 y tres en 2023, a 10 en 2024. \u00c9stos tienen que ver con hechos en los que actores pol\u00edticos o instituciones p\u00fablicas instauraron procesos legales por declaraciones o actos de fiscalizaci\u00f3n contra actores pol\u00edticos, organizaciones o personas particulares\u201d, agrega el documento.<\/p>\n
DERECHO DE DEFENSORES DE DDHH<\/p>\n
Tambi\u00e9n hubo un incremento de las cifras de vulneraciones hacia personas e instituciones defensoras de derechos, de 51 casos en 2023 a 93 en 2024, lo que significa un aumento del 82%, entre las cuales destacan 53 casos de criminalizaci\u00f3n en contra de personas que fueron procesadas por defender su tierra y su territorio frente a actividades extractivas o avasallamientos, entre otros.<\/p>\n
En las otras categor\u00edas figuran la desprotecci\u00f3n en situaciones de riesgo, con 14 casos; amenaza y amedrentamiento de defensores, con 11 casos; obstaculizaci\u00f3n en realizaci\u00f3n de actividades, con seis denuncias; incumplimiento al deber de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n, con cuatro; agresiones f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas, sexuales o cibern\u00e9ticas a defensores, con tres; y restricci\u00f3n de acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica, con dos casos registrados.<\/p>\n
LIBERTAD DE ASOCIACI\u00d3N<\/p>\n
En 2024, Unitas registr\u00f3 un total de 18 casos de vulneraciones a la libertad de asociaci\u00f3n, entre las cuales hubo ocho casos de suplantaci\u00f3n y divisi\u00f3n de organizaciones, ocho de obstrucci\u00f3n indebida del funcionamiento de una asociaci\u00f3n y dos de obstrucci\u00f3n indebida de libre determinaci\u00f3n de estatutos, estructura y actividades, tanto por parte de autoridades del poder Ejecutivo y otros grupos de personas.<\/p>\n
Sin embargo, \u201cestas cifras no reflejan la dimensi\u00f3n real de las restricciones que afrontan las organizaciones de la sociedad civil en el pa\u00eds, como por ejemplo en la obtenci\u00f3n de su personer\u00eda jur\u00eddica, cuyo proceso de tramitaci\u00f3n es largo, dilatorio y discrecional\u201d, aclar\u00f3 la entidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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