Por medio del decreto 366\/25, el gobierno de Javier Milei concret\u00f3 la modificaci\u00f3n de la Ley de Migraciones. Entre los principales cambios est\u00e1n la exigencia de recursos econ\u00f3micos para obtener la residencia permanente, la limitaci\u00f3n de derechos para personas en situaci\u00f3n migratoria irregular, la ampliaci\u00f3n de causales de expulsi\u00f3n y la restricci\u00f3n del acceso a servicios p\u00fablicos. Advierten que migrantes bolivianos se ver\u00e1n afectados.<\/p>\n
La medida, adem\u00e1s, coincide con el despliegue de militares en la frontera norte, en el marco del denominado \u201cPlan G\u00fcemes\u201d. Todas estas medidas adoptadas por el gobierno de Argentina motivaron la presentaci\u00f3n de un h\u00e1beas corpus preventivo por parte de organizaciones salte\u00f1as de derechos humanos.<\/p>\n
Residencias m\u00e1s dif\u00edciles<\/p>\n
El decreto establece que, para acceder a la residencia permanente, los migrantes deber\u00e1n demostrar medios econ\u00f3micos suficientes. Mientras tanto, se podr\u00e1 otorgar una residencia precaria, cuya duraci\u00f3n se reduce de 180 a 90 d\u00edas, pero que ya no servir\u00e1 como prueba de arraigo para obtener ciudadan\u00eda o residencia definitiva.<\/p>\n
A esto se suma una modificaci\u00f3n en el acceso a la ciudadan\u00eda, ya no bastar\u00e1 con residir dos a\u00f1os en el pa\u00eds, como establece la Constituci\u00f3n Nacional. Solo podr\u00e1n nacionalizarse aquellas personas con residencia legal continua o que sean calificadas como \u201cinversores\u201d. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n queda ahora en manos de la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones, desplazando el rol del Poder Judicial.<\/p>\n
Educaci\u00f3n y salud p\u00fablica<\/p>\n
Las personas migrantes en situaci\u00f3n irregular ya no podr\u00e1n estudiar en instituciones terciarias o universitarias, y solo podr\u00e1n acceder a la educaci\u00f3n inicial, primaria y secundaria. Tambi\u00e9n se restringe el acceso al sistema p\u00fablico de salud: solo ser\u00e1 gratuito para residentes permanentes o en casos de emergencia.<\/p>\n
En el resto de los casos, deber\u00e1n presentar un seguro m\u00e9dico o pagar el servicio. La normativa tambi\u00e9n impone como requisito para ingresar al pa\u00eds un seguro m\u00e9dico obligatorio, lo que podr\u00eda dificultar visitas familiares de corta duraci\u00f3n o el ingreso de personas sin recursos.<\/p>\n
Menos garant\u00edas jur\u00eddicas<\/p>\n
El nuevo r\u00e9gimen ampl\u00eda los motivos para impedir el ingreso o cancelar la residencia por cuestiones penales. No se requiere una condena firme, basta con un procesamiento, una elevaci\u00f3n a juicio, o incluso una \u201csospecha fundada\u201d de delito.<\/p>\n
Migraciones ser\u00e1 notificada por el Poder Judicial ante cualquier procesamiento o condena de una persona extranjera. Se elimina el recurso de reconsideraci\u00f3n y de alzada administrativa, dejando como \u00fanica v\u00eda judicial un recurso ante la C\u00e1mara Federal con un plazo de apenas 15 d\u00edas.<\/p>\n
Las personas migrantes tambi\u00e9n podr\u00e1n ser expulsadas sin una intimaci\u00f3n previa a regularizar su situaci\u00f3n, con prohibiciones de reingreso que pueden ir de cinco a quince a\u00f1os. Esto supone una fuerte erosi\u00f3n de garant\u00edas jur\u00eddicas y de la posibilidad de defensa.<\/p>\n
Operativos intrusivos<\/p>\n
La Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones recibi\u00f3 nuevas facultades de fiscalizaci\u00f3n, incluyendo la posibilidad de realizar operativos en espacios p\u00fablicos y privados. Puede solicitar documentaci\u00f3n, inspeccionar lugares de trabajo o alojamiento, secuestrar temporalmente documentos y, con autorizaci\u00f3n judicial, ingresar a espacios no p\u00fablicos con apoyo de fuerzas de seguridad.<\/p>\n
En paralelo, el gobierno nacional lanz\u00f3 la \u201cOperaci\u00f3n Roca\u201d en el norte argentino, una estrategia que refuerza el control militar en zonas fronterizas, con el argumento de combatir el narcotr\u00e1fico y el contrabando. En este contexto, organismos de derechos humanos de Salta presentaron un h\u00e1beas corpus preventivo ante el juez federal de Or\u00e1n, Gustavo Montoya, para impedir que se apliquen las normas que permiten la participaci\u00f3n de militares en tareas de seguridad interior.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 el medio argentino \u00c1mbito, el abogado Mart\u00edn Plaza, patrocinante del recurso, advirti\u00f3 que los decretos 1107\/24 y 1112\/24 y la resoluci\u00f3n 347\/35 \u201cviolan garant\u00edas como la libertad ambulatoria, el debido proceso y el juez natural\u201d. La preocupaci\u00f3n se centra en que la normativa permitir\u00eda a las Fuerzas Armadas detener civiles en situaciones de presunta flagrancia, sin condena ni orden judicial. \u201cQueremos prevenir detenciones ileg\u00edtimas en una regi\u00f3n donde hay muchos trabajadores informales y comunidades vulnerables\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Daniel Catalano, secretario general de la Asociaci\u00f3n de Trabajadores del Estado (ATE), afirm\u00f3 que estas medidas implican una militarizaci\u00f3n encubierta, contraria a la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. \u201cEstamos frente a un avance represivo con objetivos poco claros, sin l\u00edmites definidos ni mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n
Impacto directo en la poblaci\u00f3n boliviana<\/p>\n
Desde Bolivia, advierten sobre el efecto que esta pol\u00edtica migratoria puede tener para los m\u00e1s de 1,5 millones de bolivianos que residen en Argentina. Francisco Solares, profesional en relaciones exteriores, se\u00f1al\u00f3 que, \u201clo que est\u00e1 buscando Milei es garantizar los servicios p\u00fablicos exclusivamente para ciudadanos argentinos, dejando fuera a los migrantes que representan un gasto para el Estado\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan Solares, estas medidas tambi\u00e9n buscan evitar que migrantes accedan a beneficios como la salud, la educaci\u00f3n o bonos sociales, como suced\u00eda con muchos ciudadanos bolivianos que llegaban a Argentina, se nacionalizaban y acced\u00edan a servicios sin contribuir al sistema fiscal argentino.<\/p>\n
\u201cQuienes deseen ingresar a Argentina deber\u00e1n presentar pasajes de ida y vuelta, lo que limita la movilidad de familias que cruzan constantemente la frontera, especialmente desde Tarija y Yacuiba\u201d.<\/p>\n
Solares se\u00f1al\u00f3 que si bien las medidas son estrictas para los migrantes, el Gobierno argentino tiene la soberan\u00eda para decidir qu\u00e9 medidas adoptar para proteger su econom\u00eda, consecuentemente el Gobierno de Bolivia no puede hacer nada al respecto, sino orientar a quienes visitan el vecino pa\u00eds para que cumplan las normas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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