Lactual Ley de Hidrocarburos de Bolivia, vigente desde 2005, enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de expertos del sector, quienes coinciden en que su estructura jur\u00eddica, fiscal y contractual ha frenado la inversi\u00f3n privada, ha limitado el desarrollo exploratorio y no se adec\u00faa al nuevo contexto constitucional ni a las exigencias del mercado energ\u00e9tico internacional.
\nIver Von Borries, reconocido como uno de los principales abogados asesores de empresas internacionales en Bolivia, indic\u00f3 que uno de los principales cuellos de botella de la actual es la inseguridad jur\u00eddica generada por la salida del pa\u00eds del CIADI y la denuncia de los tratados bilaterales de inversi\u00f3n, lo cual desalienta a las empresas extranjeras a asumir riesgos en territorio boliviano. A esto se suma la estructura tributaria y fiscal poco competitiva, caracterizada por un government take elevado que reduce significativamente la rentabilidad de los proyectos hidrocarbur\u00edferos.
\nOtro aspecto limitante es el modelo de contrato vigente, en el cual el operador asume todo el riesgo, lo que desincentiva la participaci\u00f3n del sector privado en proyectos exploratorios. Adem\u00e1s, la excesiva burocracia institucional y la superposici\u00f3n de funciones entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) generan demoras operativas y falta de claridad en la ejecuci\u00f3n de contratos. Finalmente, dijo Von Borries, la falta de incentivos reales y materializables han sido una constante, ya que muchas disposiciones legales, como la Ley de Incentivos a la Producci\u00f3n de L\u00edquidos, no han logrado efectos concretos y han quedado en el plano declarativo.
\nPor su lado, el especialista en derecho empresarial, hidrocarburos y energ\u00eda, Pablo Stejskal, coincidi\u00f3 que la Ley vigente, no ha sido a\u00fan adecuada a los preceptos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado de 2009, por tanto, son inaplicables varias de las disposiciones.
\nEntonces, \u00bfqu\u00e9 tipo de modelo necesita Bolivia?. Von Borries se\u00f1al\u00f3 que Bolivia necesita adoptar un modelo normativo m\u00e1s flexible y adaptado a las nuevas condiciones del mercado energ\u00e9tico global. \u201cEste modelo debe ser mixto, permitiendo la coexistencia -dentro del marco constitucional- de contratos con participaci\u00f3n estatal razonable, garantizando al mismo tiempo rentabilidad para las empresas\u201d, dijo.
\nLos art\u00edculos prioritarios a modificar son los referidos a las disposiciones tributarias r\u00edgidas que imponen cargas excesivas al capital privado y los art\u00edculos que impiden la diversificaci\u00f3n de tipos de contratos, respecto de las alianzas p\u00fablico privadas. Asimismo, se debe reformar la normativa que otorga a YPFB funciones tanto operativas como regulatorias (m\u00e1s all\u00e1 de las establecidas por ley a la ANH), lo que constituye un claro conflicto de inter\u00e9s y una traba para una gesti\u00f3n eficiente y transparente del sector, apunt\u00f3 Von Borries.
\nDel mismo modo, Stejskal se\u00f1al\u00f3 que el modelo de legislaci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera que requiere el pa\u00eds, deber\u00e1 estar orientado a incentivar la inversi\u00f3n de capital de riesgo de exploraci\u00f3n, a trav\u00e9s de una equilibrada repartici\u00f3n de la renta petrolera entre el Estado y el inversionista privado, como complemento a los proyectos exploratorios que YPFB ejecuta. \u201cLa experiencia en el rubro confirma la conveniencia de que el Estado opere de manera directa sobre \u00e1reas de aceptable prospectividad y relativo riesgo de descubrimiento de reservas, pero que traslade estrat\u00e9gicamente ciertos proyectos de alto riesgo exploratorio a operadores privados o estatales con diversificaci\u00f3n internacional y mayor suficiencia financiera y tecnol\u00f3gica\u201d, apunt\u00f3 el jurista.
\nPor otro lado, Von Borries afirm\u00f3 que los gobiernos subnacionales deben tener un rol activo y coordinado dentro de la nueva Ley de Hidrocarburos. Su participaci\u00f3n es clave en las decisiones sobre exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n en sus territorios, especialmente en lo relativo al uso del suelo y el relacionamiento con las comunidades locales. Adem\u00e1s, estos gobiernos deben beneficiarse de las regal\u00edas, en el marco constitucional, bajo un esquema que promueva la equidad y la sostenibilidad fiscal. En este sentido, tambi\u00e9n pueden actuar como facilitadores de la inversi\u00f3n privada, contribuyendo a reducir conflictos sociales y agilizando los procesos administrativos regionales. \u201cSu participaci\u00f3n efectiva permitir\u00e1 una articulaci\u00f3n m\u00e1s eficiente entre lo local y lo nacional, as\u00ed como un mejor aprovechamiento de los recursos\u201d, remarc\u00f3.
\nEsta necesidad de coordinaci\u00f3n se vuelve a\u00fan m\u00e1s relevante si se considera, como se\u00f1al\u00f3 Stejskal, que uno de los principales obst\u00e1culos para atraer inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n es la al\u00edcuota fija de recaudaci\u00f3n del 50% sobre el valor de la producci\u00f3n de hidrocarburos en boca de pozo. Esta carga, establecida mediante las Regal\u00edas, participaciones e IDH, y fijada de forma r\u00edgida por el art\u00edculo 8 de la Ley de Hidrocarburos, responde al mandato de la Ley de Refer\u00e9ndum Nacional de 18 de julio de 2004.
\nSin embargo, un esquema de regal\u00eda \u00fanica e inflexible rara vez responde a las diversas condiciones de los proyectos, considerando su magnitud, fase de prospecci\u00f3n o riesgo exploratorio. Por ejemplo, no deber\u00eda aplicarse el mismo tratamiento tributario a un mega campo gas\u00edfero que a un peque\u00f1o campo de hidrocarburos l\u00edquidos, dado que la rentabilidad entre ambos var\u00eda de forma considerable.
\nVon Borries indic\u00f3 que para que Bolivia recupere competitividad frente a otros productores, se requieren incentivos fiscales y contractuales alineados con est\u00e1ndares internacionales. Se debe reducir la carga impositiva \u2014incluido el IDH\u2014 y ofrecer estabilidad fiscal mediante convenios impositivos duraderos, deducci\u00f3n anticipada de inversiones y regal\u00edas progresivas seg\u00fan volumen o rentabilidad. Estos elementos deben generar confianza para inversiones desde la exploraci\u00f3n hasta la comercializaci\u00f3n.
\nLa nueva Ley de Hidrocarburos debe redefinir la relaci\u00f3n con YPFB, eliminando su triple rol de operador, comercializador y regulador. Von Borries plante\u00f3 una separaci\u00f3n funcional clara, limitando a YPFB a tareas operativas y comerciales bajo supervisi\u00f3n externa, junto con una reforma estructural que fortalezca su gobernanza t\u00e9cnica y eficiencia empresarial.
\nRespecto a la participaci\u00f3n social, la consulta con pueblos ind\u00edgenas, comunidades y actores sociales debe ser vinculante, pero sobre todo precedida por procesos de capacitaci\u00f3n que garanticen decisiones informadas y libres de manipulaci\u00f3n ideol\u00f3gica.
\nVon Borries recomend\u00f3 adoptar estructuras tarifarias progresivas, bonificaciones por \u00e9xito exploratorio, descuentos por reinversi\u00f3n y al\u00edcuotas diferenciadas para proyectos de alto riesgo. En cuanto a seguridad jur\u00eddica, propuso restablecer tratados internacionales y evaluar el retorno al CIADI.
\nEl proceso para una nueva Ley de Hidrocarburos no deber\u00eda durar menos de 18 meses, dependiendo de la composici\u00f3n legislativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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