El Informe sobre la Situaci\u00f3n de los Derechos Humanos 2024, que fue elaborado por la Defensor\u00eda del Pueblo, revela que entre 2013 y 2023 se aprobaron 46 contratos petroleros con empresas extranjeras sin la consulta previa a los pueblos ind\u00edgenas, adem\u00e1s de otras vulneraciones a este sector de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEntre 2013 y 2023, la ALP aprob\u00f3 46 contratos petroleros con empresas extranjeras, sin un proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos ind\u00edgenas afectados, obligaci\u00f3n que est\u00e1 establecida en el art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE)\u201d, se\u00f1ala el informe que fue hecho p\u00fablico este lunes, en el que adem\u00e1s se menciona que \u201cno se cuenta con informaci\u00f3n p\u00fablica sobre los procesos de consulta previa desarrollados en materia de hidrocarburos\u201d.<\/p>\n
En ese marco, recomienda \u201celaborar e implementar una ley marco de consulta y protocolos que garanticen el pleno respeto del derecho de los pueblos ind\u00edgenas a ser consultados y a obtener su consentimiento libre, previo e informado en relaci\u00f3n con todas las decisiones que puedan afectarles\u201d.<\/p>\n
El reporte tambi\u00e9n indica que el 80% de las Tierras Comunitarias de Origen \/TCO) de tierras bajas est\u00e1n sobrepuestas con \u00e1reas de reserva de hidrocarburos.<\/p>\n
En el ac\u00e1pite referido a los pueblos ind\u00edgenas, el informe se\u00f1ala que \u201clos incendios forestales se han convertido en una de las principales causas de violaci\u00f3n de DDHH de las comunidades Ind\u00edgenas\u201d. Citando un informe del CEJIS se\u00f1ala que entre enero y octubre del 2024, se registraron 236.572 focos de calor en 53 de los 58 territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n
El reporte observa un avance del 5% en el proceso de titulaci\u00f3n de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Sin embargo, se\u00f1ala que se anunci\u00f3 la paralizaci\u00f3n del proceso de saneamiento, como consecuencia de la falta de aprobaci\u00f3n de un cr\u00e9dito del Banco Interamericano de Desarrollo por la ALP. Por ese motivo, recomienda acelerar la conclusi\u00f3n del proceso de saneamiento y titulaci\u00f3n de las TCO.<\/p>\n
Sobre la miner\u00eda en territorios ind\u00edgenas, el informe advierte deficiencias en las pr\u00e1cticas de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n del Parque Madidi, afectaci\u00f3n a la forma de vida de las comunidades y deterioro de la flora y fauna. \u201cEl informe cuestiona el rol de las autoridades del Estado para ejercer el debido y oportuno control y fiscalizaci\u00f3n de las actividades mineras\u201d, indica.<\/p>\n
Durante la presentaci\u00f3n del reporte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo que si bien el informe es del 2024, lo que est\u00e1 pasando en este 2025 es simular en materia de DDHH. Puso \u00e9nfasis en la independencia de la instituci\u00f3n, asegurando que \u201cno tenemos una agenda pol\u00edtica partidaria, tenemos una agenda de DDHH\u201d.<\/p>\n
Defensores y periodistas<\/p>\n
El informe de la Defensor\u00eda del Pueblo alerta sobre las vulneraciones a los derechos de los defensores ambientales y de los periodistas. Para ambos temas recoge datos del \u201cInforme sobre libertades fundamentales e institucionalidad en Bolivia 2024\u201d elaborado por UNITAS.<\/p>\n
En el caso de los Defensores, indica que se produjeron 93 casos de violaci\u00f3n al derecho de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, de los cuales, 57% (53) corresponden a casos de criminalizaci\u00f3n de defensores en casos relacionados con tierra, territorio, actividades extractivas, avasallamientos, entre otros.<\/p>\n
Entre tanto, tambi\u00e9n cita el reporte del CEDIB que hall\u00f3 28 denuncias de defensores ambientales en contextos de miner\u00eda, tierra, agronegocio e hidrocarburos.<\/p>\n
Hay que recordar que uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos en esta materia, es el proceso penal iniciado por YPFB en contra de comunarios de Tariqu\u00eda y Chiquiac\u00e1 acus\u00e1ndoles de obstrucci\u00f3n al trabajo, porque ellos se oponen a la explotaci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera en la zona.<\/p>\n
En materia de libertad de prensa, cita los 150 casos documentados por UNITAS y los 34 casos de vulneraci\u00f3n en la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
Un plan pendiente<\/p>\n
La Defensor\u00eda recuerda que el \u00faltimo Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado en 2008 para el periodo 2008-2023, por lo que \u201cse reitera la exhortaci\u00f3n al Estado a dise\u00f1ar, aprobar e implementar un nuevo Plan Nacional de Acci\u00f3n de Derechos Humanos de forma concertada con la sociedad civil, con un presupuesto adecuado y mecanismos de monitoreo de su cumplimiento\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hace notar que dos comit\u00e9s de la ONU \u201cmanifestaron su preocupaci\u00f3n sobre la ineficacia del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estad\u00edstica de Recomendaciones sobre Derechos Humanos en Bolivia\u201d, por lo que se recomienda potenciar la capacidad del Estado en esta materia.<\/p>\n
El informe luego va desglosando las vulneraciones a los derechos humanos de poblaciones en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, como las mujeres, los ni\u00f1os, las personas con discapacidad, entre otros.<\/p>\n
Cambios para elegir magistrados<\/p>\n
Finalmente, en materia de justicia, recomienda al Estado \u201crevisar el dise\u00f1o actual de preselecci\u00f3n de candidatos al Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, a partir de una perspectiva nacional como se hace para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, toda vez, que las altas autoridades judiciales asumen causas a nivel nacional, y sus cargos no implican una representaci\u00f3n del departamento\u201d y \u201crevisar el baremo (graduaci\u00f3n) para la evaluaci\u00f3n de los candidatos, de manera que se logre un equilibrio entre m\u00e9ritos profesionales, formaci\u00f3n y experiencia\u201d.<\/p>\n
\u201cAsimismo, se exhorta al Estado a llevar adelante la elecci\u00f3n mediante voto popular de cinco magistrados del TCP (en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) y dos magistrados del TSJ (en los departamentos de Beni y Pando), con el fin de evitar la pr\u00f3rroga indefinida de mandatos de autoridades que deben ser electas mediante procesos democr\u00e1ticos\u201d.<\/p>\n
Hay que recordar que en esos departamentos las elecciones para esos cargos quedaron suspendidas por decisi\u00f3n del propio TCP, cuyos integrantes se mantienen en sus cargos, conviviendo institucionalmente con los magistrados elegidos en diciembre del 2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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