La Asociaci\u00f3n de Comit\u00e9s de Gesti\u00f3n de \u00c1reas Protegidas del Chaco, Chiquitania, Pantanal y Amazon\u00eda Sur (Acgapchchpa) emiti\u00f3 un pronunciamiento en contra del Decreto Supremo N\u00ba 5390, aprobado el pasado 14 de mayo por el Gobierno nacional. La organizaci\u00f3n considera que la norma vulnera el marco legal vigente, pone en riesgo la integridad de reservas forestales y \u00e1reas protegidas, y desconoce los derechos fundamentales de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
La Acgapchchpa agrupa a 11 \u00e1reas protegidas del departamento de Santa Cruz. En su pronunciamiento, dirigido a la opini\u00f3n p\u00fablica nacional e internacional, denuncia que el Decreto 5390 promueve la legalizaci\u00f3n del cambio de uso de suelo en territorios ind\u00edgenas y zonas de conservaci\u00f3n, abriendo paso a actividades como el monocultivo, la ganader\u00eda y la miner\u00eda, lo que conlleva un aumento en la deforestaci\u00f3n, el tr\u00e1fico de tierras y la destrucci\u00f3n de sistemas de vida.<\/p>\n
\u201cLa falta de consulta previa a las comunidades ind\u00edgenas, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, constituye una violaci\u00f3n directa a los derechos fundamentales de los pueblos ind\u00edgenas, due\u00f1os ancestrales, que hist\u00f3ricamente vienen cuidando y preservando estos territorios\u201d, se\u00f1al\u00f3 el documento.<\/p>\n
Asimismo, los comit\u00e9s de gesti\u00f3n denuncian una \u201ctransgresi\u00f3n al marco normativo\u201d que protege las \u00e1reas naturales, indicando que el Decreto vulnera tanto la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado como leyes como la N\u00b0 1333 de Medio Ambiente y la Ley N\u00b0 300 de la Madre Tierra. Tambi\u00e9n advierten que la norma contradice los principios de participaci\u00f3n social que rigen el funcionamiento de las \u00e1reas protegidas.<\/p>\n
Exigencias<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, la Acgapchchpa exige al Gobierno nacional la abrogaci\u00f3n inmediata del Decreto Supremo N\u00ba 5390, al se\u00f1alar que contradice principios constitucionales, legales e internacionales relacionados con la protecci\u00f3n de la biodiversidad y el derecho a la consulta previa de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
\u201cRechazamos terminantemente cualquier medida que busque legalizar los desmontes ilegales y los asentamientos en las reservas forestales y \u00e1reas protegidas, ya que esto perpet\u00faa la destrucci\u00f3n de los ecosistemas y de las fuentes de agua vitales para nuestras comunidades\u201d, expresaron en el punto 4 de las exigencias de su pronunciamiento.<\/p>\n
Asimismo, demandaron al Ejecutivo central la prohibici\u00f3n expresa de otorgar derechos forestales dentro de \u00e1reas protegidas y zonas de amortiguamiento, denunciando que distintas instancias estatales \u2014como el INRA, ABT, AJAM y YPFB\u2014 estar\u00edan autorizando asentamientos y actividades en territorios destinados a la conservaci\u00f3n, lo que calificaron como \u00abun atentado directo contra el patrimonio natural del pa\u00eds\u00bb.<\/p>\n
En el mismo pronunciamiento, los comit\u00e9s instaron a autoridades locales y nacionales \u2014alcaldes, concejales, gobernador, asamble\u00edstas, diputados y senadores\u2014 a pronunciarse p\u00fablicamente y asumir responsabilidades frente a esta situaci\u00f3n, y no continuar en lo que llamaron un \u201csilencio c\u00f3mplice\u201d.<\/p>\n
Asimismo hicieron un llamado urgente a la sociedad civil, a los colegios de profesionales en biolog\u00eda, forestales y ambientales, as\u00ed como a organizaciones defensoras del medioambiente, a sumarse a la defensa activa de las \u00e1reas protegidas del pa\u00eds. \u201cDefender las mismas es sin\u00f3nimo de defender la vida de las futuras generaciones\u00bb, concluyeron.<\/p>\n
\u00bfA qu\u00e9 se oponen?<\/p>\n
La Acgapchchpa expres\u00f3 su rechazo al Decreto Supremo N\u00ba 5390, al considerar que esta normativa promueve la legalizaci\u00f3n de asentamientos ilegales y autoriza el cambio de uso de suelo en reservas forestales. Denuncian que la medida favorece la expansi\u00f3n de actividades agr\u00edcolas, ganaderas y mineras a costa de los sistemas de vida, afectando gravemente los recursos h\u00eddricos y forestales.<\/p>\n
Adem\u00e1s, advierten que esta normativa transgrede el marco legal que protege las \u00e1reas protegidas y vulnera derechos territoriales a trav\u00e9s de acciones y omisiones por parte del Estado.<\/p>\n
Los impactos ecol\u00f3gicos tambi\u00e9n son motivo de preocupaci\u00f3n. Seg\u00fan los denunciantes, la legalizaci\u00f3n de desmontes y el impulso al monocultivo agropecuario est\u00e1n deteriorando ecosistemas, alterando el microclima, reduciendo la recarga de fuentes de agua y comprometiendo la seguridad h\u00eddrica de las regiones afectadas.<\/p>\n
Asimismo, se\u00f1alan que el decreto representa una violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los pueblos ind\u00edgenas, al no haber sido consultadas las comunidades, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Recuerdan que estos territorios son resguardados ancestralmente por pueblos originarios que hist\u00f3ricamente han protegido su biodiversidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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