La Red de Protecci\u00f3n Ambiental de Potos\u00ed present\u00f3 un pronunciamiento con m\u00e1s de 20 exigencias concretas a autoridades nacionales, departamentales y municipales para frenar la contaminaci\u00f3n minera, garantizar la salud p\u00fablica y proteger el agua en la regi\u00f3n. El documento fue respaldado por organizaciones vecinales, comunidades ind\u00edgenas y colectivos juveniles, que advierten que el deterioro ambiental avanza m\u00e1s r\u00e1pido que las acciones del Estado.<\/p>\n
Entre las principales demandas se encuentran la elaboraci\u00f3n de un inventario y monitoreo p\u00fablico de diques de colas, la implementaci\u00f3n de planes de remediaci\u00f3n y cierre seguro, y la suspensi\u00f3n de operaciones con riesgo inminente. Tambi\u00e9n se solicita atenci\u00f3n m\u00e9dica especializada para poblaciones con intoxicaci\u00f3n por metales pesados y la apertura de investigaciones penales por delitos ambientales, con sanciones efectivas a las empresas y cooperativas responsables.<\/p>\n
El pronunciamiento menciona casos recientes de desastres mineros en Potos\u00ed, como el colapso de diques de Fedecomin en 2022 y de Comibol en Andavilque en 2024, que provocaron la contaminaci\u00f3n de r\u00edos y suelos agr\u00edcolas. Adem\u00e1s, se documenta la afectaci\u00f3n de vertientes en comunidades ind\u00edgenas y urbanas debido a la ausencia de control y a la falta de licencias ambientales en varios proyectos.<\/p>\n
La Red tambi\u00e9n advierte sobre el riesgo que implicar\u00eda la explotaci\u00f3n de litio en zonas fr\u00e1giles como la serran\u00eda del Kari Kari y el sector sur del Salar de Uyuni. Argumentan que el alto consumo de agua dulce y salada en estos procesos podr\u00eda agravar la crisis h\u00eddrica en comunidades que ya enfrentan escasez. Por ello, piden informaci\u00f3n p\u00fablica sobre el estado de las fuentes de agua y el volumen utilizado por empresas como San Crist\u00f3bal.<\/p>\n
Otro de los puntos centrales es la exigencia de aplicar el Acuerdo de Escaz\u00fa para garantizar la participaci\u00f3n ciudadana en la toma de decisiones ambientales y la protecci\u00f3n de defensores de la naturaleza, quienes \u2014seg\u00fan la Red\u2014 han sido objeto de amenazas y hostigamientos por denunciar la contaminaci\u00f3n. Insisten en que este tratado internacional, ya ratificado por Bolivia, debe pasar del papel a la acci\u00f3n.<\/p>\n
Las organizaciones recalcan que Potos\u00ed no debe seguir siendo un \u201cpueblo de sacrificio\u201d para sostener la econom\u00eda extractiva del pa\u00eds. Denuncian que, mientras los beneficios econ\u00f3micos se concentran en pocas manos, las comunidades locales cargan con el costo ambiental y social de la actividad minera, sin recibir compensaciones ni planes de desarrollo sostenible.<\/p>\n
La meta, concluye el pronunciamiento, es construir un Potos\u00ed vivo y saludable para las generaciones futuras, donde la miner\u00eda no se imponga sobre el derecho al agua, la salud y un ambiente sano. Para ello, instan a un di\u00e1logo real con el Estado y a una vigilancia ciudadana activa que evite que los compromisos queden en simples declaraciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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