Cada 26 de agosto Bolivia celebra el D\u00eda de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, una fecha que concentra homenajes y discursos. Pero m\u00e1s all\u00e1 de los festejos, gran parte de los adultos mayores enfrenta soledad, abandono familiar, carencias econ\u00f3micas y un acceso insuficiente a la salud y la seguridad social.<\/p>\n
Celebrar un d\u00eda para ensalzar su dignidad, pero olvidarlos el resto del a\u00f1o, convierte lo que deber\u00eda ser un derecho pleno en un gesto simb\u00f3lico vac\u00edo.<\/p>\n
En Bolivia, la poblaci\u00f3n adulta mayor est\u00e1 creciendo r\u00e1pidamente, representando casi el 10% de la poblaci\u00f3n (alrededor de 1,2 millones) seg\u00fan el censo de 2024. Este envejecimiento est\u00e1 asociado a la esperanza de vida, que promedia 72,5 a\u00f1os. La poblaci\u00f3n mayor enfrenta diversos desaf\u00edos como ingresos insuficientes, pensiones bajas o inexistentes y problemas de salud.<\/p>\n
Muchas personas mayores contin\u00faan trabajando bajo condiciones precarias o desempe\u00f1an roles de cuidados familiares que afectan su bienestar. Un estudio revela que un 42% del total de esas personas mayores vive en soledad.<\/p>\n
Del Bonosol a la Renta Dignidad<\/p>\n
La pol\u00edtica de transferencias de dinero para adultos mayores en Bolivia comenz\u00f3 en 1997 con el Bonosol (Bono Solidario), durante el primer gobierno de Gonzalo S\u00e1nchez de Lozada. Este beneficio se financi\u00f3 mediante la capitalizaci\u00f3n de empresas estatales y consist\u00eda en un pago anual de aproximadamente 248 d\u00f3lares (equivalente a 1.300 bolivianos en esa \u00e9poca) para mayores de 65 a\u00f1os. Aunque represent\u00f3 un apoyo econ\u00f3mico importante, su car\u00e1cter anual limitaba su efectividad para cubrir gastos cotidianos como alimentos y medicamentos, seg\u00fan datos del Banco Mundial y la CEPAL.<\/p>\n
En 2000, bajo el gobierno de Hugo Banzer, se sustituy\u00f3 el Bonosol por el Bolivida, reduciendo el monto a 395 bolivianos anuales, lo que gener\u00f3 protestas entre los beneficiarios. En 2002, con el retorno de S\u00e1nchez de Lozada, se repuso el Bonosol y se aument\u00f3 a 1.800 bolivianos anuales, ampliando la cobertura a quienes ten\u00edan 21 a\u00f1os en 1995 para que pudieran cobrarlo en el futuro.<\/p>\n
En 2007, durante el gobierno de Evo Morales, se cre\u00f3 la Renta Dignidad, que transform\u00f3 este beneficio en un pago mensual con un monto de 350 bolivianos mensuales para quienes no reciben jubilaci\u00f3n contributiva y 300 bolivianos para pensionados. Actualmente, alrededor de 1,2 millones de adultos mayores perciben la Renta Dignidad, con una inversi\u00f3n anual que supera los 5.000 millones de bolivianos.<\/p>\n
No obstante, el beneficio se volvi\u00f3 insuficiente frente al costo de vida actual, los 350 bolivianos mensuales no alcanzan para cubrir la canasta b\u00e1sica. Esta situaci\u00f3n se agrav\u00f3 con la crisis econ\u00f3mica que afecta al pa\u00eds desde 2020 y que se profundiz\u00f3 en 2025, caracterizada por la falta de d\u00f3lares, as\u00ed como la escasez de di\u00e9sel, gasolina y aceite comestible, adem\u00e1s del alza generalizada de precios.<\/p>\n
Desde el presente a\u00f1o, el gobierno aplic\u00f3 limitaciones que excluyen a ciertos grupos, como adultos mayores con empleo formal, accionistas o socios de empresas y militares jubilados con pensi\u00f3n completa. Estas medidas dieron lugar a un debate en el pa\u00eds sobre la continuidad de la universalidad de la Renta Dignidad frente a la posibilidad de avanzar hacia un enfoque focalizado hacia los sectores m\u00e1s vulnerables. Dichas restricciones reflejan la dificultad para sostener financieramente el programa en el largo plazo, especialmente si se aspirara a aumentar el monto del beneficio sin modificar la estructura fiscal y administrativa que lo sostiene.<\/p>\n
El espejismo de la seguridad social<\/p>\n
El sistema previsional boliviano apenas cubre a una minor\u00eda. Seg\u00fan datos de 2024, solo 187.000 adultos mayores reciben jubilaci\u00f3n contributiva, es decir, 20% de los mayores de 60 a\u00f1os. El resto se encuentra en la informalidad, sin aportes a la seguridad social o con aportes insuficientes. Incluso quienes accedieron a una pensi\u00f3n suelen recibir montos bajos que obligan a seguir trabajando como taxistas, comerciantes o recolectores de basura reciclable, por ejemplo.<\/p>\n
Un estudio del Centro de Estudios del Adulto Mayor Bolivia (2024) calcul\u00f3 que el gasto mensual promedio en alimentos y medicamentos para una persona mayor asciende a 1.500 bolivianos. Si la Renta Dignidad apenas llega a 350, la brecha es tan grande que condena a miles de ancianos a la precariedad.<\/p>\n
El contraste con los pa\u00edses vecinos es notable. En Uruguay, la jubilaci\u00f3n m\u00ednima para 2025 es de aproximadamente 20.000 pesos uruguayos mensuales, equivalentes a unos 2.700 bolivianos y existen clubes financiados para adultos mayores; Chile otorga pensiones b\u00e1sicas de alrededor de 1.700 bolivianos y cuenta con Centros de D\u00eda municipales que ofrecen talleres y apoyo psicol\u00f3gico; en Argentina, la jubilaci\u00f3n m\u00ednima es de unos 2.500 bolivianos y existen Centros de Jubilados que proporcionan actividades recreativas y turismo social; en Colombia, el programa Colombia Mayor concede subsidios y promueve Centros Vida que brindan alimentaci\u00f3n diaria, atenci\u00f3n m\u00e9dica y acompa\u00f1amiento psicosocial.<\/p>\n
El mensaje es claro, no se trata de incrementar un bono que puede generar a futuro problemas serios en la administraci\u00f3n de la Gestora P\u00fablica. La verdadera protecci\u00f3n a la vejez exige pol\u00edticas integrales que combinen ingresos, salud, cuidado y espacios de participaci\u00f3n.<\/p>\n
Adicionalmente, Bolivia enfrenta un gran d\u00e9ficit de geriatras, con solo 23 especialistas para m\u00e1s de un mill\u00f3n de adultos mayores, cuando la recomendaci\u00f3n internacional es un geriatra por cada 10.000 personas mayores. La falta de especialistas provoca que muchos adultos mayores reciban atenci\u00f3n de m\u00e9dicos no especializados, lo que puede causar problemas m\u00e9dicos adicionales y gastos innecesarios, seg\u00fan la Sociedad Boliviana de Geriatr\u00eda y Gerontolog\u00eda.<\/p>\n
Los reportes de UDAPE indican que el sistema p\u00fablico de salud boliviano no tiene cobertura suficiente para medicamentos de enfermedades cr\u00f3nicas como hipertensi\u00f3n, diabetes, c\u00e1ncer y deterioro cognitivo, condiciones comunes en la vejez. Las largas listas de espera en hospitales implican que muchos adultos mayores deban recurrir a servicios privados o abandonar tratamientos, aumentando su vulnerabilidad.<\/p>\n
Hogares y centros de acogida: entre la apertura y el secretismo<\/p>\n
En Bolivia existen 61 centros de acogida para adultos mayores, seg\u00fan el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional: siete p\u00fablicos, 12 mixtos, 33 privados y nueve sin informaci\u00f3n clara. De estos, 24 est\u00e1n administrados por la Iglesia Cat\u00f3lica y la mayor\u00eda depende de donaciones y voluntariado.<\/p>\n
En La Paz, ciudad con m\u00e1s de 287.000 adultos mayores, la oferta es claramente insuficiente. All\u00ed funcionan hogares como el San Ram\u00f3n, administrado por religiosas y voluntarios, que atiende a m\u00e1s de 200 personas y mantiene las puertas abiertas a la comunidad, permitiendo que cualquier persona ingrese, converse y acompa\u00f1e. En contraste, el Hogar de Ancianos Quevedo, dependiente del Servicio Departamental de Gesti\u00f3n Social (SEDEGES), aloja a 27 adultos mayores y cuenta con 15 profesionales de planta, pero el acceso es altamente burocr\u00e1tico porque para ingresar se exige carta, autorizaci\u00f3n y supervisi\u00f3n en cada entrevista. \u00bfSe trata de proteger o de ocultar lo que pasa dentro?<\/p>\n
La Casa de Esparcimiento del Adulto Mayor en la zona Soqueri, gestionada por el Gobierno Aut\u00f3nomo Municipal de La Paz, ofrece actividades recreativas, pero su alcance es limitado frente a la magnitud de la poblaci\u00f3n. Y casos como el del hogar \u201cViejito Lindo\u201d, clausurado en 2024 por denuncias de maltrato, demuestran que la vigilancia ciudadana y la transparencia son indispensables.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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