Bolivia se mantiene entre los pa\u00edses con peor desempe\u00f1o en materia judicial, seg\u00fan el \u00cdndice del Estado de Derecho 2024 del World Justice Project (WJP), que ubica al pa\u00eds en el puesto 131 de 143 evaluados. Ante esta situaci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo present\u00f3 su propuesta \u201cUna Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos\u201d, que busca cambios estructurales en el sistema de justicia boliviano.<\/p>\n
\u00abCoincidimos con diversos sectores en que el sistema judicial atraviesa una profunda crisis que vulnera los derechos de miles de personas (\u2026) presentamos la propuesta \u2018Una reforma judicial con enfoque de Derechos Humanos\u2019, orientada a consolidar una pol\u00edtica de Estado que garantice acceso a la justicia para todas las personas, fortalezca la independencia judicial, adec\u00fae el marco normativo, respete la diversidad cultural y promueva una justicia agroambiental efectiva\u201d, public\u00f3 el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en sus redes sociales.<\/p>\n
El documento fue presentado por el delegado departamental de Chuquisaca, Humberto Mayorga, en representaci\u00f3n del defensor Pedro Callisaya, quien no pudo llegar a Sucre por problemas de conexi\u00f3n a\u00e9rea. La propuesta se expuso en el marco del primer Di\u00e1logo Interinstitucional para la Reforma Judicial, convocado por el Tribunal Supremo de Justicia y que re\u00fane a autoridades, universidades, miembros del cuerpo diplom\u00e1tico y representantes de instituciones vinculadas al sector.<\/p>\n
Seg\u00fan la Defensor\u00eda, la necesidad de reformar la justicia boliviana se evidencia en los diagn\u00f3sticos internacionales: Bolivia ocupa los puestos 142 de 143 en justicia penal y 140 de 143 en justicia civil, mientras que organismos como el GIEI y la CIDH han se\u00f1alado problemas persistentes de independencia judicial, abuso de la detenci\u00f3n preventiva, corrupci\u00f3n, discriminaci\u00f3n y politizaci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n
El documento plantea que la reforma debe basarse en tres pilares: consolidarse como pol\u00edtica de Estado que trascienda los cambios de gobierno, garantizar un enfoque de derechos humanos para proteger especialmente a los sectores m\u00e1s vulnerables, y asegurar la participaci\u00f3n plena de la sociedad civil para legitimar y monitorear las medidas adoptadas.<\/p>\n
Entre los cambios propuestos destacan el fortalecimiento de la independencia judicial mediante una Carrera Judicial meritocr\u00e1tica y mayor presupuesto para el sector; la revisi\u00f3n de la selecci\u00f3n de altas autoridades; y la modernizaci\u00f3n de normas clave, incluyendo reformas al sistema penal, la Ley 1008, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley General del Trabajo. Tambi\u00e9n se plantea impulsar un C\u00f3digo Procesal Administrativo y avanzar en la digitalizaci\u00f3n de expedientes, con regulaci\u00f3n \u00e9tica del uso de inteligencia artificial.<\/p>\n
Mayorga enfatiz\u00f3 que la reforma debe traducirse en un sistema \u201cindependiente, confiable y eficiente\u201d, capaz de garantizar el acceso a la justicia sin discriminaci\u00f3n. La Defensor\u00eda del Pueblo ratific\u00f3 su compromiso de acompa\u00f1ar este proceso, considerado crucial para fortalecer un aut\u00e9ntico Estado Constitucional de Derecho en Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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