La pandemia del Covid-19 provoc\u00f3 una crisis econ\u00f3mica de alcance global que dej\u00f3 a millones de personas sin empleo y redujo dr\u00e1sticamente los ingresos de hogares y empresas. En Am\u00e9rica Latina, los gobiernos reaccionaron con pol\u00edticas de emergencia orientadas a aliviar, al menos parcialmente, la carga financiera de prestatarios afectados por la paralizaci\u00f3n de actividades. En ese contexto, se adoptaron esquemas de flexibilidad, renegociaci\u00f3n y alivio de deuda con el sistema financiero, con el objetivo de amortiguar el impacto social y econ\u00f3mico de la crisis.<\/p>\n
Aunque varios pa\u00edses de la regi\u00f3n \u2014como Brasil, Ecuador, Chile, Costa Rica o Uruguay\u2014 mantuvieron programas de alivio crediticio de manera focalizada incluso hasta 2024, la reciente aprobaci\u00f3n del Decreto Supremo 5503 en Bolivia, emitido en diciembre de 2025, coloc\u00f3 al pa\u00eds en el primer lugar del ranking latinoamericano de medidas extraordinarias de diferimiento y reprogramaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. Se trata de un proceso acumulativo que no se limita a una norma aislada, sino que refleja una pol\u00edtica sostenida en el tiempo.<\/p>\n
Desde 2020, de acuerdo con registros de la Gaceta Oficial, en Bolivia se promulgaron seis decretos supremos y una ley orientados a aliviar las obligaciones financieras de prestatarios. Normas como los decretos supremos 4206, 4248, 4318 y 4409 establecieron diferimientos autom\u00e1ticos y extensiones sucesivas de pagos, adem\u00e1s de condiciones especiales para que las entidades financieras reprogramen cr\u00e9ditos, especialmente en sectores vulnerables.<\/p>\n
A este paquete normativo se suma la Ley 1670, promulgada en noviembre durante el gobierno de Luis Arce y reglamentada posteriormente por el Decreto Supremo 5503 bajo la administraci\u00f3n de Rodrigo Paz. Esta normativa establece un diferimiento obligatorio de hasta seis meses para cr\u00e9ditos de vivienda social y cr\u00e9ditos productivos de micro y peque\u00f1as empresas, siempre que los prestatarios lo soliciten de forma expresa. El capital diferido contin\u00faa devengando intereses corrientes, pero sin penalizaciones adicionales, y quedan excluidos de este beneficio aquellos deudores que tengan procesos judiciales qu est\u00e9n en curso.<\/p>\n
La frecuencia y extensi\u00f3n de estas moratorias crediticias no encuentra un equivalente directo en la mayor\u00eda de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Programas de moratoria de cr\u00e9ditos bancarios en tiempos de COVID-19 en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, se\u00f1ala que durante la pandemia estos mecanismos se concibieron como medidas transitorias de alivio para empresas y familias. El documento subraya que, a diferencia de los esquemas de garant\u00edas estatales, las moratorias implicaron un esfuerzo principalmente para los bancos, pero no generaron impactos sobre las arcas fiscales.<\/p>\n
En Bolivia, sin embargo, estas pol\u00edticas de alivio no solo se mantuvieron, sino que se ampliaron en el tiempo. Seg\u00fan estad\u00edsticas oficiales de la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI), entre abril de 2024 y marzo de 2025 las entidades financieras atendieron 63.545 operaciones de reprogramaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, que representaron un monto total de Bs 12.050 millones. En el mismo periodo, se registraron 120.492 operaciones de refinanciamiento por m\u00e1s de Bs 10.689 millones.<\/p>\n
Las cifras de 2024 muestran una tendencia similar. Ese a\u00f1o, ASFI report\u00f3 57.576 cr\u00e9ditos reprogramados por un total de Bs 11.192 millones, as\u00ed como 116.708 operaciones de refinanciamiento que alcanzaron los Bs 10.279 millones. Estos datos se consolidaron con el Decreto 5241, emitido en octubre de 2024, que busc\u00f3 apoyar a consumidores afectados por bloqueos y eventos clim\u00e1ticos.<\/p>\n
Los antecedentes se remontan incluso m\u00e1s atr\u00e1s. En diciembre de 2022, seg\u00fan ASFI, se hab\u00edan registrado 7.493 solicitudes de reprogramaci\u00f3n por un monto de Bs 939 millones, de las cuales el 67 % ya hab\u00eda sido procesado, lo que evidencia que el uso de estos mecanismos se fue normalizando con el paso de los a\u00f1os.<\/p>\n
Desde el sistema financiero, las advertencias no tardaron en aparecer. Representantes de la banca privada alertaron sobre los riesgos que implica la prolongaci\u00f3n de estas medidas. De acuerdo con datos citados por la Asociaci\u00f3n de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), hasta el 62 % de la cartera en mora estar\u00eda vinculada a cr\u00e9ditos previamente reprogramados, con saldo pendiente de recuperaci\u00f3n cercano a los $us 784 millones.<\/p>\n
El economista Fernando Romero advirti\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de aspectos culturales, estas pol\u00edticas no abordan el problema de fondo: la crisis econ\u00f3mica estructural. A su criterio, las medidas funcionan como una \u201canestesia\u201d temporal que puede derivar en un efecto bola de nieve. Romero se\u00f1al\u00f3 que este tipo de intervenciones no env\u00eda se\u00f1ales positivas ni a ahorristas, ni a depositantes, ni a futuros prestatarios, y remarc\u00f3 que existe una diferencia sustancial entre un diferimiento acordado voluntariamente entre bancos y clientes y uno impuesto por el Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La pandemia del Covid-19 provoc\u00f3 una crisis econ\u00f3mica de alcance global que dej\u00f3 a millones de personas sin empleo y redujo dr\u00e1sticamente los ingresos de hogares y empresas. En Am\u00e9rica Latina, los gobiernos reaccionaron con pol\u00edticas de emergencia orientadas a aliviar, al menos parcialmente, la carga financiera de prestatarios afectados por la paralizaci\u00f3n de actividades. […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":83204,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25,45,48],"tags":[],"class_list":["post-83203","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-economia","category-portada-economia","category-portada-general-sitio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83203"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83203\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83205,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83203\/revisions\/83205"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/media\/83204"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/jms.com.bo\/mediamonitor\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}