M\u00e1s all\u00e1 del debate sobre la publicaci\u00f3n incompleta del Decreto Supremo 5503, el ajuste de precios de los combustibles reabre una cuesti\u00f3n estructural poco discutida en el pa\u00eds: la vigencia y el alcance real de los subsidios a las petroleras establecidos en la Ley 767 de Promoci\u00f3n para la Inversi\u00f3n en Exploraci\u00f3n y Explotaci\u00f3n Hidrocarbur\u00edfera, promulgada en diciembre de 2015, y m\u00e1s conocida como \u201cLey de Incentivos petroleros\u201d.<\/p>\n
La Ley 767: el \u201cgasolinazo inverso\u201d<\/p>\n
La Ley 767 fue aprobada cinco a\u00f1os despu\u00e9s del fallido \u201cgasolinazo\u201d de 2010 dispuesto por el gobierno de Evo Morales. Su l\u00f3gica fue distinta: en lugar de subir directamente los precios al consumidor, el Estado decidi\u00f3 pagar un incentivo adicional a las empresas petroleras (un subsidio) y continuar manteniendo bajos los precios internos.<\/p>\n
La norma estableci\u00f3 que, adem\u00e1s del precio base de 27,11 d\u00f3lares por barril de petr\u00f3leo fijado en 2004, el Estado pagar\u00eda entre 30 y 55 d\u00f3lares adicionales por barril de petr\u00f3leo crudo o condensados, siempre que la producci\u00f3n se destine al mercado interno.<\/p>\n
Ese incentivo se financia con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que corresponden a gobernaciones, universidades p\u00fablicas y gobiernos municipales y que fue entendido como una confiscaci\u00f3n bajo el argumento de lograr mayor producci\u00f3n en el futuro.<\/p>\n
En los hechos, se trat\u00f3 de un subsidio cruzado: entidades subnacionales financiando a petroleras nacionales y extranjeras para sostener el precio interno de los combustibles.<\/p>\n
Los recursos del incentivo conforman el Fondo de Promoci\u00f3n a la Inversi\u00f3n en Exploraci\u00f3n y Explotaci\u00f3n Hidrocarbur\u00edfera (FPIEEH), administrado por el Banco Central de Bolivia. La ley autoriza al BCB a invertir estos recursos en instrumentos financieros, bajo lineamientos similares a los de las Reservas Internacionales, en tanto que a las petroleras se les pagar\u00eda en Notas de Cr\u00e9dito (Nocres).<\/p>\n
Pese a que el fondo deb\u00eda incentivar la producci\u00f3n, el propio sector reconoce que los resultados han sido limitados. En agosto de 2025, seg\u00fan una publicaci\u00f3n en la p\u00e1gina web de la C\u00e1mara Boliviana de Hidrocarburos y Energ\u00eda (CBHE), el Gobierno de entonces, al mando de Luis Arce Catacora, hoy preso, admiti\u00f3 que ni siquiera con estos incentivos se logr\u00f3 incrementar de manera significativa la producci\u00f3n de petr\u00f3leo crudo y condensados.<\/p>\n
El punto cr\u00edtico: el precio en boca de pozo<\/p>\n
El DS 5503 abroga el decreto que fijaba el precio de 27,11 d\u00f3lares por barril para el mercado interno y, seg\u00fan el Ministerio de Hidrocarburos, modifica el precio en boca de pozo, lo que tendr\u00eda un efecto directo sobre regal\u00edas, ingresos subnacionales y YPFB.<\/p>\n
El ministro del \u00e1rea, Mauricio Medinaceli, afirm\u00f3 que el nuevo esquema fortalece los ingresos de alcald\u00edas y gobernaciones; incrementar\u00e1 regal\u00edas y mejorar\u00e1 la situaci\u00f3n financiera de YPFB.<\/p>\n
La analista econ\u00f3mica Edith G\u00e1lvez se\u00f1ala un problema central: no se ha publicado el nuevo precio en boca de pozo ni la metodolog\u00eda exacta de c\u00e1lculo, ni se ha aclarado c\u00f3mo interact\u00faa ese nuevo precio con los subsidios establecidos por la Ley 767.<\/p>\n
G\u00e1lvez se pregunta si la Ley 767 sigue plenamente vigente o qued\u00f3 suspendida de facto por el DS 5503; tambi\u00e9n qu\u00e9 pasar\u00e1 con el incentivo de hasta 55 d\u00f3lares si el precio ha subido y pide que se aclare cu\u00e1nto se est\u00e1 pagando por barril a cada petrolera que destina la producci\u00f3n al mercado interno.<\/p>\n
De momento el Ministerio no se ha pronunciado, pero tampoco en las Gobernaciones y Alcald\u00edas quieren hablar sobre ello, aunque como concepto general, siempre han cuestionado el mecanismo del Fondo.<\/p>\n
\u201cMientras el Gobierno habla de una \u201carquitectura de la cadena de valor de los precios\u201d, esa arquitectura no es p\u00fablica, no es verificable y no puede ser auditada por los consumidores que pagan el combustible cada d\u00eda, ni por las entidades subnacionales a las que se sigue descontando el 12% del IDH\u201d, se\u00f1ala G\u00e1lvez, que adem\u00e1s recuerda que el barril WTI de referencia para Bolivia acaba de cerrar el a\u00f1o en 57,57 d\u00f3lares, uno de los precios m\u00e1s bajos de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
Bolivia y los proyectos que nunca fueron
\nLa l\u00f3gica del entonces ministro de Hidrocarburos indicaba que prometiendo un precio superior, las petroleras se esforzar\u00edan m\u00e1s y acelerar\u00edan inversiones. Bajo ese nuevo esquema el Gobierno de Evo Morales \u201clogr\u00f3\u201d que Shell acelerara el Jaguar, que fracas\u00f3, y que Repsol se embarcara en el proyecto de Boyuy, que result\u00f3 ser el m\u00e1s profundo e improductivo del mundo, y que adem\u00e1s acab\u00f3 pagando YPFB porque fue quien insisti\u00f3 en continuar el trabajo pese a que los primeros reportes fueron negativos.<\/p>\n
La confiscaci\u00f3n del IDH se detuvo durante algunos meses en la pandemia, pero despu\u00e9s se reanud\u00f3 sin que hasta la fecha se hayan dado reportes positivos de las inversiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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