La deuda flotante que el gobierno de Luis Arce dej\u00f3 como herencia a la administraci\u00f3n de Rodrigo Paz Pereira alcanz\u00f3 los Bs 6.646 millones al cierre de noviembre de 2025, de acuerdo con el balance oficial de la ejecuci\u00f3n presupuestaria registrado en el Sistema de Gesti\u00f3n P\u00fablica (SIGEP). Se trata de obligaciones de corto plazo ya devengadas \u2014por servicios, obras y compras ejecutadas\u2014 que no fueron canceladas por falta de liquidez y que ahora deben ser asumidas por el nuevo Gobierno, reduciendo de forma inmediata su margen fiscal y su capacidad de acci\u00f3n.<\/p>\n
Economistas advierten que este tipo de pasivos tiene un impacto directo sobre la caja del Estado, ya que no se trata de compromisos futuros ni de proyectos en ejecuci\u00f3n, sino de deudas exigibles que presionan el flujo financiero desde el primer d\u00eda de gesti\u00f3n. En la pr\u00e1ctica, esto obliga a priorizar el pago de compromisos heredados antes de destinar recursos a nuevas pol\u00edticas p\u00fablicas, inversi\u00f3n o programas sociales.<\/p>\n
La dimensi\u00f3n del problema fue expuesta p\u00fablicamente el pasado 16 de diciembre por el ministro de Econom\u00eda, Jos\u00e9 Gabriel Espinoza, quien revel\u00f3 que la nueva administraci\u00f3n recibi\u00f3 1.790 cartas de acreedores, un indicador claro del volumen de obligaciones pendientes acumuladas durante la gesti\u00f3n anterior. En ese contexto, explic\u00f3 que de los 550 millones de d\u00f3lares obtenidos mediante un cr\u00e9dito con la Corporaci\u00f3n Andina de Fomento (CAF), 429,3 millones \u2014casi el 80 % del financiamiento\u2014 se destinar\u00e1n a cubrir parte de la deuda flotante, y no a impulsar nuevos proyectos de inversi\u00f3n o desarrollo.<\/p>\n
Este dato es clave porque revela que un cr\u00e9dito externo, que normalmente se utiliza para dinamizar la econom\u00eda o financiar infraestructura, ser\u00e1 absorbido en gran medida para tapar huecos de liquidez del pasado. Para los analistas, esto retrasa cualquier intento de reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica basada en gasto productivo y deja en evidencia la fragilidad de las finanzas p\u00fablicas.<\/p>\n
El economista Fernando Romero explica que la deuda flotante condiciona de manera decisiva el arranque de una gesti\u00f3n gubernamental. Gobernar con obligaciones acumuladas de administraciones anteriores implica un espacio fiscal mucho m\u00e1s reducido y una menor \u201ccintura financiera\u201d. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, antes de dise\u00f1ar y ejecutar pol\u00edticas propias, el nuevo Gobierno debe concentrarse en honrar compromisos heredados, lo que limita su margen de maniobra y su capacidad de responder a nuevas demandas sociales y econ\u00f3micas.<\/p>\n
Desde una mirada similar, el economista Rub\u00e9n Arias considera que el nivel de deuda flotante es alto y refleja un patr\u00f3n de gasto que super\u00f3 sistem\u00e1ticamente la capacidad real de pago del Estado. A su juicio, esta deuda funcion\u00f3 como una forma de financiamiento encubierto, trasladando la presi\u00f3n fiscal al siguiente gobierno. Arias subraya que no se trata de deuda asociada a inversi\u00f3n productiva, sino de obligaciones corrientes que superan niveles prudentes de endeudamiento y distorsionan la sostenibilidad fiscal.<\/p>\n
Para el economista Jaime Dunn, estas cifras son el reflejo de un problema estructural m\u00e1s profundo. Se\u00f1ala que la acumulaci\u00f3n de deuda flotante es consecuencia de a\u00f1os de gasto p\u00fablico insostenible, ca\u00edda de los ingresos por hidrocarburos y un esquema de financiamiento apoyado en emisi\u00f3n inorg\u00e1nica y transferencias del Banco Central de Bolivia (BCB). En ese escenario, el nuevo Gobierno hereda un Estado con \u201ccaja vac\u00eda\u201d y enfrenta un riesgo real de colapso econ\u00f3mico si no adopta medidas de ajuste y correcci\u00f3n de fondo.<\/p>\n
En t\u00e9rminos relativos, los Bs 6.646 millones de deuda flotante representan el 2,23 % del Presupuesto General del Estado consolidado 2026, que entr\u00f3 en vigencia el 1 de enero y asciende a Bs 298.332 millones. Aunque el porcentaje puede parecer acotado, los especialistas advierten que para compromisos de corto plazo sin financiamiento expl\u00edcito se trata de un volumen elevado, especialmente en un contexto de restricci\u00f3n de ingresos y acceso limitado a nuevas fuentes de cr\u00e9dito.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de la ejecuci\u00f3n presupuestaria muestra adem\u00e1s que m\u00e1s del 70 % de la deuda flotante no se origina en la Administraci\u00f3n Central, sino en entidades y empresas dependientes del Tesoro General de la Naci\u00f3n (TGN). Este dato revela problemas estructurales de gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n financiera, as\u00ed como una desconexi\u00f3n entre la ejecuci\u00f3n presupuestaria y el flujo real de recursos.<\/p>\n
Las entidades descentralizadas concentran Bs 2.839 millones, equivalentes al 42,7 % del total. Se trata de instituciones que operan con presupuestos propios, pero que, al no contar con liquidez suficiente, trasladan sus obligaciones al nivel central. Para los analistas, esta pr\u00e1ctica distorsiona la contabilidad fiscal y esconde d\u00e9ficits que luego emergen como deuda flotante.<\/p>\n
Dentro de este grupo, el Instituto del Seguro Agrario presenta uno de los casos m\u00e1s llamativos. Aunque registra una ejecuci\u00f3n presupuestaria del 88,18 % de los Bs 34 millones asignados, el 62,02 % de ese monto, equivalente a Bs 21,1 millones, corresponde a deuda flotante. Situaciones similares se observan en el Fondo de Financiamiento para la Miner\u00eda y en el Consejo Nacional de Vivienda Policial, donde alrededor de una quinta parte del presupuesto ejecutado termin\u00f3 convirti\u00e9ndose en obligaciones impagas.<\/p>\n
En t\u00e9rminos absolutos, el propio TGN concentra Bs 1.519 millones de deuda flotante, seguido por el BCB con Bs 645 millones. Tambi\u00e9n superan los Bs 50 millones entidades como el Servicio de Desarrollo de las Empresas P\u00fablicas Productivas, la Administradora Boliviana de Carreteras y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que evidencia que el problema no es aislado, sino transversal a distintas \u00e1reas del Estado.<\/p>\n
Las empresas p\u00fablicas representan otro foco cr\u00edtico. El 29,5 % de la deuda flotante total est\u00e1 concentrada en este sector, pese a que hasta noviembre de 2025 cerca del 40 % de estas empresas no logr\u00f3 ejecutar ni la mitad del presupuesto asignado. Esto sugiere ineficiencias operativas y problemas de gesti\u00f3n que se traducen en obligaciones acumuladas.<\/p>\n
La empresa Servicios A\u00e9reos Bolivianos (Esabol) destaca por su alto peso relativo, con casi el 30 % de su presupuesto convertido en deuda flotante. En t\u00e9rminos monetarios, YPFB lidera con Bs 1.266 millones, aunque este monto representa solo el 2 % de su presupuesto total, seguida por ENDE, Emapa, EBA y Boliviana de Aviaci\u00f3n (BoA).<\/p>\n
Para Dunn, el hecho de que casi un tercio de la deuda flotante se concentre en empresas p\u00fablicas implica subsidios impl\u00edcitos y una transferencia constante de recursos desde el nivel central para sostener entidades que no son financieramente autosostenibles. Arias coincide y advierte que el Estado no solo financia estas empresas, sino que adem\u00e1s absorbe sus pasivos, ampliando el riesgo fiscal y comprometiendo recursos que podr\u00edan destinarse a \u00e1reas prioritarias. Romero a\u00f1ade que la din\u00e1mica suele derivar en mayor emisi\u00f3n inorg\u00e1nica y endeudamiento interno, profundizando desequilibrios macroecon\u00f3micos.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las entidades descentralizadas y las empresas p\u00fablicas, el 16,5 % de la deuda flotante se concentra en instancias de seguridad social, como las Cajas de Salud y la Gestora P\u00fablica. La Administraci\u00f3n Central representa el 10,6 %, mientras que apenas el 0,6 % corresponde a los \u00f3rganos independientes del Estado, entre ellos el Legislativo Plurinacional, el \u00d3rgano Judicial, el Ministerio P\u00fablico y el \u00d3rgano Electoral.<\/p>\n
En conjunto, la radiograf\u00eda de la deuda flotante revela un Estado que durante a\u00f1os oper\u00f3 al l\u00edmite de su liquidez, postergando pagos y trasladando obligaciones al futuro. La gran inc\u00f3gnita, coinciden los analistas, es si el nuevo Gobierno optar\u00e1 por corregir de manera estructural el modelo de gasto y gesti\u00f3n p\u00fablica o si continuar\u00e1 administrando la coyuntura con m\u00e1s endeudamiento y parches fiscales, dejando una vez m\u00e1s la factura a las siguientes administraciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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