El sector de la construcci\u00f3n atraviesa uno de sus momentos m\u00e1s delicados en los \u00faltimos a\u00f1os. Empresarios que ejecutan obras p\u00fablicas advierten que el desajuste entre los costos reales del mercado y las condiciones contractuales impuestas por el Estado est\u00e1 empujando a decenas de empresas a la quiebra, con un impacto directo en el empleo y la inversi\u00f3n. El problema central, coinciden, no es solo el alza de insumos o salarios, sino que el Estado contrata, pero no paga oportunamente.<\/p>\n
Alberto Guti\u00e9rrez, director de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), explic\u00f3 que los precios unitarios vigentes en los contratos p\u00fablicos ya no reflejan la realidad del mercado. Puso como ejemplo el cemento, un insumo clave en casi todas las obras. \u201cEn los contratos sigue figurando a 50 bolivianos la bolsa, pero hoy no se encuentra por menos de 80 o 90. Esa diferencia alguien la est\u00e1 absorbiendo, y son las empresas\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
El ajuste realizado por el Gobierno solo alcanz\u00f3 a algunos materiales importados, como el acero, pero dej\u00f3 fuera a insumos nacionales cuya incidencia en los costos es elevada. A ello se suma, seg\u00fan Guti\u00e9rrez, la especulaci\u00f3n en el mercado y la falta de controles efectivos, una tarea que \u2014remarc\u00f3\u2014 corresponde al Estado.<\/p>\n
El problema se agrava cuando los contratos se ejecutan bajo precios obsoletos durante uno, dos o hasta tres a\u00f1os. Las empresas deben asumir incrementos en materiales, mano de obra y obligaciones tributarias, sin que exista una actualizaci\u00f3n equivalente de los precios unitarios. \u201cEl sector no est\u00e1 en contra del incremento del salario m\u00ednimo, entendemos la protecci\u00f3n a los trabajadores, pero no se puede cargar todo el peso a un rubro que mueve alrededor de 5.000 millones de bolivianos al a\u00f1o\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n
Uno de los puntos m\u00e1s sensibles es el retraso en los pagos. Guti\u00e9rrez denunci\u00f3 que existen planillas impagas por tres, cuatro, cinco y hasta seis meses. Esa falta de liquidez obliga a las empresas a financiar la obra con recursos propios, comprometiendo su estabilidad financiera. La SIB propone que, una vez aprobada la planilla por fiscales y supervisores, el pago no demore m\u00e1s de diez d\u00edas, para garantizar flujo de caja y continuidad en la ejecuci\u00f3n. El sector espera que la reglamentaci\u00f3n del DS 5503 corrija distorsiones y evite m\u00e1s cierres de empresas y p\u00e9rdida de empleos.<\/p>\n
La presi\u00f3n aumenta cuando, pese a estos retrasos, el Estado aplica sanciones. El incumplimiento de plazos deriva en la ejecuci\u00f3n de boletas de garant\u00eda, respaldadas muchas veces con el patrimonio personal de los empresarios. \u201cSe est\u00e1n quedando sin su herramienta de trabajo, sin su casa, sin su maquinaria\u201d, alert\u00f3.<\/p>\n
Todas estas demandas fueron planteadas al Gobierno en el marco de la reglamentaci\u00f3n del Decreto Supremo 5503. El sector espera que el discurso de eliminar el \u201cEstado tranca\u201d se traduzca en ajustes concretos, ampliaciones de plazo y reglas realistas que eviten la paralizaci\u00f3n de obras y el colapso de un rubro estrat\u00e9gico para la econom\u00eda nacional.<\/p>\n
Sobre el tema<\/p>\n
Estado en mora. Empresas constructoras denuncian planillas impagas de hasta seis meses en obras contratadas por el Estado.<\/p>\n
Problemas financieros. El desfase entre costos reales y precios unitarios empuja a firmas peque\u00f1as y medianas a la quiebra<\/p>\n
Patrimonio en riesgo. La ejecuci\u00f3n de boletas de garant\u00eda pone en riesgo el patrimonio y la continuidad del sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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