El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulg\u00f3 el Decreto Supremo 5516, una norma de 32 art\u00edculos de amplio alcance que ratifica la pol\u00edtica de precios de los combustibles, incrementa transferencias sociales, eleva el salario m\u00ednimo nacional y establece un nuevo esquema de diferimiento de cr\u00e9ditos para vivienda social y peque\u00f1os productores.<\/p>\n
El decreto abroga dos normas clave del anterior paquete econ\u00f3mico (DS 5503 y DS 5484) y marca un giro hacia una estrategia de estabilizaci\u00f3n con fuerte componente social. La normativa se valid\u00f3 en mesas de di\u00e1logo en medio de protestas sociales y bloqueos de caminos. La \u00faltima negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 con la COB hasta las tres de la madrugada de este mismo martes.<\/p>\n
El ministro de la Presidencia, Jos\u00e9 Luis Lupo, explic\u00f3 que el resto de las disposiciones establecidas en diciembre ir\u00e1n a la Asamblea Legislativa con la idea de generar leyes en consenso con las fuerzas pol\u00edticas del pa\u00eds.<\/p>\n
Precios de combustibles: estabilizaci\u00f3n y fin del subsidio cruzado
\nEl decreto fija precios finales al consumidor para los principales combustibles l\u00edquidos, con excepci\u00f3n del GLP, que mantiene su precio subvencionado. La gasolina especial queda en Bs 6,96 por litro y el di\u00e9sel en Bs 9,80, mientras que la gasolina premium sube a Bs 11.<\/p>\n
El Gobierno justific\u00f3 esta decisi\u00f3n en la necesidad de corregir distorsiones de mercado, frenar el contrabando \u2014estimado en hasta el 40% de la oferta\u2014 y cumplir un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cuestion\u00f3 la diferenciaci\u00f3n de precios en Bolivia. La norma incorpora una metodolog\u00eda de ajuste de precios, que permitir\u00e1 variaciones futuras bajo criterios de sostenibilidad fiscal y eficiencia econ\u00f3mica.<\/p>\n
En paralelo, se mantiene el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en Bs 2,73 por metro c\u00fabico, con incentivos para la conversi\u00f3n de veh\u00edculos y la reposici\u00f3n de cilindros, reforzando la pol\u00edtica de transici\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p>\n
Bonos y transferencias: el nuevo programa PEPE
\nUno de los ejes centrales del decreto es el refuerzo de la protecci\u00f3n social<\/p>\n
El Bono Juancito Pinto sube de Bs 200 a Bs 300.
\nLa Renta Dignidad se incrementa en Bs 150 para adultos mayores sin jubilaci\u00f3n contributiva.
\nAdem\u00e1s, se crea el Programa Extraordinario de Protecci\u00f3n y Equidad (PEPE), una transferencia monetaria temporal dirigida a hogares vulnerables. El PEPE pagar\u00e1 Bs 150 mensuales, con dos esquemas:<\/p>\n
Hasta Bs 450 al a\u00f1o para madres beneficiarias del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y familias con estudiantes en unidades fiscales.
\nHasta Bs 1.800 anuales para adultos mayores sin pensi\u00f3n, como complemento a la Renta Dignidad.
\nEl programa ser\u00e1 ejecutado por la Gestora P\u00fablica, financiado con recursos del Tesoro General del Estado y financiamiento externo, sin afectar fondos previsionales.<\/p>\n
Salario m\u00ednimo: aumento del 20% y retroactivo
\nEl decreto fija el Salario M\u00ednimo Nacional en Bs 3.300, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2025. El aumento rige tanto para el sector p\u00fablico como privado y tiene car\u00e1cter retroactivo al 1 de enero de 2026.<\/p>\n
La norma ratifica la negociaci\u00f3n salarial entre empleadores y trabajadores, pero establece l\u00edmites claros: el salario m\u00ednimo es inderogable y cualquier acuerdo que implique renuncia de derechos laborales ser\u00e1 nulo.<\/p>\n
Austeridad y control del gasto p\u00fablico
\nEn contraste con el aumento salarial, el decreto impone una racionalizaci\u00f3n del gasto estatal. Se proh\u00edben nuevas contrataciones en el sector p\u00fablico, salvo en salud, educaci\u00f3n, Fuerzas Armadas y Polic\u00eda. Las entidades deber\u00e1n presentar planes de optimizaci\u00f3n de personal y reducir gastos corrientes al m\u00ednimo operativo.<\/p>\n
Arancel cero para maquinaria e insumos productivos
\nHasta el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno reduce a 0% el gravamen arancelario para la importaci\u00f3n de maquinaria, equipos y repuestos destinados a sectores estrat\u00e9gicos como alimentos, agroindustria, textil, metalurgia, miner\u00eda y transporte. La medida busca aliviar costos productivos y contener presiones inflacionarias.<\/p>\n
Diferimiento de cr\u00e9ditos: alivio financiero condicionado
\nEl decreto reglamenta el diferimiento de cr\u00e9ditos previsto en la Ley 1670. Los prestatarios de vivienda social y micro y peque\u00f1as empresas podr\u00e1n solicitar la postergaci\u00f3n de hasta seis meses en el pago de capital, intereses y seguros.<\/p>\n
El diferimiento no implica condonaci\u00f3n: los montos se redistribuir\u00e1n durante la vigencia del cr\u00e9dito, sin penalizaciones ni afectaci\u00f3n a la calificaci\u00f3n crediticia. La medida solo podr\u00e1 aplicarse una vez por prestatario y requiere solicitud expresa.<\/p>\n
Un decreto de transici\u00f3n
\nEl Decreto Supremo 5516 consolida el enfoque del nuevo gobierno: fin del subsidio generalizado, correcci\u00f3n de distorsiones econ\u00f3micas y compensaci\u00f3n social focalizada. En un solo cuerpo normativo, el Ejecutivo articula pol\u00edtica energ\u00e9tica, social, laboral y financiera, apostando a estabilizar la econom\u00eda sin renunciar a mecanismos de protecci\u00f3n para los sectores m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n
El alcance de la norma, sin embargo, anticipa debates: el impacto fiscal del aumento salarial, la sostenibilidad de las transferencias y la reacci\u00f3n del sector privado frente a los nuevos costos laborales marcar\u00e1n la discusi\u00f3n econ\u00f3mica de los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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