Un debate que hasta hace poco transitaba por los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) comenz\u00f3 a ganar fuerza en la agenda p\u00fablica: la denominada \u201cley antibloqueos\u201d. Aunque todav\u00eda no existe un texto \u00fanico ni consensuado, al menos cuatro proyectos legislativos avanzan con una premisa com\u00fan: sancionar penalmente la obstrucci\u00f3n de v\u00edas de comunicaci\u00f3n en Bolivia, bajo el argumento de proteger la econom\u00eda nacional, el libre tr\u00e1nsito y el derecho al trabajo.<\/p>\n
Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de los anuncios oficiales y los respaldos sectoriales, el tratamiento de estas iniciativas se ha caracterizado por una marcada falta de informaci\u00f3n y socializaci\u00f3n, lo que ha encendido las alertas de organizaciones sociales, sindicatos y defensores de derechos humanos. El temor central es que esta normativa pueda convertirse en un instrumento para judicializar luchas sociales consideradas \u201cinc\u00f3modas\u201d para el poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico, como ocurre actualmente con la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu\u00eda.<\/p>\n
Alarmas encendidas por Tariqu\u00eda<\/p>\n
El conflicto por Tariqu\u00eda se ha convertido en un caso testigo. Actualmente, 17 personas \u2014defensores del \u00e1rea protegida\u2014 enfrentan procesos penales tras haber participado en un punto de vigilia en el cant\u00f3n de Chiquiac\u00e1, en rechazo al ingreso de empresas petroleras a la reserva. Aunque los acusados esperan librarse de estas denuncias, el escenario que plantea una eventual ley antibloqueos genera incertidumbre.<\/p>\n
Desde las comunidades y plataformas ambientales advierten que, aun cuando estos procesos no prosperen, no existen garant\u00edas de que en el futuro no vuelvan a ser perseguidos penalmente si retoman medidas de presi\u00f3n para defender el territorio. \u201cLa lucha por Tariqu\u00eda, es permanente\u201d, han se\u00f1alado dirigentes comunales, quienes temen que una nueva normativa endurezca a\u00fan m\u00e1s el panorama judicial.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 plantean los proyectos de ley?<\/p>\n
Aunque los textos difieren en algunos matices, las propuestas coinciden en incorporar al C\u00f3digo Penal el delito de \u201cobstrucci\u00f3n ilegal de v\u00edas de comunicaci\u00f3n\u201d. Las penas planteadas oscilan entre los 6 y 10 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad, aunque algunos informes y versiones preliminares mencionan sanciones que podr\u00edan llegar hasta los 20 a\u00f1os.<\/p>\n
Otro punto com\u00fan es la ampliaci\u00f3n de responsabilidades: no solo ser\u00edan pasibles a sanci\u00f3n quienes ejecuten bloqueos, sino tambi\u00e9n quienes los instiguen, financien u organicen. Incluso se plantea que estas personas asuman responsabilidad civil por los da\u00f1os econ\u00f3micos ocasionados, una figura que preocupa a dirigentes sindicales y sociales.<\/p>\n
Si bien los proyectos afirman garantizar el derecho a la protesta pac\u00edfica, esta quedar\u00eda condicionada a que no afecte el abastecimiento de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, no interrumpa servicios de salud ni se realice en v\u00edas troncales de alcance nacional. Para sus cr\u00edticos, estas restricciones vac\u00edan de contenido el derecho a la protesta.<\/p>\n
Respaldo oficial y apoyo empresarial<\/p>\n
El Gobierno nacional ha expresado su respaldo a la iniciativa, argumentando que el pa\u00eds no puede seguir soportando las millonarias p\u00e9rdidas econ\u00f3micas generadas por los bloqueos, y que es necesario garantizar el derecho de la mayor\u00eda a trabajar y circular libremente.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, sectores empresariales y productivos han manifestado su apoyo a la norma, recordando los impactos negativos que los cierres de carreteras han tenido en la cadena de abastecimiento, las exportaciones y la estabilidad econ\u00f3mica, especialmente en contextos de crisis.<\/p>\n
Asimismo, legisladores tanto del oficialismo como de la oposici\u00f3n coinciden en que los bloqueos han sido utilizados recurrentemente como un mecanismo de presi\u00f3n pol\u00edtica, por lo que consideran necesaria una herramienta legal que limite esta pr\u00e1ctica.<\/p>\n
El rechazo de los sectores sociales<\/p>\n
Desde la otra vereda, la Central Obrera Boliviana (COB) ha rechazado de manera categ\u00f3rica los anteproyectos, calific\u00e1ndolos como un intento de eliminar una herramienta hist\u00f3rica de reivindicaci\u00f3n social y laboral. Para el ente matriz de los trabajadores, el bloqueo ha sido, durante d\u00e9cadas, una forma leg\u00edtima de visibilizar demandas ignoradas por el Estado.<\/p>\n
Organizaciones sociales, como las seis federaciones del Tr\u00f3pico de Cochabamba, han ido m\u00e1s all\u00e1 al calificar la iniciativa como \u201canticonstitucional\u201d, al considerar que criminaliza la protesta social y vulnera derechos consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, sectores del transporte tambi\u00e9n se han pronunciado en contra, se\u00f1alando que el cierre de v\u00edas es, en muchos casos, el \u00fanico mecanismo efectivo para que sus demandas sean atendidas por las autoridades.<\/p>\n
Cr\u00edticas, vac\u00edos y riesgos<\/p>\n
Una de las principales observaciones es el uso discrecional que podr\u00eda tener la ley. Dirigentes y analistas advierten que la normativa podr\u00eda ser utilizada para perseguir pol\u00edticamente a opositores o l\u00edderes sociales, dependiendo de qui\u00e9n gobierne y a qu\u00e9 intereses afecten las movilizaciones.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha abierto el debate sobre el rol de la Polic\u00eda y las Fuerzas Armadas. Algunos especialistas plantean que una ley de esta naturaleza deber\u00eda ir acompa\u00f1ada de una normativa clara sobre el uso de la fuerza, para evitar excesos y vulneraciones a los derechos humanos durante operativos de desbloqueo.<\/p>\n
Desde Tarija, el presidente del Comit\u00e9 C\u00edvico, Jes\u00fas Gira, reconoci\u00f3 que existen movilizaciones que s\u00ed se justifican, como el paro c\u00edvico nacional que exigi\u00f3 la realizaci\u00f3n del Censo. No obstante, tambi\u00e9n admiti\u00f3 que hay bloqueos con fines netamente pol\u00edticos, citando como ejemplo lo que ocurre en el Chapare.<\/p>\n
Consultado sobre c\u00f3mo diferenciar un paro legal de uno ilegal, Gira sostuvo que ese es uno de los mayores desaf\u00edos. Mencion\u00f3 que eso debe definirse con mucho cuidado en la redacci\u00f3n de la ley, pero antes tiene que existir una socializaci\u00f3n con instituciones y sectores sociales, instando al Gobierno a evitar decisiones unilaterales.<\/p>\n
La propuesta de un refer\u00e9ndum<\/p>\n
En medio de la controversia, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarc\u00f3n, propuso que la ley antibloqueos sea sometida a un refer\u00e9ndum antes de su promulgaci\u00f3n. El legislador argument\u00f3 que la norma podr\u00eda detonar nuevas movilizaciones sociales, por lo que consider\u00f3 necesario consultar directamente al soberano.<\/p>\n
\u201cAprobaremos la ley en la Asamblea Legislativa y, antes de que el presidente la promulgue, hagamos un refer\u00e9ndum para ver si la poblaci\u00f3n est\u00e1 de acuerdo o no\u201d, se\u00f1al\u00f3 Alarc\u00f3n, quien sostuvo que es necesario \u201cdesterrar\u201d una cultura de m\u00e1s de 20 a\u00f1os que concibe el bloqueo como un derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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