El Proyecto de Ley de Arrepentimiento y Colaborador Eficaz (PL-071\/25) plantea un nuevo marco jur\u00eddico para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupci\u00f3n, el enriquecimiento il\u00edcito y el narcotr\u00e1fico en Bolivia, con un eje central: destinar el 100% de los bienes y recursos econ\u00f3micos recuperados al financiamiento de la Renta Dignidad.<\/p>\n
La iniciativa fue remitida a la Presidencia de la C\u00e1mara de Diputados y est\u00e1 firmada por el diputado Herminio Fern\u00e1ndez Thola, quien se identifica como secretario del Comit\u00e9 de Defensa de las Fuerzas Armadas, Fronteras y Defensa Civil.<\/p>\n
El proyecto busca incentivar la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica que permita desarticular redes criminales y recuperar activos obtenidos de manera il\u00edcita, ante lo que sus impulsores consideran la lentitud e ineficacia de los actuales mecanismos de embargo y remate de bienes incautados.<\/p>\n
Entre los puntos centrales del texto legal se establece un R\u00e9gimen de Arrepentimiento Activo, mediante el cual imputados o procesados podr\u00e1n acceder a beneficios penales, como la reducci\u00f3n de hasta un tercio de la pena, siempre que exista confesi\u00f3n plena, reparaci\u00f3n del da\u00f1o y entrega de informaci\u00f3n \u00fatil para identificar a otros responsables y bienes del delito.<\/p>\n
Uno de los aspectos m\u00e1s controvertidos del proyecto es el incentivo econ\u00f3mico para los colaboradores eficaces. La propuesta contempla una retribuci\u00f3n de entre el 10% y el 20% del valor de los activos recuperados, dependiendo del tipo de delito. El beneficio tendr\u00e1 un m\u00e1ximo del 20% en casos de corrupci\u00f3n y del 10% en delitos de legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, siempre que la informaci\u00f3n proporcionada sea corroborada y genere resultados concretos.<\/p>\n
El proyecto tambi\u00e9n incorpora garant\u00edas de protecci\u00f3n y confidencialidad para los colaboradores, incluyendo la reserva de identidad, protecci\u00f3n personal y familiar, adem\u00e1s de resguardos laborales para evitar represalias.<\/p>\n
No obstante, el texto excluye expresamente de estos beneficios a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, terrorismo, asesinato, violaci\u00f3n o trata de personas de gravedad extrema.<\/p>\n
Asimismo, se establecen mecanismos de revocatoria de los beneficios en caso de comprobarse mala fe, informaci\u00f3n falsa o la comisi\u00f3n de nuevos delitos dolosos.<\/p>\n
En su conjunto, el PL-071\/25 plantea convertir los bienes del delito en un beneficio social directo, fortaleciendo la Renta Dignidad y enviando una se\u00f1al pol\u00edtica de endurecimiento frente a la corrupci\u00f3n y el crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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