En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, la disputa por la tenencia de la tierra en Santa Cruz se ha te\u00f1ido de sangre. Jorge Luis P\u00e9rez Ortiz (25 a\u00f1os) y Franklin Delgadillo C\u00e1rdenas (22) fueron v\u00edctimas de un conflicto que se ha agudizado, pese a que el saneamiento de tierras registra m\u00e1s del 90% de avance. No importa de qu\u00e9 bando sean: una vida humana vale m\u00e1s que millones de hect\u00e1reas en litigio.<\/p>\n
Lo m\u00e1s llamativo es que el conflicto se produce en espacios que, parad\u00f3jicamente, corresponden a predios con posesi\u00f3n empresarial y en \u00e1reas asignadas a territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n
Algunos propietarios o comunicades han intentado regularizar su situaci\u00f3n durante a\u00f1os, pero, seg\u00fan denuncias del sector productivo, muchos procesos de saneamiento se han extendido hasta por 20 a\u00f1os. Un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 2025 permite trazar, con claridad estad\u00edstica, qui\u00e9nes son los due\u00f1os de la tierra en Bolivia.<\/p>\n
Distribuci\u00f3n<\/p>\n
En total, Bolivia cuenta con 109,8 millones de hect\u00e1reas, de las cuales 103,2 millones corresponden a superficie rural objeto de saneamiento agrario. De ese total, el 94% del territorio rural ya fue saneado y titulado, lo que equivale a 96,5 millones de hect\u00e1reas con seguridad jur\u00eddica, mientras que el 6%, cerca de 6,6 millones de hect\u00e1reas, permanece pendiente de regularizaci\u00f3n.<\/p>\n
En este contexto, el sector empresarial y mediano concentra 15,6 millones de hect\u00e1reas de tierra en Bolivia, lo que representa el 16% del territorio rural saneado del pa\u00eds, seg\u00fan datos oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).<\/p>\n
Aunque no es el mayor propietario en t\u00e9rminos de superficie, este bloque constituye uno de los actores m\u00e1s influyentes del modelo agrario nacional por su capacidad de concentraci\u00f3n productiva, control de cadenas agroindustriales, mecanizaci\u00f3n, acceso a financiamiento y orientaci\u00f3n exportadora, especialmente en regiones del Oriente boliviano y el Chaco, donde predominan grandes extensiones continuas de tierra bajo propiedad privada empresarial.<\/p>\n
La distribuci\u00f3n oficial de la tierra saneada muestra que las tierras fiscales del Estado, tanto disponibles como no disponibles, suman 27,8 millones de hect\u00e1reas, lo que representa el 29% del territorio rural. A este bloque le siguen los Territorios Comunitarios de Origen y Territorios Ind\u00edgena Originario Campesinos (TCO\/TIOC), que concentran 26 millones de hect\u00e1reas, equivalentes al 27% del territorio rural, consolidando a los pueblos ind\u00edgenas como uno de los principales propietarios territoriales del pa\u00eds.<\/p>\n
La propiedad comunitaria campesina alcanza 17,5 millones de hect\u00e1reas, que representan el 18% del territorio rural, mientras que la propiedad empresarial y mediana concentra 15,6 millones de hect\u00e1reas, equivalentes al 16%. En tanto, la peque\u00f1a propiedad individual suma 9,7 millones de hect\u00e1reas, lo que representa el 10% de la superficie rural saneada, configurando un mapa agrario en el que m\u00e1s del 70% de la tierra est\u00e1 en manos del Estado, pueblos ind\u00edgenas y formas de propiedad colectiva, que en su mayor\u00eda apoyaron la gesti\u00f3n del Movimiento Al Socialismo (MAS).<\/p>\n
Las m\u00e1s cotizadas<\/p>\n
La forma en que se presenta la distribuci\u00f3n de la tierra en Bolivia suele generar lecturas err\u00f3neas y alimentar el conflicto agrario. Para el economista y especialista en temas agrarios Gonzalo Colque, uno de los principales problemas es que los datos oficiales se interpretan sin considerar la vocaci\u00f3n productiva ni el uso permitido del suelo, lo que distorsiona el debate p\u00fablico sobre qui\u00e9nes concentran la tierra y qui\u00e9nes resultan beneficiados.<\/p>\n
\u201cEs un error t\u00e9cnico comparar distintos tipos de propiedad solo por su tama\u00f1o\u201d, explic\u00f3 Colque. Se\u00f1al\u00f3 que no todas las tierras tienen el mismo valor econ\u00f3mico ni la misma capacidad productiva. Como ejemplo mencion\u00f3 las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), entre ellas la TCO Guarayos, que supera el mill\u00f3n de hect\u00e1reas, pero que en su mayor parte corresponde a \u00e1reas boscosas no aptas para agricultura mecanizada y que cumplen, adem\u00e1s, un rol de conservaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
En contraste, las tierras ubicadas en zonas productivas como el Norte Integrado de Santa Cruz, cercanas a centros urbanos y con acceso a infraestructura, tienen un valor de mercado muy superior,} en su mayor\u00eda est\u00e1n en manos de empresas privadas. \u201cNo vale lo mismo 50 hect\u00e1reas en el norte integrado que 50 hect\u00e1reas en la Chiquitania\u201d, subray\u00f3 el especialista, al remarcar que las restricciones ambientales y los planes de ordenamiento territorial condicionan el uso del suelo.<\/p>\n
Seg\u00fan Colque, las \u00e1reas donde se concentran los mayores conflictos y avasallamientos son aquellas que ya est\u00e1n en producci\u00f3n o forman parte de la expansi\u00f3n de la frontera agr\u00edcola.<\/p>\n
En muchos casos, el valor de estos predios se incrementa de forma acelerada debido a cambios en los planes de ordenamiento predial y a autorizaciones de desmonte y uso intensivo otorgadas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).<\/p>\n
\u201cCuando se modifican esos planes, el precio de la tierra puede multiplicarse por dos, tres o incluso cinco veces\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
Este escenario convirti\u00f3 a estas zonas en focos de disputa, donde convergen intereses econ\u00f3micos, presiones pol\u00edticas y vac\u00edos institucionales. Advirti\u00f3 que esta combinaci\u00f3n alimenta una narrativa de confrontaci\u00f3n entre sectores empresariales y campesinos, cuando en realidad \u2014afirm\u00f3\u2014 en ambos lados existen actores que cumplen la ley y otros que incurren en pr\u00e1cticas ilegales.<\/p>\n
Colque advirti\u00f3 que los conflictos se explican por la proliferaci\u00f3n de asentamientos irregulares en zonas como Guarayos y la carretera a Trinidad, donde se crearon supuestas comunidades campesinas que solo exist\u00edan en documentos.<\/p>\n
Mencion\u00f3 el caso de Las Londras como un ejemplo clave: una de las pocas \u00e1reas fiscales que qued\u00f3 sin sanear en una regi\u00f3n altamente productiva, lo que la convirti\u00f3 en blanco de avasallamientos. Aclar\u00f3 adem\u00e1s que m\u00e1s del 90% de la tierra en Santa Cruz ya est\u00e1 saneada y que los conflictos actuales se concentran en tierras fiscales no adjudicadas o en ingresos ilegales a predios ya titulados, sin sustento legal.<\/p>\n
Empresas tienen el 16% de la tierra que es apetecida por avasalladores
\nLa toma de Las Londras fue el caso m\u00e1s emblem\u00e1tico en el conflicto por tierras; un grupo irregular secuestr\u00f3 a productores y periodistas \/Foto: EL DEBER
\nAvasallamiento cero<\/p>\n
El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, afirm\u00f3 que el Gobierno aplicar\u00e1 una pol\u00edtica de \u201ccero tolerancia al avasallamiento\u201d y anunci\u00f3 una auditor\u00eda integral al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para identificar predios ocupados ilegalmente, responsabilidades administrativas y posibles redes de tr\u00e1fico de tierras.<\/p>\n
\u201cRestituir el Estado de Derecho significa cumplir la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. El avasallamiento es un delito y tiene que ser sancionado\u201d, sostuvo la autoridad.<\/p>\n
Vaca Diez se\u00f1al\u00f3 que una de las primeras tareas ser\u00e1 recuperar la institucionalidad del INRA, instituci\u00f3n que \u2014seg\u00fan afirm\u00f3\u2014 en los \u00faltimos a\u00f1os dej\u00f3 de cumplir su rol t\u00e9cnico para convertirse en un instrumento pol\u00edtico. \u201cEl INRA tiene que volver a ser un aparato t\u00e9cnico para el saneamiento de tierras y dejar de ser un bot\u00edn pol\u00edtico\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Anunci\u00f3 que se realizar\u00e1 una auditor\u00eda forense, legal y administrativa, cuyos resultados ser\u00e1n p\u00fablicos. En caso de detectarse actos de corrupci\u00f3n o ilegalidad, el Viceministerio de Tierras presentar\u00e1 querellas contra los funcionarios responsables y coadyuvar\u00e1 en las investigaciones.<\/p>\n
\u201cLa gente denunciaba avasallamientos, pero quienes retardaban la justicia eran el propio Ministerio de Tierras y el INRA. Eso se acab\u00f3\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n
El viceministro dijo que hay mandamientos de aprehensi\u00f3n vigentes que no fueron ejecutados en anteriores gestiones y pidi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico y a la Polic\u00eda actuar conforme a la norma.<\/p>\n
Caso Las Londras<\/p>\n
La autoridad calific\u00f3 a Las Londras como un caso emblem\u00e1tico de avasallamiento e impunidad. Explic\u00f3 que el predio se encontraba en proceso de saneamiento cuando fue ocupado ilegalmente, tras filtraciones de informaci\u00f3n desde el propio INRA, que \u2014seg\u00fan denunci\u00f3\u2014 habr\u00eda proporcionado planos y coordenadas a los avasalladores.<\/p>\n
\u201cEntraban con informaci\u00f3n t\u00e9cnica. El INRA era c\u00f3mplice de mafias dedicadas al tr\u00e1fico de tierras\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
El asesor legal de la Asociaci\u00f3n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, consider\u00f3 positivo el inicio de operativos para recuperar predios avasallados, pero advirti\u00f3 que los desalojos por s\u00ed solos no resolver\u00e1n el problema.<\/p>\n
Asturizaga record\u00f3 que, seg\u00fan datos del INRA, en los \u00faltimos 20 a\u00f1os m\u00e1s de 300 predios fueron avasallados, pero no se ejecutaron ni 30 desalojos, lo que implica que m\u00e1s del 95% de las tomas ilegales siguen consolidadas. Afirm\u00f3 que esta situaci\u00f3n no solo afecta a Santa Cruz, aunque es el departamento m\u00e1s golpeado, sino que se repite en La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Beni.<\/p>\n
El asesor de Anapo record\u00f3 que ya en 2011 un exdirector nacional del INRA hab\u00eda advertido la existencia de un \u201cINRA paralelo\u201d, con acceso a informaci\u00f3n t\u00e9cnica sensible que era utilizada para planificar avasallamientos. A su juicio, ese esquema debe ser investigado y desarticulado.<\/p>\n
Por ello, plante\u00f3 una auditor\u00eda t\u00e9cnica, legal y financiera a la gesti\u00f3n del INRA de las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, especialmente en Santa Cruz, donde se dotaron m\u00e1s de 1,4 millones de hect\u00e1reas a m\u00e1s de 1.000 comunidades.<\/p>\n
La disputa por la tierra dej\u00f3 de ser un problema administrativo para convertirse en un conflicto violento. Las cifras no alcanzan para explicar una realidad en la que la tierra se volvi\u00f3 un bot\u00edn que cobr\u00f3 vidas humanas.<\/p>\n
Cifras<\/p>\n
27,8 millones de hect\u00e1reas. Saneadas por el INRA son tierra fiscal, que son administradas por el Estado boliviano.<\/p>\n
26 millones de hect\u00e1reas. En todo el pa\u00eds est\u00e1n en manos de los Territorios Comunitarios de Origen y TIOC (pueblos ind\u00edgenas).<\/p>\n
Para saber<\/p>\n
Norma. Pese a la Ley 477 contra el avasallamiento y tr\u00e1fico de tierras, no se ha documentado un solo encarcelamiento penal por estos delitos en el pa\u00eds. Productores y sectores del agro piden cumplimiento efectivo de la normativa y c\u00e1rcel para invasores, no solo medidas administrativas.<\/p>\n
Impacto. La inseguridad sobre la tierra impacta la producci\u00f3n de alimentos y la inversi\u00f3n, afectando la soberan\u00eda alimentaria. La conflictividad territorial est\u00e1 asociada a la escasez de tierra productiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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