En medio del debate sobre el futuro de Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su rol en la cadena productiva de los hidrocarburos, una voz con experiencia directa en la estructura interna de la estatal plantea una tesis clara: el problema de YPFB no es legal ni constitucional, sino de injerencia pol\u00edtica. Pedro Torquemada, expresidente ejecutivo de YPFB Chaco S.A. durante la fase inicial de la nacionalizaci\u00f3n, sostiene que la empresa ya es, por definici\u00f3n, un holding, pero uno cuya l\u00f3gica empresarial ha sido progresivamente desactivada.<\/p>\n
Desde su perspectiva, la discusi\u00f3n p\u00fablica sobre la necesidad de \u201cconvertir\u201d a YPFB en un holding parte de una premisa err\u00f3nea. La estatal ya cumple esa funci\u00f3n, debido a que sus principales filiales operan bajo la figura jur\u00eddica de Sociedad An\u00f3nima (S.A.). En el caso de YPFB Chaco S.A., la participaci\u00f3n accionaria del Estado alcanza aproximadamente el 99,9%, quedando un porcentaje residual que confirma su sujeci\u00f3n al C\u00f3digo de Comercio y no a un r\u00e9gimen de empresa p\u00fablica pura. Esta caracter\u00edstica define a YPFB Casa Matriz como una sociedad tenedora de acciones, con atribuciones estrat\u00e9gicas, pero no como un ente dise\u00f1ado para absorber la gesti\u00f3n operativa cotidiana de sus filiales.<\/p>\n
Torquemada record\u00f3 que, en los primeros a\u00f1os del proceso de nacionalizaci\u00f3n, este modelo funcion\u00f3. Las empresas subsidiarias contaban con m\u00e1rgenes reales de autonom\u00eda operativa, lo que les permit\u00eda actuar con agilidad, tomar decisiones t\u00e9cnicas oportunas y responder a la l\u00f3gica del negocio hidrocarbur\u00edfero. Ese esquema, subray\u00f3, no contradec\u00eda el control estatal ni el marco constitucional vigente, que otorga a YPFB la direcci\u00f3n superior de la cadena productiva, pero no prescribe una centralizaci\u00f3n administrativa absoluta.<\/p>\n
Uno de los puntos que suele generar confusi\u00f3n, seg\u00fan el exejecutivo, es la raz\u00f3n por la cual las filiales mantuvieron la figura de Sociedad An\u00f3nima tras la nacionalizaci\u00f3n. No se trat\u00f3 de una concesi\u00f3n pol\u00edtica ni de una ambig\u00fcedad deliberada, sino de una limitaci\u00f3n del marco legal existente en ese momento. La legislaci\u00f3n boliviana no contemplaba un mecanismo para transformar una empresa privada en estatal, lo que oblig\u00f3 a mantener la estructura societaria original, aun con control accionario casi total del Estado.<\/p>\n
Torquemada fue enf\u00e1tico al marcar los l\u00edmites del debate. La autonom\u00eda operativa no debe confundirse con una liberalizaci\u00f3n de la propiedad de los recursos. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado establece con claridad que YPFB ejerce la direcci\u00f3n y el control de toda la cadena de los hidrocarburos. Cualquier intento de transferir ese rol al sector privado requerir\u00eda una reforma constitucional, una opci\u00f3n que no es viable en el actual periodo de gobierno. Sin embargo, ese marco no impide que las filiales operen con criterios empresariales, siempre que se respete la propiedad estatal.<\/p>\n
El n\u00facleo del problema, afirm\u00f3, se encuentra en la injerencia pol\u00edtica y administrativa que se consolid\u00f3 con el paso de los a\u00f1os. Decisiones centralizadoras, muchas veces adoptadas por actores sin conocimiento t\u00e9cnico del sector, fueron erosionando la autonom\u00eda que el propio C\u00f3digo de Comercio otorga a las sociedades an\u00f3nimas. El resultado ha sido una creciente burocratizaci\u00f3n, menor capacidad de respuesta y una p\u00e9rdida de eficiencia que hoy impacta en todo el sector hidrocarbur\u00edfero.<\/p>\n
La soluci\u00f3n que plantea es directa y, en el corto plazo, no requiere reformas constitucionales. En primer lugar, una decisi\u00f3n pol\u00edtica inmediata para retirar la injerencia operativa y restituir la autonom\u00eda de gesti\u00f3n de las filiales de YPFB. En segundo t\u00e9rmino, un blindaje legal a futuro mediante una nueva Ley de Hidrocarburos que defina expl\u00edcitamente la estructura de holding y proh\u00edba la centralizaci\u00f3n abusiva desde la Casa Matriz o el Poder Ejecutivo.<\/p>\n
En el plano operativo, Torquemada propone separar de la estructura de la Casa Matriz las funciones de upstream y convertirlas en una unidad plenamente funcional y competitiva, sujeta a obligaciones t\u00e9cnicas, programas de trabajo y compromisos contractuales, como cualquier empresa operadora. Al mismo tiempo, advierte que el accionista no deber\u00eda absorber las utilidades generadas, ya que estas son clave para el crecimiento, la atracci\u00f3n de inversiones y una eventual proyecci\u00f3n internacional.<\/p>\n
Su diagn\u00f3stico apunta a una idea central: Bolivia ya cont\u00f3 con un modelo de gesti\u00f3n que funcion\u00f3. Recuperarlo no es una cuesti\u00f3n de redise\u00f1o institucional complejo, sino de voluntad pol\u00edtica y de respeto a la l\u00f3gica empresarial dentro del marco constitucional vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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