El registro y la matriculaci\u00f3n para ejercer la abogac\u00eda ya no estar\u00e1n bajo la tuici\u00f3n del Gobierno central. Los colegios de abogados de los nueve departamentos y su entidad nacional, el Colegio Nacional de Abogados (Conalab), recuperaron sus atribuciones \u201cde manera provisional\u201d tras la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que admiti\u00f3 una acci\u00f3n de inconstitucionalidad abstracta (AIA) contra la Ley 387 del \u201cEjercicio de la Abogac\u00eda\u201d y normas conexas.<\/p>\n
\u201cLa Comisi\u00f3n de Admisi\u00f3n del Tribunal Constitucional resuelve: admitir la acci\u00f3n de inconstitucionalidad abstracta\u201d, se\u00f1ala el Auto Constitucional 0634\/2025, emitido en respuesta al recurso presentado el 24 de octubre de 2025 por el exdiputado Jos\u00e9 Carlos Guti\u00e9rrez.<\/p>\n
En ese contexto, el 26 de febrero la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro P\u00fablico de la Abogac\u00eda (SAJ-RPA) inform\u00f3 que fue notificada con el auto constitucional y que, en cumplimiento de la medida cautelar, \u201csuspende el funcionamiento del Registro P\u00fablico de la Abogac\u00eda\u201d. En la pr\u00e1ctica, esto implica que los nuevos profesionales ya no deber\u00e1n registrarse ni matricularse ante el Gobierno, sino ante los colegios de abogados de sus respectivos departamentos..<\/p>\n
Suspensi\u00f3n provisional<\/p>\n
Tras cuatro meses de an\u00e1lisis, la Comisi\u00f3n de Admisi\u00f3n del TCP dispuso la suspensi\u00f3n provisional de al menos 15 art\u00edculos de la Ley 387. Tambi\u00e9n dej\u00f3 en suspenso el Decreto 1760, que reglamenta esa norma, adem\u00e1s de los decretos 4690 y 4896. Estas disposiciones fueron cuestionadas por presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 12.1, 21.4, 47, 52.II y 178 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado.<\/p>\n
El fallo tiene tres efectos centrales: restituye a los colegios de abogados la potestad de registrar y otorgar matr\u00edcula a los profesionales; suspende la administraci\u00f3n gubernamental del Registro P\u00fablico de la Abogac\u00eda; y deja sin efecto provisional los tribunales de \u00e9tica que depend\u00edan del entonces Ministerio de Justicia, cuyos integrantes eran designados por esa cartera de Estado.<\/p>\n
Antecedentes pol\u00edticos<\/p>\n
El abogado y exmagistrado del TCP Marco Antonio Baldivieso afirm\u00f3 a EL DEBER que la decisi\u00f3n del TCP es positiva porque los abogados recuperan su institucionalidad y su autonom\u00eda como profesionales, evitando la intromisi\u00f3n directa del Gobierno.<\/p>\n
El 21 de noviembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz dispuso el cierre del Ministerio de Justicia con el argumento de evitar \u201cinjerencia de la pol\u00edtica en la justicia\u201d. Tras esa decisi\u00f3n, varias de sus instancias fueron absorbidas por el Ministerio de la Presidencia, seg\u00fan confirm\u00f3 en su momento el viceministro de Transparencia, Yamil Garc\u00eda. En ese contexto fue designada \u00c9rika Rojas como directora del SAJ-RPA.<\/p>\n
La Ley 387 fue sancionada por la Asamblea Legislativa y promulgada el 9 de julio de 2013 por el entonces presidente Evo Morales, con el objetivo de regular el ejercicio de la abogac\u00eda y establecer el registro y control de los profesionales a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia, es decir desde el Gobierno central.<\/p>\n
La norma otorgaba a esa cartera amplias facultades que iban desde la matriculaci\u00f3n y administraci\u00f3n del registro p\u00fablico \u2014que inclu\u00eda tambi\u00e9n a los propios colegios de abogados\u2014 hasta la designaci\u00f3n de los miembros de los tribunales departamentales y del Tribunal Nacional de \u00c9tica.<\/p>\n
Con el auto constitucional del TCP, todas esas atribuciones quedaron suspendidas de manera provisional, una decisi\u00f3n que fue bien recibida por sectores del gremio.<\/p>\n
Reacciones<\/p>\n
El abogado constitucionalista Israel Quino afirm\u00f3 que el fallo \u201creivindica la institucionalidad de los colegios de abogados en el pa\u00eds\u201d, al retirar del poder pol\u00edtico la administraci\u00f3n del registro profesional y de los tribunales de \u00e9tica.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el abogado y exmagistrado del TCP, Marco Antonio Baldivieso, calific\u00f3 la decisi\u00f3n como \u201ccorrecta y coherente\u201d, al considerar que devuelve autonom\u00eda a los profesionales del derecho mientras se resuelve el fondo del proceso.<\/p>\n
\u201cEsta medida cautelar suspende los efectos de los art\u00edculos demandados de la Ley de la Abogac\u00eda. Los abogados podemos recuperar nuestra autonom\u00eda y reconstruir nuestra institucionalidad\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Baldivieso record\u00f3 que los intentos de control estatal sobre el ejercicio de la abogac\u00eda se remontan a 2009, cuando el Decreto 100 cre\u00f3 un registro p\u00fablico dependiente del Ministerio de Justicia. En aquella ocasi\u00f3n, Conalab present\u00f3 una acci\u00f3n de inconstitucionalidad que deriv\u00f3 en la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de ese decreto. Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, en 2013, se promulg\u00f3 la Ley 387.<\/p>\n
Seg\u00fan el exmagistrado, el trasfondo fue un intento de limitar la independencia de la entidad gremial. \u201cEl Colegio Nacional de Abogados de Bolivia siempre ha sido contestatario y ha tenido un rol importante en la historia del pa\u00eds\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Por su parte, el exdiputado Guti\u00e9rrez expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n por la admisi\u00f3n de la AIA y pidi\u00f3 que el TCP resuelva el fondo del asunto para consolidar el retorno de las competencias a los colegios departamentales.<\/p>\n
Asimismo, plante\u00f3 la necesidad de modernizar el sistema de registro mediante la implementaci\u00f3n de ciudadan\u00eda digital que permita identificar a cada profesional y garantizar mayor transparencia en la prestaci\u00f3n de servicios legales.<\/p>\n
\u201cA partir de la ciudadan\u00eda digital tendremos la certeza de que el servicio legal que prestan los abogados a la ciudadan\u00eda proceda con responsabilidad\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Guti\u00e9rrez tambi\u00e9n propuso que los colegios impulsen una nueva Ley de la Abogac\u00eda que fortalezca su institucionalidad y garantice independencia frente al poder pol\u00edtico.<\/p>\n
Mientras el TCP analiza el fondo de la demanda, la medida cautelar marca un punto de inflexi\u00f3n en un debate que, seg\u00fan los propios juristas, se arrastra desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada sobre la autonom\u00eda del ejercicio profesional en Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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