El conflicto en torno a la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu\u00eda otra vez empieza a levantar polvareda. El pedido de la Procuradur\u00eda General del Estado para suspender la medida cautelar que paraliza el proyecto hidrocarbur\u00edfero Domo Oso X-3, sumado a un informe del \u00d3rgano Electoral que confirma que no supervis\u00f3 la consulta previa, ha reactivado el debate sobre la legalidad del ingreso de Petrobras y el impacto ambiental de las actividades petroleras en esta \u00e1rea protegida del sur del pa\u00eds.<\/p>\n
El caso enfrenta a instituciones del Estado, legisladores y organizaciones ambientales en torno a la exploraci\u00f3n impulsada por la empresa Petrobras en el bloque exploratorio San Telmo Norte, colindante con la reserva.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda entra al baile<\/p>\n
El procurador General del Estado, Hugo C\u00e9sar Le\u00f3n La Faye present\u00f3 el 27 de febrero de 2026 un memorial ante el Juzgado Agroambiental de Entre R\u00edos solicitando el levantamiento de la medida cautelar que hab\u00eda paralizado temporalmente el proyecto exploratorio.<\/p>\n
LEA TAMBI\u00c9N: Fijan la inspecci\u00f3n al pozo DMO X-3 que definir\u00e1 el futuro de Tariqu\u00eda
\nLa solicitud responde a un requerimiento previo del juzgado, que pidi\u00f3 aclarar aparentes contradicciones en el petitorio presentado por la Procuradur\u00eda. En su respuesta, Le\u00f3n precis\u00f3 dos aspectos centrales.<\/p>\n
En primer lugar, sostuvo que el Auto Interlocutorio 06\/2026, que dispuso la paralizaci\u00f3n temporal del proyecto durante 30 d\u00edas desde el 16 de enero, ya se encuentra \u201cvencido y cumplido\u201d. En ese marco, solicit\u00f3 que la medida cautelar sea levantada y que no se ampl\u00ede su plazo, argumentando que su continuidad podr\u00eda generar un \u201cmayor da\u00f1o econ\u00f3mico al Estado\u201d.<\/p>\n
En segundo lugar, la Procuradur\u00eda pidi\u00f3 al juez que se emita una resoluci\u00f3n declarando improbada la demanda presentada por la Defensor\u00eda del Pueblo de Bolivia, que busca frenar las actividades exploratorias en la zona.<\/p>\n
La acci\u00f3n judicial fue presentada el 9 de enero de 2026 con el objetivo de detener el proyecto mientras se investigan posibles vulneraciones a normas ambientales y derechos de comunidades.<\/p>\n
Parlamentarios arremeten<\/p>\n
La posici\u00f3n de la Procuradur\u00eda gener\u00f3 una inmediata reacci\u00f3n pol\u00edtica. La diputada Lorena Gareca cuestion\u00f3 p\u00fablicamente el pedido de la instituci\u00f3n, acusando al Procurador de priorizar intereses econ\u00f3micos sobre la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
A trav\u00e9s de sus redes sociales, la legisladora afirm\u00f3 que la autoridad estatal \u201cprioriza la exploraci\u00f3n por sobre la protecci\u00f3n de nuestra reserva de Tariqu\u00eda\u201d y critic\u00f3 que se solicite no ampliar la medida cautelar planteada por el Defensor del Pueblo y respaldada por parlamentarios.<\/p>\n
Gareca tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que se pida declarar improbada la demanda argumentando posibles da\u00f1os econ\u00f3micos al Estado, pese a que \u2014seg\u00fan afirm\u00f3\u2014 existen irregularidades en el proceso, entre ellas la ausencia de consulta previa supervisada.<\/p>\n
La diputada sostuvo que esta postura ignora el riesgo de un \u201cda\u00f1o ambiental irreversible\u201d en la reserva, considerada una de las principales fuentes de agua para el sur del pa\u00eds.<\/p>\n
C\u00edvicos cargan contra el Gobierno<\/p>\n
El presidente del Comit\u00e9 C\u00edvico de Tarija, Jes\u00fas Gira, inst\u00f3 al Gobierno para que a trav\u00e9s del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puedan enmarcarse en la pausa ambiental y esto pueda cesar de manera inmediata la persecuci\u00f3n en contra de los defensores de Tariqu\u00eda.<\/p>\n
Gira manifest\u00f3 que est\u00e1n haciendo seguimiento de cerca sobre lo que sucede en Tariqu\u00eda, argument\u00f3 que actualmente hay dos comisiones que est\u00e1n trabajando, una es t\u00e9cnica que est\u00e1 conformada por miembros de la Federaci\u00f3n de Profesionales de Tarija y otra en el \u00e1mbito legal a trav\u00e9s del Colegio de Abogados, mismos que est\u00e1n aguardando las resoluciones emitidas por el Juzgado Agroambiental de Entre R\u00edos.<\/p>\n
El rol del TSE en la consulta previa<\/p>\n
El debate se intensific\u00f3 tras conocerse un informe t\u00e9cnico del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que confirm\u00f3 que la instituci\u00f3n no fue convocada para supervisar la consulta previa del proyecto hidrocarbur\u00edfero.<\/p>\n
El documento TSE-DN.SIFDE N\u00b0 021\/2026, emitido el 30 de enero por la Direcci\u00f3n Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democr\u00e1tico (SIFDE), se\u00f1ala que no existe registro alguno de solicitud para observar o acompa\u00f1ar el proceso de consulta vinculado al proyecto Domo Oso X-3.<\/p>\n
El informe fue elaborado en respuesta a un requerimiento del juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero, quien solicit\u00f3 verificar si el \u00d3rgano Electoral hab\u00eda participado en la supervisi\u00f3n del proceso.<\/p>\n
Tras revisar registros institucionales entre octubre de 2015 y enero de 2026, el SIFDE concluy\u00f3 que no existe documentaci\u00f3n digital ni f\u00edsica que evidencie una convocatoria oficial.<\/p>\n
\u201cEn consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral no observ\u00f3, acompa\u00f1\u00f3 ni supervis\u00f3 dicho proceso de consulta previa\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/p>\n
La verificaci\u00f3n tambi\u00e9n incluy\u00f3 una revisi\u00f3n en el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, cuyos archivos tampoco registran antecedentes relacionados con la consulta del proyecto.<\/p>\n
Un requisito legal necesario<\/p>\n
La consulta previa es un derecho reconocido en la Convenio 169 de la OIT y en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado. La normativa boliviana establece que el \u00d3rgano Electoral debe observar y acompa\u00f1ar estos procesos para garantizar su transparencia y legalidad.<\/p>\n
De acuerdo con el reglamento vigente, la autoridad convocante \u2014generalmente el Ministerio de Hidrocarburos o la empresa operadora\u2014 debe solicitar formalmente la participaci\u00f3n del SIFDE para que este registre y supervise el proceso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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