La madrugada del pasado 29 de enero, un estruendo rompi\u00f3 la calma en la poblaci\u00f3n potosina de Porco. Una explosi\u00f3n de dinamita hab\u00eda hecho volar en pedazos el muro del ingenio Agua Dulce, propiedad de la Federaci\u00f3n Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin\u2013Potos\u00ed). Una treintena de hombres armados ingresaron en cuesti\u00f3n de minutos, golpearon a los cuidadores, y salieron con m\u00e1s de una tonelada de concentrado de plata. Testigos describieron el ataque como \u201cuna escena de pel\u00edcula\u201d. No era el viejo \u201cminoreo\u201d furtivo de un pu\u00f1ado de sacos escondidos en la espalda. Era otra cosa.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, en Bolivia eljukeo\u2013robo de mineral en quechua\u2013 ha dejado de ser \u201chormiga\u201d para convertirse en operaciones coordinadas, con armas de fuego, explosivos y log\u00edstica capaz de mover toneladas de mineral. S\u00f3lo en lo que va de este a\u00f1o, se registraron violentos atracos a cinco ingenios y dos yacimientos de Potos\u00ed y Oruro. Lo que antes era delito menor hoy es una estructura criminal organizada que cobra una alta factura al pa\u00eds.<\/p>\n
Aunque no existen datos oficiales, se estima que eljukeosignific\u00f3 p\u00e9rdidas acumuladas de m\u00e1s de $us 100 millones para la miner\u00eda boliviana entre 2024 y 2025, afectando tanto a la miner\u00eda estatal como a cooperativas y a operadores privados. S\u00f3lo en la Empresa Minera Huanuni, seg\u00fan autoridades y dirigentes, el robo sistem\u00e1tico de mineral representa p\u00e9rdidas cercanas a 20 millones de d\u00f3lares anuales.<\/p>\n
Jukuscontempor\u00e1neos<\/p>\n
Eljukeonaci\u00f3 con la actividad minera misma, desde la colonia. Bartolom\u00e9 Arz\u00e1ns de Ors\u00faa y Vela, en suHistoria de la Villa Imperial de Potos\u00ed, relata que tanto ind\u00edgenas como espa\u00f1oles se aventuraban a las profundidades del Cerro Rico parakajchear\u2013como se conoc\u00eda entonces el robo de mineral\u2013 fuera del control de los due\u00f1os de minas y de la Corona. Enrique Tandeter, enLa miner\u00eda de la plata en el Potos\u00ed Colonial, refiere que se toleraba que los mitayos sacaran para ellos unquipi(23 kilos) de mineral en compensaci\u00f3n por el miserable salario que recib\u00edan. Esta actividad permitida degener\u00f3 en el tiempo y dio origen a losjukus.<\/p>\n
En el siglo pasado, con las crisis mineras y los despidos masivos, eljukeose convirti\u00f3 en una forma de subsistencia para extrabajadores, j\u00f3venes sin empleo estable o pobladores de comunidades cercanas a los centros mineros. Operaban en los m\u00e1rgenes del sistema productivo: sin contrato, sin protecci\u00f3n, sin acceso legal al mineral. Era una actividad ilegal, s\u00ed, pero de bajo impacto estructural y escasa capacidad de desestabilizaci\u00f3n.<\/p>\n
Eljukucontempor\u00e1neo no act\u00faa solo ni \u00fanicamente en el interior mina. Participa en ataques armados cada vez m\u00e1s violentos a ingenios, plantas de procesamiento y rutas de transporte. Ya no se limita a recoger mineral residual; busca concentrado listo para comercializar, de mayor valor y salida inmediata en el mercado. La operaci\u00f3n exige financiamiento previo, contactos para la venta y redes que permitan colocar la carga sin dejar rastro.<\/p>\n
\u201cLos conocemos, andan en grupo siempre, ni siquiera tienen bandana como nosotros, pero no conviene acercarse. La \u00faltima vez me he topado con cinco en la mina, m\u00e1s bien estaba con turistas, por eso nom\u00e1s no han hecho nada\u201d, dice Sergio Quispe, minero de base y gu\u00eda de turismo en el Cerro Rico.<\/p>\n
Los mineros conviven con losjukusen una relaci\u00f3n ambigua: muchos se han topado con ellos en plena faena, otros han terminado haciendo tratos, varios comparten barrio o parentesco. Pero el miedo pesa. Denunciarlos implica quedar expuesto, dentro o fuera de la mina, la protecci\u00f3n es fr\u00e1gil y las represalias posibles. \u201cAlguna vez todos tambi\u00e9n hemosjukeado\u201d, admite Sergio.<\/p>\n
Si el viejojukuera un actor marginal que sobreviv\u00eda en la sombra, el actual se inserta en una cadena m\u00e1s amplia, donde la ilegalidad no termina en el yacimiento. Se proyecta hacia ingenios clandestinos, comercializadoras informales y mercados que absorben un mineral cuyo origen rara vez se rastrea con rigor.<\/p>\n
Clanes en escalada violenta<\/p>\n
En 2018, tras una explosi\u00f3n atribuida a jukus que dej\u00f3 ocho mineros fallecidos en Huanuni, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, inform\u00f3 que al menos 30 clanes dedicados al robo de mineral operaban solo en ese distrito. Se\u00f1al\u00f3 que se trataba de grupos organizados, con estructura y liderazgo definidos, y anunci\u00f3 que ser\u00edan identificados p\u00fablicamente. La lista nunca se hizo p\u00fablica.<\/p>\n
Fue la primera vez que una autoridad reconoci\u00f3 p\u00fablicamente la dimensi\u00f3n organizada del fen\u00f3meno. Ocho a\u00f1os despu\u00e9s, los patrones descritos entonces reaparecen con mayor escala y violencia. Entre 2025 y 2026, se registraron una veintena de asaltos de jukus en centros mineros de Potos\u00ed, Oruro y La Paz; todos con grupos numerosos, ingreso coordinado y uso de explosivos o armas de fuego en distritos mineros de Potos\u00ed y Oruro.<\/p>\n
Tras el asalto con explosivos y armas de fuego al ingenio Agua Dulce, el 29 de enero de este a\u00f1o, un grupo de 15jukusingres\u00f3 a la mina Salvadora en Potos\u00ed en plena fiesta de Carnaval para intentar extraer minerales. Un joven de 24 a\u00f1os que participaba en el hecho muri\u00f3 tras una explosi\u00f3n de dinamita durante el enfrentamiento con trabajadores.<\/p>\n
En febrero, en Sepulturas (Oruro), nueve personas fueron aprehendidas luego de ingresar a una planta procesadora de esta\u00f1o. De acuerdo con el informe policial, el grupo utiliz\u00f3 gas lacrim\u00f3geno y al menos un arma de fuego para intentar sustraer mineral. En el cerro Posokoni, Huanuni, trabajadores denunciaron incursiones nocturnas con detonaciones de dinamita en interior mina. En uno de los episodios se registraron disparos y enfrentamientos.<\/p>\n
Los partes oficiales describen la participaci\u00f3n de m\u00e1s de una decena de personas en varios de estos hechos, con tareas diferenciadas entre quienes ingresan, quienes cargan el mineral y quienes aseguran la salida. Adem\u00e1s, cinco casos registrados este 2026 dan cuenta que el objetivo de los jukus son los ingenios que refinan el mineral dificultando la identificaci\u00f3n de su origen en la comercializaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cYa no estamos hablando solo de robo de mineral. Son bandas delincuenciales que est\u00e1n atentando contra la vida de nuestros socios. No hay seguridad para el cooperativista minero. Estamos perdiendo tranquilidad. Se est\u00e1 transgrediendo vidas humanas\u201d, asegura Guido Guti\u00e9rrez Isla, secretario de Miner\u00eda y Medioambiente de la Federaci\u00f3n de Cooperativas Mineras (Fecomin) Potos\u00ed. El dirigente insiste en la necesidad de endurecer las sanciones. \u201cSe ha detenido ajukus, pero al d\u00eda siguiente se los suelta. No hay una pena dura que marque un lineamiento para frenar este tipo de robo de minerales ni su comercializaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Qui\u00e9n compra el mineral robado?<\/p>\n
El mineral extra\u00eddo por jukus no puede permanecer almacenado mucho tiempo. Necesita ser procesado, mezclado o comercializado con rapidez para ingresar al circuito formal de exportaci\u00f3n. La pregunta es inevitable: \u00bfqui\u00e9n lo compra?<\/p>\n
En Bolivia, el concentrado de esta\u00f1o, zinc o plata pasa por ingenios que lo procesan antes de su venta a comercializadoras o su exportaci\u00f3n. Cuando el material ya est\u00e1 concentrado \u2014como ocurre en varios de los asaltos a ingenios registrados este a\u00f1o\u2014 su trazabilidad se vuelve m\u00e1s compleja. A diferencia del mineral en bruto, el concentrado pierde parte de la identificaci\u00f3n del yacimiento de origen.<\/p>\n
Dirigentes cooperativistas sostienen que el mineral robado ingresa a circuitos informales de procesamiento o se mezcla con producci\u00f3n legal antes de su venta. No existen estad\u00edsticas p\u00fablicas que permitan cuantificar cu\u00e1nta producci\u00f3n ilegal logra insertarse en el mercado formal llegando, incluso, a fundiciones estatales como Empresa Metal\u00fargica Vinto. Las empresas compradoras exigen documentaci\u00f3n de origen, pero el control depende de la veracidad de los certificados presentados por proveedores.<\/p>\n
Desde el Ministerio P\u00fablico se informa que los procesos por robo agravado y asociaci\u00f3n delictuosa se concentran en los autores materiales, es decir en losjukus, el eslab\u00f3n m\u00e1s visible de la cadena. No existen procesos p\u00fablicos de alto perfil contra comercializadores vinculados al delito, aunque las investigaciones contin\u00faan en curso.<\/p>\n
\u201cEljukeoya no es solo un delito de oportunidad. Es una forma de criminalidad econ\u00f3mica que depende de mercados capaces de absorber mineral sin trazabilidad real\u201d, sostiene el experto en miner\u00eda Jaime Cu\u00e9llar.<\/p>\n
\u201cCuando un recurso robado puede ser comercializado como si fuera leg\u00edtimo, el delito deja de ser un hecho aislado y se convierte en un modelo de negocio. No es solo un problema de seguridad jur\u00eddica (aplicada en este caso, al \u00e1mbito minero); es un desaf\u00edo de gobernanza econ\u00f3mica, integridad institucional y seguridad estrat\u00e9gica del Estado\u201d, advierte.<\/p>\n
Actores mineros \u201cdesprotegidos\u201d<\/p>\n
Desde 2018, est\u00e1 en vigencia la Ley 1093 que sanciona el robo, hurto y comercializaci\u00f3n ilegal de minerales con penas de c\u00e1rcel de 6 a 10 a\u00f1os. No obstante, eljukeoafecta a los tres actores de la miner\u00eda boliviana: estatal, cooperativista y privado.<\/p>\n
Para la Corporaci\u00f3n Minera de Bolivia (Comibol), eljukeorepresenta una p\u00e9rdida de entre el 10 y el 15% de la producci\u00f3n de las minas estatales. El Gerente de la Empresa Minera Huanuni, Mario Felipez, inform\u00f3 recientemente que el robo de mineral afecta significativamente la producci\u00f3n de la empresa, que solo cumple 60\u201365% de sus metas.<\/p>\n
Por su parte, el gerente regional de Comibol-Potos\u00ed, manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el incremento deljukeoen el Cerro Rico. \u201cGrupos de personas se adentran en las galer\u00edas o incluso en los ingenios y comercializadores, llevando el mineral de manera ilegal. La situaci\u00f3n se ha vuelto peligrosa, con denuncias de personas armadas dentro de las bocaminas. Es un fen\u00f3meno que se ha intensificado por las altas cotizaciones de los minerales y que requiere intervenci\u00f3n urgente de las autoridades competentes\u201d, declar\u00f3 a Erbol.<\/p>\n
Por su parte, el sector cooperativista se ha declarado en emergencia en demanda de soluciones efectivas contra el robo de mineral. Tras los recientes atracos, \u00d3scar Chavarr\u00eda, presidente de Fedecomin-Potos\u00ed denunci\u00f3 que el violento accionar de losjukus\u201cha incrementado la inseguridad en las operaciones de las cooperativas mineras\u201d. \u201cEstos grupos delincuenciales ya no se limitan al robo de mineral, se han estructurado en clanes que cuentan con acceso a armas, financiamiento y equipos de inteligencia\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n
El dirigente cuestion\u00f3 el desempe\u00f1o del Ministerio P\u00fablico. \u201cNo se presentan argumentos s\u00f3lidos en los procesos judiciales cuando los presuntos responsables son sorprendidos en flagrancia\u201d. Lament\u00f3 que las gestiones realizadas ante instancias como la Fiscal\u00eda, la Gobernaci\u00f3n y autoridades judiciales no hayan resultado en sanciones efectivas. Las cooperativas mineras no estamos recibiendo el apoyo necesario del sistema de justicia para enfrentar este problema creciente. Nos sentimos desprotegidos\u201d, dijo.<\/p>\n
Frente a las denuncias del sector minero, las autoridades sostienen que el combate al jukeo se ha convertido en una prioridad. El comandante departamental de la Polic\u00eda en Potos\u00ed, Mirko Bustos, inform\u00f3 que se establecieron mecanismos de coordinaci\u00f3n permanente con la Federaci\u00f3n Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).<\/p>\n
\u201cNos hemos unido con la Fiscal\u00eda Departamental, con Fedecomin y hemos coordinado operativos conjuntos en todas las cooperativas ubicadas en el Cerro Rico de Potos\u00ed y en las zonas adyacentes\u201d, afirm\u00f3 la autoridad policial.<\/p>\n
Entre las medidas adoptadas figuran la credencializaci\u00f3n obligatoria de trabajadores que ingresan a bocaminas y la instalaci\u00f3n de c\u00e1maras de seguridad en ingenios y puntos estrat\u00e9gicos. Seg\u00fan Bustos, en lo que va del a\u00f1o se realizaron 90 operativos en el sector, con 15 personas aprehendidas por robo de mineral, quienes guardan detenci\u00f3n preventiva en el penal de Cantumarca.<\/p>\n
Desde el \u00e1mbito judicial, la Fiscal\u00eda Departamental de Potos\u00ed inform\u00f3 que abri\u00f3 investigaciones por robo agravado tras los recientes asaltos a ingenios y minas, incluido el caso de Agua Dulce. En el \u00e1mbito regulador, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializaci\u00f3n de Minerales y Metales (SENARECOM), dependiente del Ministerio de Miner\u00eda, sostiene que la comercializaci\u00f3n de concentrados exige documentaci\u00f3n de origen, pesaje y an\u00e1lisis de calidad antes de su exportaci\u00f3n, y que realiza controles de verificaci\u00f3n para garantizar la legalidad del mineral destinado al mercado interno y externo.<\/p>\n
El eslab\u00f3n invisible<\/p>\n
La explosi\u00f3n que abri\u00f3 el muro del ingenio Agua Clara en Potos\u00ed no fue un hecho aislado. Fue el s\u00edntoma visible de un fen\u00f3meno que, entre 2024 y 2026, cambi\u00f3 de escala y de naturaleza. Lo que alguna vez se describi\u00f3 como robo hormiga hoy muestra rasgos de organizaci\u00f3n criminal: grupos numerosos, explosivos, log\u00edstica, violencia y toneladas de mineral en movimiento.<\/p>\n
En el interior de la mina de Huanuni, un trabajador muri\u00f3 baleado. En Colquiri, decenas intentaron extraer toneladas en una sola incursi\u00f3n. Los nombres cambian, los cerros cambian, pero el patr\u00f3n persiste.<\/p>\n
En la cadena deljukeo, el eslab\u00f3n visible es el grupo que dinamita un muro; el menos visible es el que transforma el mineral robado en dinero. Mientras exista un mercado capaz de absorberlo e integrarlo al circuito formal o semiformal, la dinamita seguir\u00e1 siendo una herramienta rentable.<\/p>\n
El mercado que sostiene eljukeo<\/p>\n
Jaime Cuellar, experto en miner\u00eda<\/p>\n
La mutaci\u00f3n estructural del denominadojukeo(entendido inicialmente como una forma de sustracci\u00f3n clandestina de mineral en bocamina o en fases primarias de acopio) ya no puede ser analizada como un fen\u00f3meno circunscrito a la seguridad f\u00edsica de las operaciones extractivas. Su persistencia y expansi\u00f3n evidencian una transici\u00f3n hacia un esquema de criminalidad econ\u00f3mica de mayor complejidad, cuya viabilidad depende menos de la fuerza bruta y m\u00e1s de la existencia de mercados secundarios capaces de absorber, transformar y legitimar mineral sin trazabilidad verificable por las instancias estatales competentes. En ese punto, el fen\u00f3meno deja de ser epis\u00f3dico y adquiere car\u00e1cter sist\u00e9mico.<\/p>\n
Desde la perspectiva de las econom\u00edas criminales, estas aplicadas a la explotaci\u00f3n de recursos naturales, el robo sistem\u00e1tico de materias primas estrat\u00e9gicas solo alcanza sostenibilidad cuando logra articularse con mecanismos de blanqueo comercial que le permitan ingresar a circuitos formales o semiformalizados de comercializaci\u00f3n (situaci\u00f3n \u201cpermitida\u201d en nuestro pa\u00eds, conforme las diversas limitaciones normativas, t\u00e9cnica y operativas para el efecto, por parte de la propia institucionalidad estatal). Es as\u00ed que la extracci\u00f3n il\u00edcita, por s\u00ed sola, no constituye un modelo econ\u00f3mico estable; lo que la convierte en rentable es la existencia de canales posteriores de legitimaci\u00f3n documental, financiera y log\u00edstica. All\u00ed se produce la verdadera transformaci\u00f3n del delito, del acto clandestino aislado a la cadena il\u00edcita integrada.<\/p>\n
En el contexto boliviano, el riesgo sist\u00e9mico se viene configurando cuando, el mineral sustra\u00eddo puede y se incorpora al mercado mediante el uso de documentaci\u00f3n minera correspondiente a operaciones inactivas, subdeclaradas o que, en determinados casos, facilitan su soporte documental a terceros. Este mecanismo otorga una \u201cidentidad legal\u201d a material cuya extracci\u00f3n ha sido il\u00edcita, erosionando los dispositivos de control implementados por el propio Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializaci\u00f3n de Minerales y Metales (SENARECOM) y por las instancias departamentales responsables de la percepci\u00f3n de regal\u00edas. El resultado no es \u00fanicamente una afectaci\u00f3n patrimonial a operadores formales, sino una distorsi\u00f3n estructural del sistema de control estatal sobre la cadena de valor minera.<\/p>\n
La problem\u00e1tica trasciende el \u00e1mbito penal cl\u00e1sico. No se trata exclusivamente de tipificar conductas o incrementar sanciones, sino de comprender que el eslab\u00f3n comercial constituye el punto neur\u00e1lgico del fen\u00f3meno. La intervenci\u00f3n policial, aun cuando logre secuestros de mineral o aprehensiones en flagrancia, resulta estructuralmente insuficiente si la fase de comercializaci\u00f3n permanece permeable a la incorporaci\u00f3n de material sin trazabilidad verificable. Cuando el control estatal se concentra de manera desproporcionada en el extractor primario y descuida a intermediarios financieros, transportistas, acopiadores y comercializadores, el delito se desplaza adaptativamente hacia etapas menos visibles del ciclo econ\u00f3mico. Esta capacidad de mutaci\u00f3n incrementa su resiliencia y reduce el riesgo operativo para quienes participan en la cadena il\u00edcita.<\/p>\n
El hecho de que mineral sustra\u00eddo encuentre canales de comercializaci\u00f3n y pueda, en determinados contextos, evadir controles administrativos, favorece adem\u00e1s la convergencia progresiva entre econom\u00edas extractivas informales y redes dedicadas a delitos conexos como la defraudaci\u00f3n tributaria, la falsedad documental, el contrabando y la legitimaci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas. La frontera entre informalidad y criminalidad organizada se vuelve difusa cuando la comercializaci\u00f3n irregular funciona como mecanismo de integraci\u00f3n econ\u00f3mica para actores que operan simult\u00e1neamente en m\u00faltiples mercados il\u00edcitos.<\/p>\n
Desde una perspectiva de seguridad estrat\u00e9gica, las brechas persistentes en los sistemas de trazabilidad incrementan la probabilidad de que el \u201cjukeo\u201d evolucione hacia una econom\u00eda il\u00edcita funcionalmente integrada, con eslabones diferenciados de extracci\u00f3n, acopio, transporte, procesamiento y exportaci\u00f3n. En ese escenario, los impactos no se limitar\u00edan a la p\u00e9rdida de mineral en una concesi\u00f3n determinada. Se proyectar\u00edan sobre la distribuci\u00f3n de regal\u00edas departamentales, la integridad estad\u00edstica de la producci\u00f3n nacional, la competitividad del sector formal y la credibilidad internacional del pa\u00eds. La consolidaci\u00f3n de mercados paralelos de exportaci\u00f3n y la eventual captura de intermediarios comerciales por actores interesados en introducir material de origen no acreditado constituyen riesgos reales en contextos donde la supervisi\u00f3n carece de interoperabilidad y an\u00e1lisis integral de datos.<\/p>\n
A ello se suma una debilidad estructural adicional, la ausencia de una cuantificaci\u00f3n oficial del volumen econ\u00f3mico asociado aljukeoy de una caracterizaci\u00f3n estad\u00edstica nacional de sus v\u00ednculos con otras econom\u00edas il\u00edcitas. Sin datos consolidados, el fen\u00f3meno permanece subestimado, y la formulaci\u00f3n de pol\u00edtica p\u00fablica se sustenta m\u00e1s en percepciones que en evidencia emp\u00edrica. Esta carencia no solo limita la capacidad de respuesta estatal, sino que refleja una brecha en la gobernanza del sector extractivo. Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, tiende a expandirse.<\/p>\n
Debe considerarse adem\u00e1s la relaci\u00f3n entre eljukeoy la miner\u00eda ilegal. En m\u00faltiples contextos, la necesidad de insertar mineral extra\u00eddo sin derecho en la econom\u00eda formal genera incentivos para recurrir a mecanismos de sustracci\u00f3n o mezcla con producci\u00f3n declarada. La falta de denuncia en determinados casos puede obedecer a la coexistencia de conductas il\u00edcitas superpuestas, lo que dificulta la visibilizaci\u00f3n estad\u00edstica del fen\u00f3meno y fortalece su opacidad. De este modo, el problema no se agota en la apropiaci\u00f3n clandestina, sino que se extiende a la comercializaci\u00f3n irregular y a la posterior legitimaci\u00f3n de ganancias, configurando un concurso de il\u00edcitos que trasciende el \u00e1mbito estrictamente minero.<\/p>\n
Frente a esta din\u00e1mica, la respuesta no puede ser fragmentaria. La institucionalidad estatal debe asumir la transversalidad del fen\u00f3meno y dise\u00f1ar marcos normativos que impongan trazabilidad obligatoria en cada eslab\u00f3n de la cadena, acompa\u00f1ados de sistemas interoperables de informaci\u00f3n que integren a las agencias responsables del control minero, tributario, aduanero y financiero entre otros. La creaci\u00f3n de un \u201cCentro de fusi\u00f3n de inteligencia especializado en actividad minera, miner\u00eda ilegal y delitos conexos\u201d (basado en an\u00e1lisis de datos, cruces automatizados y alertas tempranas por ejemplo) no constituye una propuesta maximalista, sino una medida de racionalizaci\u00f3n institucional con costos relativamente bajos frente a las consecuencias y p\u00e9rdidas potenciales que se buscan evitar.<\/p>\n
Cuando un recurso robado puede ser comercializado como si fuera leg\u00edtimo, el delito deja de ser un hecho aislado y se convierte en un modelo de negocio. No es solo un problema de seguridad jur\u00eddica (aplicada en este caso, al \u00e1mbito minero); es un desaf\u00edo de gobernanza econ\u00f3mica, integridad institucional y seguridad estrat\u00e9gica del Estado. Entenderlo en esos t\u00e9rminos es el primer paso para evitar que una pr\u00e1ctica clandestina evolucione hacia una econom\u00eda il\u00edcita plenamente integrada en las grietas del sistema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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