La propuesta de redistribuir los ingresos p\u00fablicos bajo el esquema \u201c50\/50\u201d se ha instalado como uno de los debates m\u00e1s intensos del escenario pol\u00edtico nacional. Lo que comenz\u00f3 como una promesa de campa\u00f1a del presidente Rodrigo Paz Pereira hoy toma forma en un proyecto de ley que ya es socializado en distintas regiones del pa\u00eds, comenzando por Tarija.<\/p>\n
La iniciativa, denominada \u201cLey de Equilibrio Territorial del Gasto\u201d, plantea una transformaci\u00f3n del modelo fiscal boliviano: redistribuir el 50% de los ingresos p\u00fablicos al nivel central del Estado y el otro 50% a entidades territoriales aut\u00f3nomas, incluyendo gobernaciones, municipios, universidades y autonom\u00edas ind\u00edgenas.<\/p>\n
Sin embargo, el entusiasmo pol\u00edtico que genera la propuesta contrasta con una serie de interrogantes t\u00e9cnicas que a\u00fan no tienen respuesta clara.<\/p>\n
La ingenier\u00eda del 50\/50<\/p>\n
El coraz\u00f3n del proyecto est\u00e1 en su f\u00f3rmula de distribuci\u00f3n. Seg\u00fan los art\u00edculos 6 y 7 del documento, el 50% destinado a las regiones se dividir\u00eda de la siguiente manera: 24% para gobiernos municipales; 20% para gobiernos departamentales; 5% para universidades p\u00fablicas; y 1% para pueblos ind\u00edgena originario campesinos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 8 establece un mecanismo de transferencia \u201cautom\u00e1tica y directa\u201d, prohibiendo cualquier tipo de intermediaci\u00f3n o restricci\u00f3n administrativa por parte del nivel central.<\/p>\n
Este proyecto de ley, en su art\u00edculo 12, habla sobre la priorizaci\u00f3n de los recursos, y establece que los recursos transferidos a las entidades territoriales aut\u00f3nomas y universidades deber\u00e1n destinarse para resolver las necesidades b\u00e1sicas de la poblaci\u00f3n, prioriz\u00e1ndose servicios b\u00e1sicos, como ser, agua, alcantarillado, electricidad, gas y otros; proyectos e infraestructura de desarrollo productivo; infraestructura y equipamiento en salud y educaci\u00f3n; proyectos de tecnolog\u00eda cient\u00edfica e innovaci\u00f3n por las universidad p\u00fablicas mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.<\/p>\n
En cuanto el uso de los recursos en gasto de funcionamiento, el art\u00edculo 13, se\u00f1ala que las entidades territoriales aut\u00f3nomas y universidades p\u00fablicas no podr\u00e1n utilizar recursos transferidos en gastos de funcionamiento, de evidenciarse esta situaci\u00f3n iniciar\u00e1n los procesos administrativos y penales contra las autoridades que dispusieron estos gastos.<\/p>\n
Tarija, punto de partida<\/p>\n
La socializaci\u00f3n del proyecto de ley ya comenz\u00f3 en Tarija, donde la senadora Marcela Guerrero lider\u00f3 encuentros con diversos sectores sociales.<\/p>\n
En estas reuniones participaron representantes de distritos, federaciones de transporte, gremiales, organizaciones campesinas y medios de comunicaci\u00f3n, en un intento por abrir el debate y recoger propuestas desde la base social.<\/p>\n
Durante estas jornadas se destac\u00f3 la necesidad de construir una norma participativa que responda a las demandas regionales, especialmente en departamentos que hist\u00f3ricamente han reclamado mayor autonom\u00eda en la gesti\u00f3n de recursos.<\/p>\n
Un modelo con m\u00e1s preguntas que respuestas<\/p>\n
Pese al impulso pol\u00edtico, el proyecto enfrenta cuestionamientos desde el \u00e1mbito t\u00e9cnico. Uno de los m\u00e1s cr\u00edticos ha sido el economista Gonzalo Ch\u00e1vez, quien advirti\u00f3 sobre la falta de un an\u00e1lisis estructural previo.<\/p>\n
\u201c50\/50 de cero es cero\u201d, resumi\u00f3, en referencia a la actual situaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds, marcada por restricciones fiscales y disminuci\u00f3n de ingresos.<\/p>\n
El principal vac\u00edo del proyecto, seg\u00fan expertos, es la ausencia de un estudio sobre su impacto macroecon\u00f3mico.<\/p>\n
Actualmente, el nivel central administra cerca del 80% del presupuesto nacional, pero tambi\u00e9n asume gastos como: pago de deuda externa, los combustibles, defensa y seguridad, programas sociales. Sin embargo, reducir a la mitad sus ingresos sin redefinir estas obligaciones podr\u00eda generar un desequilibrio fiscal de gran magnitud.<\/p>\n
Ante las presiones que ha habido en los \u00faltimos meses por la propuesta del 50\/50, ha sido el propio presidente Paz quien ha comenzado a matizar los plazos de implementaci\u00f3n.<\/p>\n
Lejos de la idea inicial de aplicar el modelo de forma inmediata, el mandatario reconoci\u00f3 que ser\u00e1 necesario revisar al menos 60 leyes y 40 decretos que actualmente regulan la distribuci\u00f3n de recursos. El proceso, admiten desde el oficialismo, podr\u00eda ser largo y complejo.<\/p>\n
La exviceministra de Autonom\u00edas, Andrea Barrientos, lleg\u00f3 a se\u00f1alar que la implementaci\u00f3n del modelo podr\u00eda tardar desde d\u00edas hasta una d\u00e9cada, una declaraci\u00f3n que termin\u00f3 precipitando su salida del cargo.<\/p>\n
El desaf\u00edo de las regiones y su dif\u00edcil econom\u00eda
\nM\u00e1s all\u00e1 del debate fiscal, uno de los puntos m\u00e1s sensibles es la capacidad real de las regiones para administrar mayores recursos.<\/p>\n
Bolivia presenta una marcada heterogeneidad territorial. Seg\u00fan datos de la Fundaci\u00f3n Jubileo, al menos el 76% de los municipios enfrenta limitaciones estructurales en t\u00e9rminos de sostenibilidad financiera y gesti\u00f3n administrativa.<\/p>\n
Solo el 5% de los municipios genera m\u00e1s del 20% de sus ingresos propios, lo que evidencia una fuerte dependencia de las transferencias estatales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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