El conflicto por la exploraci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu\u00eda ha dejado de ser una disputa localizada para convertirse en un caso de alcance nacional que empieza a movilizar a distintas instituciones del Estado. La controversia, centrada en el proyecto del pozo Domo Oso X-3, transita hoy por una compleja ruta judicial, mientras en paralelo crecen las alertas por presuntas vulneraciones a derechos ambientales y humanos.<\/p>\n
En las \u00faltimas semanas, el caso ha ingresado en una fase decisiva. Lo m\u00e1s reciente, es que la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental asumir\u00e1 la revisi\u00f3n del proceso tras declarar legal un recurso de compulsa presentado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energ\u00edas, con respaldo de la Procuradur\u00eda General del Estado. Esta decisi\u00f3n obliga a que el juzgado agroambiental de Entre R\u00edos remita todos los antecedentes en un plazo de 24 horas, marcando un giro en el curso del litigio.<\/p>\n
La batalla en los estrados judiciales<\/p>\n
El recurso de compulsa \u2014una figura jur\u00eddica que permite revisar el rechazo de otro recurso\u2014 abre la puerta para que el Tribunal Agroambiental determine si corresponde mantener o revertir la paralizaci\u00f3n de las obras petroleras en Tariqu\u00eda, dispuesta previamente como medida precautoria.<\/p>\n
Desde la Procuradur\u00eda, su titular Hugo Le\u00f3n La Faye cuestion\u00f3 que, pese a la presentaci\u00f3n de este recurso, el juez de primera instancia haya continuado con actuaciones como inspecciones judiciales y audiencias p\u00fablicas. Estos actos, seg\u00fan la instituci\u00f3n, podr\u00edan vulnerar el debido proceso.<\/p>\n
El caso tiene como origen una acci\u00f3n ambiental precautoria impulsada por la Defensor\u00eda del Pueblo contra el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por posibles afectaciones ambientales derivadas del proyecto. A este proceso se han sumado actores como la Contralor\u00eda, la Procuradur\u00eda y la empresa Petrobras, configurando un escenario judicial de alta complejidad.<\/p>\n
La decisi\u00f3n que adopte el Tribunal Agroambiental no solo definir\u00e1 el futuro inmediato del proyecto Domo Oso X-3, sino que podr\u00eda sentar precedentes sobre la relaci\u00f3n entre explotaci\u00f3n de recursos naturales y protecci\u00f3n de \u00e1reas protegidas en Bolivia.<\/p>\n
La alerta de la Defensor\u00eda: derechos en riesgo<\/p>\n
En paralelo al avance judicial, la Defensor\u00eda del Pueblo ha encendido las alarmas. En un pronunciamiento reciente, la instituci\u00f3n expres\u00f3 su \u201cprofunda preocupaci\u00f3n\u201d por actos de hostigamiento, amedrentamiento y violencia digital contra defensores de derechos humanos vinculados a la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
La advertencia no es menor. Se da en un contexto donde el conflicto ha escalado m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito legal, alcanzando dimensiones sociales y pol\u00edticas. Entre los casos mencionados est\u00e1 el de la bi\u00f3loga y asamble\u00edsta electa Claribel Villarroel, identificada como una de las voces m\u00e1s visibles en la defensa de Tariqu\u00eda y quien, seg\u00fan la Defensor\u00eda, enfrenta una situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad.<\/p>\n
El pronunciamiento tambi\u00e9n remite a obligaciones internacionales asumidas por Bolivia, particularmente en el marco del Acuerdo de Escaz\u00fa, que establece la necesidad de garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos ambientales. En esa l\u00ednea, la Defensor\u00eda ha exigido al Ministerio P\u00fablico y a las instancias de seguridad adoptar medidas para proteger a los activistas.<\/p>\n
Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que estas disposiciones no se han implementado con la celeridad necesaria, dejando a los defensores en una situaci\u00f3n de exposici\u00f3n.<\/p>\n
Consulta previa en entredicho<\/p>\n
Uno de los puntos m\u00e1s sensibles del conflicto radica en la consulta previa a las comunidades. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha informado tiempo atr\u00e1s que no fue convocado para supervisar este proceso, un requisito base cuando se trata de proyectos que pueden afectar a pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
La ausencia de este acompa\u00f1amiento institucional pone en duda la validez de la consulta y refuerza los argumentos de quienes cuestionan la legalidad del proyecto. Este elemento se ha convertido en uno de los pilares de la acci\u00f3n legal impulsada por la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n
Otro de los elementos es que se habla que la consulta popular se llev\u00f3 al menos con 8 comunidades del municipio de Entre R\u00edos, sin embargo, fue el mismo Juzgado Agroambiental quien advirti\u00f3 que son 23 las comunidades involucradas.<\/p>\n
Tariqu\u00eda<\/p>\n
El caso de Tariqu\u00eda que pone a prueba la capacidad del Estado para equilibrar intereses econ\u00f3micos, legales y ambientales
\nNecesidad econ\u00f3mica y presi\u00f3n ambiental<\/p>\n
El caso Tariqu\u00eda expone una tensi\u00f3n estructural en Bolivia: la necesidad de reactivar la producci\u00f3n de hidrocarburos frente a la ca\u00edda de reservas, y la obligaci\u00f3n de proteger \u00e1reas de alto valor ecol\u00f3gico.<\/p>\n
Mientras sectores como la Federaci\u00f3n de Profesionales en Hidrocarburos de Tarija, empresarios y algunos actores estatales defienden la continuidad del proyecto por su potencial impacto econ\u00f3mico, organizaciones sociales, ambientalistas y parte de la clase pol\u00edtica exigen su paralizaci\u00f3n definitiva y una auditor\u00eda al proceso. M\u00e1s cuando existen m\u00e1s de una decena de votos resolutivos de las comunidades, adem\u00e1s de un mandato de un Cabildo realizado en Tarija en donde la poblaci\u00f3n resolvi\u00f3 defender la Reserva de las petroleras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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