El Decreto Supremo 5597 se perfila como una medida clave para evitar un freno mayor en el sector de la construcci\u00f3n en Bolivia, una actividad que representa cerca del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera miles de empleos directos e indirectos, seg\u00fan datos de organismos sectoriales y reportes del Instituto Nacional de Estad\u00edstica (INE).<\/p>\n
El gerente de la C\u00e1mara de la Construcci\u00f3n de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, destac\u00f3 que la norma llega en un momento cr\u00edtico, cuando el encarecimiento de insumos como el cemento, el acero, el asfalto y los combustibles hab\u00eda puesto en riesgo decenas de proyectos p\u00fablicos en todo el pa\u00eds.<\/p>\n
En los \u00faltimos dos a\u00f1os, el sector ha enfrentado una combinaci\u00f3n de factores adversos: inflaci\u00f3n importada, dificultades en el acceso a divisas, incremento del precio del di\u00e9sel subvencionado en el mercado internacional y problemas log\u00edsticos. Todo esto impact\u00f3 directamente en los costos de ejecuci\u00f3n de obras, especialmente en infraestructura vial y proyectos de gran escala.<\/p>\n
\u201cEl decreto permite analizar proyecto por proyecto para que el Estado reconozca el aumento de precios y as\u00ed muchos contratos puedan salvarse\u201d, sostuvo Arze.<\/p>\n
Golpeado por alza de precios<\/p>\n
De acuerdo con datos de c\u00e1maras empresariales, algunos materiales clave registraron incrementos superiores al 50% desde 2022. El acero, por ejemplo, tuvo picos de alza vinculados a la volatilidad internacional, mientras que el costo del transporte se elev\u00f3 por la presi\u00f3n sobre los combustibles.<\/p>\n
Este contexto provoc\u00f3 que varias empresas operen con m\u00e1rgenes negativos o, en algunos casos, paralicen obras por inviabilidad financiera. La situaci\u00f3n tambi\u00e9n impact\u00f3 en el empleo: el sector constructor redujo su dinamismo en los \u00faltimos meses.<\/p>\n
Arze explic\u00f3 que proyectos que inicialmente costaban 100 pueden requerir ahora entre 150 y 200 para concluirse, reflejando el fuerte desajuste entre los presupuestos originales y los precios actuales del mercado.<\/p>\n
Reajuste o rescisi\u00f3n<\/p>\n
El DS 5597 establece un mecanismo flexible para enfrentar esta situaci\u00f3n. Por un lado, permite reajustar los contratos en ejecuci\u00f3n, y por otro, habilita la rescisi\u00f3n consensuada cuando el proyecto no sea viable.<\/p>\n
Esta segunda opci\u00f3n busca evitar litigios prolongados entre el Estado y las empresas constructoras, que en el pasado derivaron en arbitrajes internacionales o procesos judiciales costosos.<\/p>\n
\u201cEl objetivo es evitar paralizaciones y juicios. Si un proyecto no puede ajustarse, se puede rescindir y volver a licitarlo con los precios actuales\u201d, explic\u00f3 el gerente de Cadecocruz.<\/p>\n
Reajustes diferenciados<\/p>\n
Los porcentajes de ajuste no ser\u00e1n uniformes. Seg\u00fan estimaciones del sector: obras con alto grado de avance podr\u00edan requerir incrementos de entre el 20% y el 40% para su conclusi\u00f3n.<\/p>\n
Proyectos en etapa inicial, donde los costos se dispararon incluso por encima del 60%, podr\u00edan ser candidatos a rescisi\u00f3n y nueva licitaci\u00f3n.<\/p>\n
El an\u00e1lisis t\u00e9cnico incluir\u00e1 variables como el tipo de obra, la intensidad en uso de maquinaria, la dependencia del di\u00e9sel y el avance f\u00edsico-financiero.<\/p>\n
El impacto de la paralizaci\u00f3n de obras no solo afecta al sector constructor, sino a toda la econom\u00eda. La construcci\u00f3n tiene un efecto multiplicador sobre rubros como el comercio, la industria de materiales, el transporte y el empleo urbano.<\/p>\n
En Santa Cruz, uno de los motores econ\u00f3micos del pa\u00eds, est\u00e1n en juego proyectos de carreteras, electrificaci\u00f3n e infraestructura hospitalaria. Arze remarc\u00f3 que estos \u00faltimos deber\u00edan ser priorizados, aunque tambi\u00e9n subray\u00f3 la importancia de las rutas para la log\u00edstica productiva.<\/p>\n
\u201cLas carreteras son vitales para que los alimentos lleguen a las ciudades y para generar exportaciones\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Si bien el sector valora la aprobaci\u00f3n del decreto, expertos coinciden en que el principal reto ser\u00e1 su implementaci\u00f3n. Cada entidad contratante \u2014como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), gobiernos subnacionales y ministerios\u2014 deber\u00e1 realizar evaluaciones t\u00e9cnicas, legales y financieras antes de aprobar los reajustes.<\/p>\n
Adem\u00e1s, surge un factor clave: la disponibilidad de recursos fiscales. Bolivia enfrenta restricciones presupuestarias en un contexto de menor liquidez y presi\u00f3n sobre las reservas, lo que podr\u00eda limitar la capacidad del Estado para cubrir los incrementos.<\/p>\n
DATOS<\/p>\n
EFECTO. El sector de la construcci\u00f3n destac\u00f3 que el decreto introduce previsibilidad. En un entorno marcado por la volatilidad de precios y la incertidumbre macroecon\u00f3mica, contar con un marco normativo claro permite a las empresas planificar y tomar decisiones.<\/p>\n
DECRETO. La norma estar\u00e1 vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que abre una ventana temporal para reordenar la cartera de proyectos p\u00fablicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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