El proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos ha entrado en su fase final dentro del \u00d3rgano Ejecutivo. El ministro de Hidrocarburos y Energ\u00edas, Mauricio Medinaceli, afirm\u00f3 que el documento se encuentra en su \u00faltima instancia de discusi\u00f3n interna antes de ser remitido a la Asamblea Legislativa. \u201cSolo nos falta una discusi\u00f3n dentro del Ejecutivo\u201d, afirm\u00f3, en el marco de la presentaci\u00f3n del Decreto Supremo 5598, que habilita la exportaci\u00f3n privada de electricidad y retoma la autogeneraci\u00f3n industrial.<\/p>\n
La se\u00f1al pol\u00edtica es clara: el Gobierno acelera el redise\u00f1o del sector energ\u00e9tico en un contexto de ca\u00edda sostenida de producci\u00f3n, reducci\u00f3n de reservas y creciente dependencia de importaciones de combustibles. La nueva norma, seg\u00fan Medinaceli, forma parte de una estrategia integral para modernizar el sector, fortalecer la pol\u00edtica hidrocarbur\u00edfera y generar condiciones m\u00e1s competitivas para la inversi\u00f3n.<\/p>\n
El contenido preliminar se articula en cinco ejes: recuperaci\u00f3n de la producci\u00f3n de gas y petr\u00f3leo; reducci\u00f3n de la dependencia de importaciones de di\u00e9sel y gasolina; fortalecimiento de YPFB como empresa productora; apertura a mayor inversi\u00f3n privada, y reorientaci\u00f3n del sector con incentivos a la producci\u00f3n.<\/p>\n
En general los analistas del sector comparten el diagn\u00f3stico, aunque divergen en los caminos a seguir en un momento en el que las pol\u00edticas clim\u00e1ticas que obligaban a reducir el consumo de combustibles f\u00f3siles han entrado en stand by, pero donde los precios siguen siendo inestables y sensibles a factores externos.<\/p>\n
El pasado 18 de marzo, desde Brasilia, el presidente Rodrigo Paz Pereira hab\u00eda anticipado el env\u00edo de esta ley como parte de un \u201ccambio de fondo\u201d orientado a redistribuir los recursos bajo un esquema 50\/50 entre nivel central y regiones, con un r\u00e9gimen impositivo cercano al 50% y condiciones atractivas para la inversi\u00f3n privada. La coincidencia entre ambos discursos \u2014Ejecutivo y Ministerio\u2014 sugiere que el texto final consolidar\u00e1 ese enfoque.<\/p>\n
El debate, sin embargo, no empieza de cero.<\/p>\n
El eterno debate de la Ley<\/p>\n
Bolivia ha cambiado su ley de hidrocarburos en cada ciclo pol\u00edtico relevante desde 1921. La futura ser\u00eda la octava. La historia muestra que cada reforma prometi\u00f3 corregir los errores de la anterior; ninguna logr\u00f3 resolver el dilema estructural entre captura de renta, inversi\u00f3n y soberan\u00eda operativa.<\/p>\n
En ese recorrido, el anteproyecto de refundaci\u00f3n de YPFB impulsado en 2006 por Andr\u00e9s Soliz Rada \u2014nunca debatido\u2014 emerge hoy como un contraste inc\u00f3modo. Planteaba una corporaci\u00f3n estatal con autonom\u00eda financiera, capacidad de emitir instrumentos en mercados y gobierno corporativo con control independiente.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n del eje 3 en la propuesta de Medinaceli, que, apuesta por una YPFB robustecida y m\u00e1s involucrada en la producci\u00f3n dentro de los planteamientos generales del gobierno liberal \u2013 meritocr\u00e1tico, parece apuntar a esta posibilidad.<\/p>\n
Varios analistas consideran que el problema de fondo no es normativo, sino operativo.<\/p>\n
Entre 2006 y 2024, Bolivia capt\u00f3 cerca de 50.000 millones de d\u00f3lares en renta petrolera, pero no logr\u00f3 traducir ese flujo en reposici\u00f3n de reservas. Las cifras actuales son contundentes: 3,7 TCF de reservas probadas frente a los 10,45 TCF de 2015, producci\u00f3n en descenso sostenido y proyecci\u00f3n de importaci\u00f3n de gas antes de 2031 si no se incorporan nuevos descubrimientos de magnitud.<\/p>\n
En ese contexto, los hallazgos de \u201cmegaestructuras\u201d como Mayaya Centro-X1 o formaciones m\u00e1s modestas como el Bermejo-X46D \u2014 ambos liderados por ingenieros de YPFB\u2014 adquieren relevancia estrat\u00e9gica, pero no resuelven por s\u00ed solos el d\u00e9ficit estructural de exploraci\u00f3n acumulado durante casi dos d\u00e9cadas.<\/p>\n
La nueva ley parecer redundar en ese vac\u00edo: incentivar la inversi\u00f3n en exploraci\u00f3n, algo que el gobierno de Luis Arce tambi\u00e9n intent\u00f3 apuntalar como la presentaci\u00f3n de dos planes de reactivaci\u00f3n urgente. Sin embargo, la \u201ct\u00e1ctica\u201d es diferente: mientras uno apuntaba a asociaciones estrat\u00e9gicas bajo la estructura fijada en la que la extranjera asum\u00eda todo el riesgo de exploraci\u00f3n y despu\u00e9s recuperaba la inversi\u00f3n mediante el reparto de rentas, Medinaceli apuesta a la apertura al capital privado con \u201criesgo compartido\u201d, es decir, al 50%.<\/p>\n
Expertos advierten que la modificaci\u00f3n de la \u201cganancia\u201d de las petroleras que se \u201canimen\u201d a invertir en Bolivia es siempre una propuesta a tomar con pinzas. Del te\u00f3rico 82-18 se deduce un monto significativo consignado como \u201ccostos recuperables\u201d, que son aquellas inversiones \u2013 y tambi\u00e9n gasto corriente – que las petroleras aducen haber realizado y son abonadas por el Estado. La experiencia entre 2007 y 2018 dej\u00f3 un precedente dif\u00edcil de ignorar: m\u00e1s de 8.400 millones de d\u00f3lares fueron desembolsados a las petroleras al margen de su porcentaje de ganancias en costos recuperables, incluyendo montos que auditor\u00edas t\u00e9cnicas catalogaron como irregulares. En ese sentido, analistas y expertos se\u00f1alan que la discusi\u00f3n ya no es si atraer inversi\u00f3n o no, sino bajo qu\u00e9 condiciones, con qu\u00e9 mecanismos de control y con qu\u00e9 garant\u00edas de que el capital ser\u00e1 efectivamente nuevo y verificable.<\/p>\n
Otras variables<\/p>\n
En paralelo, el Gobierno intenta ordenar la casa. El Decreto Supremo 5600, que elimina las contrataciones directas excepcionales, responde al esc\u00e1ndalo de la gasolina adulterada y busca reinstalar controles administrativos b\u00e1sicos. Es un ajuste necesario, pero insuficiente frente a los desaf\u00edos estructurales del sector hidrocarbur\u00edfero.<\/p>\n
La tensi\u00f3n se extiende tambi\u00e9n al plano territorial y ambiental. El avance de proyectos exploratorios en \u00e1reas sensibles como Tariqu\u00eda evidencia que la urgencia energ\u00e9tica puede entrar en conflicto con derechos constitucionales, particularmente la consulta previa. La nueva ley deber\u00e1 operar en ese equilibrio inestable entre necesidad fiscal, sostenibilidad ambiental y legitimidad social.<\/p>\n
A ello se suma la fragilidad pol\u00edtica: el Gobierno no cuenta con mayor\u00eda legislativa para aprobar una reforma estructural sin negociaci\u00f3n. La ley que hoy se ultima en el Ejecutivo deber\u00e1 sobrevivir a un escenario parlamentario fragmentado y potencialmente adverso.<\/p>\n
Tres modelos est\u00e1n hoy en disputa: la nueva ley integral del Gobierno, la propuesta de \u201cley corta\u201d que plantea ajustes a la actual normativa, y la arquitectura institucional m\u00e1s profunda sugerida por Soliz Rada hace dos d\u00e9cadas. Cada uno responde a una l\u00f3gica distinta de relaci\u00f3n entre Estado, mercado y recursos naturales. El riesgo es repetir el patr\u00f3n: reformar la norma sin transformar la capacidad real de gesti\u00f3n, control e inversi\u00f3n del Estado.<\/p>\n
Los cinco ejes de la futura Ley de Hidrocarburos<\/p>\n
El Ministerio de Hidrocarburos y Energ\u00edas estructur\u00f3 el proyecto de nueva ley en cinco ejes estrat\u00e9gicos que buscan revertir la crisis productiva del sector:<\/p>\n
1. Recuperaci\u00f3n de la producci\u00f3n de gas y petr\u00f3leoEl objetivo central es frenar la ca\u00edda sostenida en la producci\u00f3n nacional mediante incentivos a la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n. La prioridad est\u00e1 en incorporar nuevas reservas que permitan sostener el mercado interno y los compromisos de exportaci\u00f3n. El debate est\u00e1 en el c\u00f3mo: con YPFB al mando de las operaciones o incentivando mucho la llegada de operadoras extranjeras.<\/p>\n
2. Reducci\u00f3n de la dependencia de importacionesBolivia se ha convertido en importador neto de di\u00e9sel y gasolina. La ley busca reactivar la producci\u00f3n interna de l\u00edquidos para disminuir la presi\u00f3n fiscal que a\u00fan hoy generan las subvenciones a combustibles. Implica invertir en tecnolog\u00edas de refiner\u00edas.<\/p>\n
3. Fortalecimiento de YPFBSe plantea devolver a la estatal un rol protag\u00f3nico como empresa productora y no solo como importadora o administradora de contratos. Esto implica revisar su estructura operativa, financiera y de gesti\u00f3n. La Constituci\u00f3n le permite a YPFB emitir bonos respaldados con reservas.<\/p>\n
4. Apertura a la inversi\u00f3n privadaEl proyecto contempla generar condiciones m\u00e1s competitivas para atraer capital privado, especialmente en exploraci\u00f3n, donde el riesgo es mayor. El desaf\u00edo ser\u00e1 equilibrar estos incentivos con mecanismos efectivos de control. La liquidaci\u00f3n de recursos naturales tiene consecuencias.<\/p>\n
5. Incentivos a la producci\u00f3nSe prev\u00e9 un esquema de est\u00edmulos orientado prioritariamente a la producci\u00f3n de di\u00e9sel y, en una segunda fase, de gasolina, en funci\u00f3n de la demanda interna y el impacto fiscal.<\/p>\n
Estos ejes configuran una hoja de ruta que reconoce la urgencia del momento, pero cuyo \u00e9xito depender\u00e1 de su implementaci\u00f3n concreta, la calidad de los contratos y la capacidad del Estado para fiscalizar y dirigir el sector.<\/p>\n
Tarija y la gesti\u00f3n del gas
\nLa billetera<\/p>\n
Pese a la declinaci\u00f3n de campos, Tarija sigue siendo el principal productor de gas del pa\u00eds con m\u00e1s del 45% del que se produce. El pacto \u201c50-50\u201d para redistribuci\u00f3n de recursos con las autonom\u00edas, en principio, deja fuera las regal\u00edas, dado que responden a otra l\u00f3gica. Mantener la cuota en el mix de exportaci\u00f3n tambi\u00e9n es relevante.<\/p>\n
Tariqu\u00eda<\/p>\n
Despu\u00e9s de Mayaya, el principal prospecto exploratorio que maneja el gobierno y YPFB es el de San Telmo, en el coraz\u00f3n de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariqu\u00eda, y que cuenta con un amplio rechazo social en el departamento, aunque no tanto en la zona donde se realizar\u00e1 la exploraci\u00f3n.<\/p>\n
El \u201cfracking\u201d<\/p>\n
Una de las grandes puertas sin abrir es la del fracking, la t\u00e9cnica de la fractura hidr\u00e1ulica que libera gas y petr\u00f3leo de las rocas. En Bolivia no se autoriz\u00f3 (aunque s\u00ed hay muchas t\u00e9cnicas avanzadas de optimizaci\u00f3n), pero s\u00ed en Argentina y EEUU. Aunque se ha mejorado su impacto ambiental inicial, la zona tradicional del subandino tiene un impacto directo en el acu\u00edfero guaran\u00ed.<\/p>\n
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