El Gobierno puso el foco este mi\u00e9rcoles en un dato que enciende alarmas: Bolivia enfrenta actualmente varios arbitrajes internacionales en curso que, en conjunto, podr\u00edan alcanzar los 800 millones de d\u00f3lares. La cifra, revelada en conferencia de prensa, expone la magnitud del riesgo fiscal que arrastra el pa\u00eds en medio de disputas legales heredadas.<\/p>\n
El anuncio se dio en el contexto de la confirmaci\u00f3n del fallo en contra del Estado boliviano por el caso de BBVA Previsi\u00f3n. Tras la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo de los Pa\u00edses Bajos, qued\u00f3 firme la obligaci\u00f3n de pagar aproximadamente 105 millones de d\u00f3lares, cerrando as\u00ed un proceso iniciado en 2017 bajo el amparo del tratado bilateral de inversiones entre Bolivia y Espa\u00f1a.<\/p>\n
\u201cEstamos ante una obligaci\u00f3n jur\u00eddica consolidada\u201d, se\u00f1al\u00f3 el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Jos\u00e9 Horacio Valencia, al explicar que el pa\u00eds agot\u00f3 los mecanismos legales disponibles, incluido el recurso de anulaci\u00f3n, que finalmente fue rechazado en abril de 2026.<\/p>\n
Sin embargo, el Gobierno dej\u00f3 claro que el caso BBVA no es un hecho aislado, sino parte de un problema mayor. \u201cSe estima que los arbitrajes en curso est\u00e1n alrededor de 800 millones de d\u00f3lares\u201d, advirti\u00f3, al remarcar que varios procesos siguen activos en distintas instancias internacionales.<\/p>\n
Un historial de arbitrajes que ya roz\u00f3 los $us 1.000 millones
\nEl dato de los 800 millones en disputa no es un hecho aislado, sino la continuaci\u00f3n de una tendencia que ya le cost\u00f3 caro al pa\u00eds. De acuerdo con informes sobre arbitrajes internacionales, Bolivia ha enfrentado m\u00e1s de una decena de procesos desde las nacionalizaciones iniciadas en 2006, con un costo acumulado cercano a los 985 millones de d\u00f3lares entre pagos, laudos y acuerdos.<\/p>\n
Entre los casos m\u00e1s relevantes est\u00e1n:
\n\u2022 Quiborax, donde Bolivia fue condenada a pagar m\u00e1s de 48 millones de d\u00f3lares por la reversi\u00f3n de concesiones mineras en el Salar de Uyuni .
\n\u2022 Abertis (Sabsa), que termin\u00f3 con una indemnizaci\u00f3n cercana a 23 millones de d\u00f3lares tras la nacionalizaci\u00f3n de los aeropuertos .
\n\u2022 Euro Telecom International (Entel), con un pago de alrededor de 100 millones de d\u00f3lares por la nacionalizaci\u00f3n de la telef\u00f3nica.
\n\u2022 Pan American Energy (Chaco), uno de los casos m\u00e1s grandes, donde la empresa lleg\u00f3 a reclamar m\u00e1s de 1.400 millones de d\u00f3lares, aunque el proceso deriv\u00f3 en acuerdos posteriores .<\/p>\n
A estos se suman otros conflictos con empresas como Iberdrola, Jindal Steel, Glencore o South American Silver, la mayor\u00eda vinculados a nacionalizaciones o controversias contractuales .<\/p>\n
El patr\u00f3n se repite: disputas por inversiones extranjeras, largos procesos en tribunales internacionales y fallos que, en muchos casos, terminaron obligando al Estado a pagar compensaciones millonarias.<\/p>\n
Presi\u00f3n creciente sobre la econom\u00eda
\nEl dato no es menor. En un contexto de restricciones fiscales, escasez de divisas y tensiones en el abastecimiento de combustibles, la posibilidad de enfrentar pagos millonarios adicionales incrementa la presi\u00f3n sobre la econom\u00eda nacional.<\/p>\n
Las autoridades atribuyeron esta situaci\u00f3n a decisiones adoptadas en gestiones pasadas, particularmente en procesos de nacionalizaci\u00f3n que \u2014seg\u00fan su versi\u00f3n\u2014 no respetaron est\u00e1ndares internacionales ni garantizaron seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n
\u201cEsto es una herencia de malas decisiones pol\u00edticas\u201d, dijo, al insistir en que los arbitrajes tienen su origen en acciones mal conducidas y en una defensa jur\u00eddica deficiente del Estado.<\/p>\n
Auditor\u00edas y posibles responsabilidades
\nFrente a este escenario, el subprocurador de defensa legal del Estado, Roger Marcelo Logaric, anunci\u00f3 el inicio de auditor\u00edas a todos los arbitrajes internacionales en los que Bolivia ha sido parte.<\/p>\n
El objetivo es triple: revisar c\u00f3mo se gestionaron estos procesos, identificar fallas estructurales en la defensa jur\u00eddica y determinar posibles responsabilidades.
\n\u201cSi se identifican responsables, el Estado iniciar\u00e1 las acciones correspondientes para recuperar el da\u00f1o econ\u00f3mico causado\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Estrategia en reserva y cumplimiento del fallo
\nSobre el pago a BBVA, el Gobierno evit\u00f3 detallar los mecanismos que utilizar\u00e1, argumentando razones de confidencialidad. No obstante, asegur\u00f3 que se trabaja en alternativas para reducir el impacto econ\u00f3mico.<\/p>\n
\u201cEl Estado va a cumplir la obligaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n est\u00e1 evaluando las mejores opciones para que esto afecte lo menos posible a la econom\u00eda\u201d, indicaron.<\/p>\n
Desde la Gestora P\u00fablica se busc\u00f3 despejar dudas y contener la preocupaci\u00f3n ciudadana. Su gerente, Marcelo Fern\u00e1ndez, garantiz\u00f3 que los fondos de pensiones no ser\u00e1n afectados por este proceso.<\/p>\n
\u201cSon recursos aut\u00f3nomos, privados y con destino espec\u00edfico. Est\u00e1n protegidos por norma\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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