El inicio del juicio contra 12 defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu\u00eda ha reactivado el debate sobre los l\u00edmites de la justicia en conflictos socioambientales en Bolivia. El proceso, promovido por Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la petrolera Petrobras, llega marcado por denuncias de vulneraci\u00f3n de derechos, irregularidades procesales y cuestionamientos desde el \u00e1mbito pol\u00edtico e institucional.<\/p>\n
Mientras los comunarios se preparan para comparecer ante la justicia, la Brigada Parlamentaria de Tarija ha elevado una petici\u00f3n de informe a la Fiscal\u00eda General del Estado para esclarecer los fundamentos legales del caso, ampliando la presi\u00f3n sobre el sistema judicial.<\/p>\n
Un proceso con acusaciones cuestionadas<\/p>\n
Los 12 comunarios enfrentan cargos por presuntos delitos de impedir el ejercicio de funciones, atentado contra la libertad de trabajo e instigaci\u00f3n p\u00fablica a delinquir. Sin embargo, desde la defensa \u2014asumida por el Colegio de Abogados de Tarija\u2014 se cuestiona tanto el fondo como la forma del proceso.<\/p>\n
Entre los acusados se encuentran: Ramiro Rodrigo Altamirano Garay, Jos\u00e9 Andr\u00e9s Miranda Rojas, Mar\u00eda Nelly Coca Flores, Juan Mendoza Guti\u00e9rrez, Crisp\u00edn Mendoza Anachuri Juanita Martina Mercado, Carlos Bersain Guerrero Rivera, Soraide Farf\u00e1n Meza, Elieceo Mendoza Anachuri, Paulina Gareca Baca, Felix Choque Vega, y Arcangel Coca Flores.<\/p>\n
El abogado Rilber Sol\u00eds Terrazas, que es parte del equipo del Colegio de Abogados de Tarija designado para la defensa de los comunarios, advierte que el caso presenta inconsistencias desde su origen. Inicialmente eran 17 los acusados, pero cinco fueron apartados sin una explicaci\u00f3n clara, manteni\u00e9ndose el proceso contra los restantes.<\/p>\n
A ello se suma la pol\u00e9mica forma de notificaci\u00f3n. Seg\u00fan la defensa, las citaciones se realizaron v\u00eda WhatsApp, un mecanismo que consideran inapropiado, tomando en cuenta que muchas de las comunidades involucradas carecen de cobertura telef\u00f3nica.<\/p>\n
\u201cDe los 12, solo uno pudo conocer la notificaci\u00f3n porque vive en una zona con se\u00f1al\u201d, explic\u00f3 Sol\u00eds, al detallar que ya se han presentado incidentes procesales, entre ellos la nulidad de notificaciones y una excepci\u00f3n de prejudicialidad debido a la existencia de un proceso paralelo en el Tribunal Agroambiental.<\/p>\n
Temor y divisi\u00f3n en las comunidades<\/p>\n
Desde el Colegio de Abogados tambi\u00e9n se ha denunciado un clima de presi\u00f3n en las comunidades que se oponen a las actividades hidrocarbur\u00edferas.<\/p>\n
El presidente de este ente colegiado, Fernando Valverde, sostuvo que las empresas involucradas han generado temor entre los comunarios, lo que ha limitado su participaci\u00f3n en procesos legales y organizativos.<\/p>\n
Seg\u00fan Valverde, existe preocupaci\u00f3n por posibles demandas civiles millonarias por da\u00f1os y perjuicios, lo que \u2014asegura\u2014 no corresponde en esta etapa del proceso.<\/p>\n
\u201cSe ha sembrado temor en las comunidades, incluso provocando divisiones entre familias\u201d, afirm\u00f3, al advertir que esta situaci\u00f3n debilita la defensa colectiva del territorio.<\/p>\n
Intervenci\u00f3n legislativa<\/p>\n
El caso ha escalado al \u00e1mbito pol\u00edtico. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, confirm\u00f3 el env\u00edo de una petici\u00f3n de informe escrito a la Fiscal\u00eda General del Estado.<\/p>\n
El objetivo es conocer los criterios jur\u00eddicos que sustentan el enjuiciamiento de los 12 comunarios, as\u00ed como las razones que derivaron en el sobreseimiento de los otros cinco inicialmente implicados.<\/p>\n
Corvera tambi\u00e9n puso sobre la mesa un elemento de mayor alcance: la posible vulneraci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa, tratado internacional ratificado por Bolivia que protege a los defensores del medio ambiente.<\/p>\n
\u201cLas personas que defienden la naturaleza no deber\u00edan ser perseguidas judicialmente\u201d, enfatiz\u00f3, al se\u00f1alar que este caso podr\u00eda sentar un precedente preocupante a nivel nacional.<\/p>\n
Piden parar el proyecto Domo Oso X-3<\/p>\n
El juicio se enmarca en una disputa m\u00e1s amplia por el proyecto hidrocarbur\u00edfero Domo Oso X-3, que se pretende ejecutar en una zona considerada de alta sensibilidad ambiental.<\/p>\n
En ese contexto, la Brigada Parlamentaria tambi\u00e9n ha solicitado al Tribunal Agroambiental la paralizaci\u00f3n definitiva del proyecto, argumentando irregularidades en la categorizaci\u00f3n ambiental y la ausencia de una consulta previa adecuada a las comunidades.<\/p>\n
Herida
\n12 comunarios enfrentan cargos penales por oponerse al proyecto Domo Oso X-3. Advierten que la actividad petrolera herir\u00e1 de muerte a Tariqu\u00eda
\nNota de apoyo<\/p>\n
Voces desde Tariqu\u00eda: \u201cNo somos delincuentes\u201d
\nDesde las comunidades, el proceso es percibido como una criminalizaci\u00f3n de la defensa del territorio. La activista Nelly Coca expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n y pidi\u00f3 respaldo ciudadano de cara a la audiencia.<\/p>\n
\u201cNos est\u00e1n tratando como delincuentes por defender nuestra tierra, por cuidar el agua y la naturaleza\u201d, manifest\u00f3, al cuestionar las acusaciones en su contra.<\/p>\n
Coca advirti\u00f3 que la exploraci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera en la zona podr\u00eda afectar fuentes de agua vitales para el cant\u00f3n Chiquiac\u00e1, lo que tendr\u00eda consecuencias no solo ambientales, sino tambi\u00e9n sociales y econ\u00f3micas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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