Lo que para miles de bolivianos parec\u00eda una ayuda econ\u00f3mica durante tiempos de crisis termin\u00f3 convirti\u00e9ndose en una pesada carga financiera, seg\u00fan la abogada Paola Sequeiros, l\u00edder de la Fundaci\u00f3n Microjusticia, quien advierte que el diferimiento bancario aplicado en Bolivia no signific\u00f3 una condonaci\u00f3n de deuda, sino un mecanismo que acumul\u00f3 intereses, ampli\u00f3 plazos y encareci\u00f3 significativamente los cr\u00e9ditos de los usuarios financieros.<\/p>\n
Para Sequeiros, el diferimiento no fue un regalo ni un perd\u00f3n de deuda, pues las cuotas suspendidas durante varios meses simplemente fueron trasladadas al final del cr\u00e9dito, generando intereses sobre el capital, seguros y cargos financieros.<\/p>\n
Aunque muchos clientes mantuvieron la misma cuota mensual, el tiempo de pago se extendi\u00f3 dr\u00e1sticamente, ya que un pr\u00e9stamo que inicialmente deb\u00eda terminar en cuatro a\u00f1os, por ejemplo, puede prolongarse hasta siete o m\u00e1s, aumentando considerablemente el monto final cancelado.<\/p>\n
La situaci\u00f3n se vuelve a\u00fan m\u00e1s compleja en cr\u00e9ditos de vivienda social o hipotecarios, que normalmente tienen plazos de hasta 25 a\u00f1os. Con las ampliaciones derivadas del diferimiento, las familias terminar\u00e1n pagando durante mucho m\u00e1s tiempo, arrastrando incluso obligaciones que podr\u00edan recaer sobre los herederos en caso de fallecimiento del titular, por lo tanto, este supuesto favor termin\u00f3 costando car\u00edsimo sostiene la jurista.<\/p>\n
Uno de los aspectos m\u00e1s delicados es el seguro de desgravamen, ya que durante el periodo del diferimiento, el seguro continu\u00f3 vigente porque la ley oblig\u00f3 a las entidades financieras a mantenerlo activo.<\/p>\n
Sin embargo, el costo sigui\u00f3 siendo cobrado a los usuarios junto con otros cargos administrativos y financieros, lo que implica que, aunque el cliente no pagaba cuotas completas, la deuda continuaba creciendo silenciosamente.<\/p>\n
Sequeiros tambi\u00e9n cuestiona la modificaci\u00f3n normativa aplicada posteriormente mediante reglamentos y decretos. Seg\u00fan explica, la Ley 1670 inicialmente contemplaba la condonaci\u00f3n de intereses, pero posteriores disposiciones alteraron ese esp\u00edritu y terminaron favoreciendo a las entidades financieras.<\/p>\n
Para la abogada, el resultado fue un sistema donde el usuario qued\u00f3 nuevamente en desventaja frente a contratos complejos y poco transparentes.<\/p>\n
En este escenario, la Autoridad de Supervisi\u00f3n del Sistema Financiero (ASFI), que deber\u00eda proteger a usuarios y clientes financieros, es se\u00f1alada por no ofrecer respuestas efectivas.<\/p>\n
La ASFI muchas veces termina diciendo que el usuario arregle directamente con el banco, por ello, insiste en que toda reclamaci\u00f3n debe realizarse por escrito y mediante los mecanismos administrativos correspondientes, ya que sin esos antecedentes es imposible acudir posteriormente a instancias judiciales o constitucionales.<\/p>\n
La especialista recomienda presentar puntos de reclamo formales y hacer seguimiento constante a cada respuesta dentro de los plazos establecidos, pues de lo contrario, los procesos quedan archivados y el usuario pierde toda posibilidad de defensa legal. La desinformaci\u00f3n deja a las personas en total indefensi\u00f3n.<\/p>\n
Otro problema identificado es la falta de comprensi\u00f3n sobre los planes de pago y las tasas referenciales. Muchos usuarios no saben por qu\u00e9 sus cuotas aumentan o c\u00f3mo influyen los seguros y cargos adicionales dentro de sus obligaciones mensuales, lo que afecta especialmente a quienes tienen cr\u00e9ditos comerciales o hipotecarios con tasas variables, donde el monto a pagar fluct\u00faa constantemente.<\/p>\n
Frente a esta situaci\u00f3n, la Fundaci\u00f3n Microjusticia trabaja junto a t\u00e9cnicos, abogados y exfuncionarios del sistema financiero en una propuesta de modificaci\u00f3n a la Ley 393 y al reglamento del seguro de desgravamen. El objetivo es equilibrar la relaci\u00f3n entre entidades financieras y usuarios, garantizando mayor transparencia y protecci\u00f3n de derechos.<\/p>\n
Sequeiros concluye que el verdadero problema no es \u00fanicamente el cr\u00e9dito, sino la falta de informaci\u00f3n, por eso insiste en que antes, durante y despu\u00e9s de adquirir una deuda bancaria, las personas deben estar asesoradas t\u00e9cnica y legalmente para comprender exactamente cu\u00e1nto pagar\u00e1n, qu\u00e9 derechos tienen y cu\u00e1les son los riesgos ocultos detr\u00e1s de cada contrato financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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